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No sé si le habrá pasado con la pandemia del covid-19 lo que dicen que le pasó a un tal Pablo de
Tarso por una caída del caballo, pero puede ser algo parecido. 

Mi experiencia de participación activa en los debates, redacciones iniciales, período de enmiendas,
etc., en los Planes Integrados de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN-2010-2020 y PRN-2017-2027), y
en la Ley de Residuos de Navarra y su Fiscalidad (LRNyF-2018), así como en los 4 años, 2015-2019, que
he pertenecido al Consejo de Administración de Servicios de la Comarca de Pamplona (SCPSA-MCP), me
ha obligado a “pelear” en el tema de los Residuos contra las posturas tradicionales y rutinarias, contra la
falta absoluta de espíritu renovador y contra el incumplimiento de las Directivas y Leyes europeas y
estatales sobre residuos por la mayor parte de los equipos directivos, políticos y técnicos, de MCP-SCPSA. 

El tema de los Residuos, su producción y gestión, es de enorme importancia, algo de eso dice de
pasada en su escrito. Afecta al agotamiento de recursos de todo tipo, la tierra, el agua y la energía como
prioritarios, afecta a la contaminación del aire, los suelos de cultivo, los ríos y acuíferos subterráneos, afecta
a la fertilidad o infertilidad de la tierra y los bosques, a la biodiversidad, a la alimentación sana o insana de
personas y animales, …, de ahí que no es lo mismo cumplir o no cumplir las normativas aprobadas
democráticamente en toda Europa. Usted, señora Gómez, Concejala del Ayuntamiento de Pamplona desde
2007, y portavoz de GeroaBai en la Permanente de la MCP desde 2011 hasta 2019, podría haber influido
para cambiar el rumbo de la política sobre residuos sólidos urbanos (RSU) de Pamplona y su Comarca,
sobre todo en dos aspectos, primero impulsar las ideas fuerza de lucha contra el Cambio Climático y de
avance hacia la Economía Circular, y en segundo lugar cumplir las concreciones de esas ideas fuerza que
Directivas y Leyes exigen, es decir evitar las ilegalidades con la máxima firmeza. Pero no lo hizo. 

Veamos algunos ejemplos de incumplimientos e ilegalidades desde que en 2008 se aprobó la
Directiva Marco de Residuos, Directiva 2008/98/CE: 

1. Es obligado que la tasa a pagar por cada ciudadano/a sea proporcional a los residuos que genera,
según el criterio ‘quien contamina, paga’. En la MCP se paga según la calificación de las viviendas en el
Catastro. No se motiva la reducción de residuos ni la separación de fracciones. 

2. Es obligatoria la separación de las distintas fracciones (papel-cartón, envases-materiales, vidrio,
biorresiduos, etc.). En la MCP la mayor fracción, 85.000 toneladas al año, va al contenedor llamado de
‘Resto’, donde van los residuos mezclados (¿desconocimiento?, ¿desmotivación?, ¿vagancia?…) Ese
contenedor es por tanto ilegal y tendría que estar suprimido o sustituido por otra fracción. Además su
enterramiento en el Vertedero de Góngora provoca que sea esa instalación la mayor de la Comarca en
generación de gases de efecto invernadero (GEI). No existen “agentes ambientales” que, tras la información
al ciudadano, publicidad, etc., puedan sancionar ese delito. 

3. Ha sido y sigue siendo ilegal el enterramiento de cantidades de materia orgánica.
(biorresiduos) muy superiores a las que la ley, Directiva Europea 1999/31/CE, permite. En 2006 no se podía
superar el 65% de los que se vertían en 1995, en 2010 ese límite estaba en el 50%, y en 2016 no se podía
superar el 35% de lo vertido en 1995. Además, desde Dic-2018 ya es ilegal el vertido de cualquier material si
previamente no ha sido tratado. 

4. Es increíble que, en contra de Leyes y Directivas, apenas se valore en la MCP la fracción
mayoritaria (entre el 40-45% del total de RSU), la materia orgánica biodegradable (biorresiduo), que bien
separada tiene la cualidad de su fácil compostaje y conversión en el mejor abono orgánico natural al menor

coste económico y energético. Por el contrario, mezclada en el contenedor de ‘Resto’ acarrea fatales
consecuencias contaminantes. Se han frustrado proyectos de pequeñas plantas (3.000-5.000 ton/año) de
compostaje en puntos dispersos de la Comarca. Por contra, los biorresiduos del llamado 5º contenedor (bien
separados) se llevan desde el año 2013 en camiones diésel a la empresa HTN (Caparroso) que hace
metano con purines ganaderos y otros residuos. La ciudadanía de la Comarca pagamos 27€ por tonelada de
5º contendor entregada y corremos con los gastos del transporte, 70 Km de ida y lo mismo de vuelta. 

5. Para no extenderme en otras muchas ilegalidades voy a señalarle la que en este momento me
parece más irracional, la construcción en el concejo de Imarcoain (Valle de Elorz) de una macro-Planta de
tratamiento de Residuos por valor inicial de 65 millones de euros. Está previsto financiarla con medios propios
y ayudas del Gobierno de Navarra, pero la crisis que se avecina por el covid-19 no parece permitir esa
construcción. Y sería un crimen cargar ese gasto sobre los ya maltrechos bolsillos de la ciudadanía de la
Mancomunidad. 

Usted señora Gómez tuvo un interés especial en una planta de este tipo, porque en el debate de los
presupuestos de MCP de 2017, presentó una enmienda para que se aprobaran (¡que se aprobaron!)
1.500.000 € para iniciar los trámites de construcción de una planta de tratamiento mecánico biológico (TMB)
para el contenedor de ‘Resto’. Es de escándalo, en vez de dedicar esfuerzos para eliminar o reducir el delito,
es decir la fracción ‘Resto’, (según expertos se le podría dejar en un 5% del actual exigiendo la separación en
origen, tasas especiales para el ‘Resto’, incentivos y sanciones, cambio de concepto del contenedor,
vigilancia de agentes, etc.), se empieza la casa por el tejado: una macro-planta para cubrir el expediente del
obligatorio tratamiento previo al vertido. Supongo que sabrá que las casi 120 plantas de TMB existentes en
España hacen el mismo papel, el paripé del tratamiento para luego poder enterrar en vertedero, ya que el
promedio de materiales inertes recuperados no supera el 5% en promedio, (el 95% restante se entierra), el
digerido tras la biometanización no alcanza la mínima calidad para ser fertilizante, por lo que también se
entierra, y el gas obtenido apenas tiene salida por el alto grado de impurezas que contiene. Un despilfarro
económico y una descomunal ilegalidad ambiental para cubrir la ilegalidad de la fracción ‘Resto’. 

Ahora no le compete a usted la recogida y el tratamiento de los residuos porque no es Concejala ni
está en la MCP, pero como Consejera del Gobierno de Navarra sí le compete el cumplimiento correcto de
leyes como la Ley de Residuos de Navarra, así como los daños y delitos ambientales que pueden originarse
por su incumplimiento. Además tiene que atender a esa legalidad ambiental en toda Navarra, y no sólo en lo
relativo a los residuos. Según sabemos por personas que participan en el Consejo Navarro de Medio
Ambiente no disponen en el Departamento de los suficientes recursos humanos y materiales para atender las
infracciones y desmanes que se cometen en el medio ambiente navarro: Vertidos contaminantes a tierras de
cultivo y ríos; Emisiones de GEI a la atmósfera; Nitrificación y desertización de suelos por empleo intensivo de
fertilizantes industriales y fitosanitarios; Contaminación de aguas subterráneas en ambas márgenes del Ebro;
Centrales térmicas de Castejón que siguen funcionando tras ser declaradas ilegales por los tribunales;
Pérdidas de biodiversidad y muerte de especies protegidas por caza o venenos; Super-explotación de
acuíferos en Urbasa y Lókiz; Recrecimiento de Yesa sin seguridad contra desprendimientos de laderas;
Continuar con el destrozo ambiental de las obras del TAV, declarado ineficiente y con ‘sobrecostes’ por el
Tribunal Europeo de Cuentas; Despilfarro en el Canal de Navarra, que pretende regar miles de hectáreas
cuando Itoiz ya no da más agua… 

Señora Consejera Itziar Gómez, si realmente está por la labor de salir de la crisis de forma “verde y
sostenible” puede contar con mi apoyo y el de muchas otras personas y organizaciones. Ojala sea así. Le
deseo el mayor de los éxitos. De momento, y por el tiempo que sea necesario, cuídese libre del covid-19.