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Cuando se anuncian cientos de empleos y cientos de millones de inversión, cualquier matiz crítico parece fuera de lugar. La noticia de que la empresa Hithium estudia invertir unos 400 millones de euros y crear cerca de 800 puestos de trabajo en Navarra para fabricar sistemas de almacenamiento energético ha sido recibida con entusiasmo institucional y gran difusión mediatica. El proyecto se presenta como una gran oportunidad para la transición energética y para el desarrollo industrial de la Comunidad Foral. Sin embargo, incluso reconociendo el impacto social de la noticia, conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿estamos realmente ante un paso hacia un modelo sostenible o ante una nueva fase del mismo sistema económico que ha provocado la crisis ecológica?
No deja de ser simbólico que la posible gigafactoría de baterías se ubique en las antiguas instalaciones de BSH en Esquíroz, empresa que protagonizó el mayor expediente de regulación de empleo de la historia de Navarra, con más de 600 despidos. En su momento, BSH —como ahora Hithium— también recibió ayudas públicas y beneficios fiscales para instalarse en la comunidad. Aquella experiencia debería servir al menos para introducir una dosis de prudencia. Porque cuando las inversiones internacionales llegan acompañadas de subvenciones y expectativas de desarrollo, la pregunta inevitable es qué ocurre cuando las condiciones del mercado cambian.
El proyecto, además, se plantea a través de una “Joint Venture” (modelo de colaboración empresarial) entre la empresa privada y la sociedad pública Sodena, bajo el nombre de Hithium Spain Innovation. Este tipo de alianzas empresariales presenta riesgos conocidos: exige fuertes aportaciones de capital, dificulta la desinversión y, sobre todo, suele generar tensiones entre intereses que no siempre coinciden. Mientras la empresa privada busca maximizar beneficios, el sector público debería priorizar objetivos sociales como el empleo estable o las condiciones laborales. La experiencia demuestra que este equilibrio es difícil de mantener. El Hospital de Alzira, durante años buque insignia del modelo de colaboración público-privada en la sanidad valenciana, terminó convirtiéndose en uno de sus ejemplos más controvertidos.
El principal argumento para justificar este tipo de proyectos es que el almacenamiento energético resulta imprescindible para integrar las energías renovables en el sistema eléctrico. Sin embargo, esta afirmación suele ocultar una cuestión de fondo: la transición energética que se está impulsando no pretende reducir el consumo de energía y materiales, sino mantener —e incluso ampliar— el actual modelo de crecimiento económico sustituyendo unas tecnologías por otras.
La pregunta, por tanto, es tan sencilla como incómoda: ¿está esta nueva industria orientada a garantizar servicios energéticos básicos para la población o a sostener un modelo de consumo ilimitado?
La fabricación masiva de baterías exige enormes cantidades de minerales como litio, níquel, manganeso o cobalto. Y esos materiales no aparecen por arte de magia. Su extracción está provocando conflictos ambientales y sociales en distintas regiones del planeta. En América Latina, el llamado “triángulo del litio” —Chile, Argentina y Bolivia— vive una creciente presión sobre ecosistemas frágiles y recursos hídricos escasos. En África, la extracción de cobalto se ha asociado a condiciones laborales extremadamente precarias y a graves impactos ambientales.
Desde esta perspectiva, la expansión global de la industria de las baterías es una nueva forma de colonialismo extractivista. Los países del Norte global, responsables históricos de la mayor parte de las emisiones y del consumo material del planeta, buscan ahora asegurar el suministro de minerales estratégicos para sostener su transición energética y su modelo industrial. Mientras tanto, los costes ecológicos y sociales de la minería se concentran en territorios del Sur global.
La posible planta de Hithium en Navarra forma parte de esta misma lógica. Aunque se presente como un proyecto de economía verde europea, su funcionamiento dependerá inevitablemente de cadenas de suministro globales profundamente desiguales. Por eso, la cuestión relevante no es solo cuántos empleos puede generar una planta de baterías, sino también de dónde procederán los materiales que la alimentan y qué consecuencias tiene su extracción.
A ello se suma otro aspecto que raramente ocupa titulares: el consumo de agua. Una instalación de ese tipo implica procesos químicos, de limpieza y de control térmico que pueden requerir grandes volúmenes de agua. En un contexto de creciente estrés hídrico en muchas regiones —incluida la península ibérica—, la implantación de nuevas industrias intensivas en recursos (como las centrales de datos) debería evaluarse con especial cautela. El agua, cada vez más escasa y valiosa, no puede tratarse como un recurso ilimitado al servicio del crecimiento industrial.
El entusiasmo institucional ante este tipo de proyectos revela además otra carencia importante: la ausencia de un debate social amplio sobre qué transición energética queremos y quién decide sobre ella. Con demasiada frecuencia, las grandes decisiones industriales se presentan como inevitables y se negocian fundamentalmente entre gobiernos y grandes empresas. Pero la transición energética no es solo una cuestión tecnológica o económica; es, ante todo, una cuestión política.
Cada vez más plataformas ciudadanas que se oponen a la proliferación de macroproyectos energéticos reclaman democratizar este proceso. Eso implica abrir espacios reales de participación social, permitir que las comunidades locales tengan capacidad de decisión sobre los proyectos que afectan a su territorio y apostar por modelos energéticos más descentralizados, cooperativos y orientados al bien común.
Porque la transición energética también requiere planificación democrática. No se trata simplemente de atraer inversiones industriales, sino de decidir colectivamente qué sectores productivos son necesarios, qué impactos estamos dispuestos a asumir y cómo se reparten los beneficios y los costes de esa transformación.
En última instancia, la cuestión de fondo es si la llamada transición ecológica servirá para transformar realmente nuestro modelo económico o si se limitará a sustituir combustibles fósiles por nuevas cadenas globales de extracción de recursos. Cambiar el origen de la energía sin cuestionar el volumen de consumo puede terminar reproduciendo los mismos desequilibrios que han llevado al planeta a la situación actual.
Navarra tiene la oportunidad de abrir este debate en lugar de limitarse a celebrar la llegada de inversiones millonarias. Porque la transición ecológica no puede convertirse en una nueva carrera industrial por recursos escasos ni en una reedición del viejo colonialismo bajo un barniz verde. Si queremos afrontar de verdad la crisis ecológica, quizá la pregunta más incómoda —y también la más necesaria— no sea cuántas baterías necesitamos fabricar, sino algo mucho más profundo: cuánta energía, cuántos materiales y cuánta agua estamos dispuestos a dejar de consumir, y quién decide democráticamente cómo organizar esa reducción.