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El pasado 28 de abril de 2025, la península ibérica y parte de Francia sufrieron un apagón eléctrico masivo que afectó gravemente al conjunto de la población y a servicios esenciales, cuyas causas aún no están suficientemente aclaradas. No obstante el gobierno español ha aprobado, con fecha 24 de junio, el Real Decreto-ley 7/2025, por el que se establecen medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, en base al análisis de las circunstancias que produjeron un cero de tensión en el sistema eléctrico peninsular.

Sin embargo este Real Decreto-ley no aporta ninguna conclusión que explique las causas que provocaron el apagón y, por el contrario, el gobierno con este decreto anti-apagones lo que hace es aprovechar esta circunstancia para aprobar un conjunto de medidas de rescate a la patronal fotovoltaica y eólica.

De ahí que el Lobby energético esté lanzando una campaña de presión a los grupos parlamentarios para que el próximo 22 de julio sea ratificado en el Congreso. Y eso es así porque esa normativa contiene toda una batería de medidas que constituyen un auténtico balón de oxígeno para la patronal energética.

Así, se plantea como objetivo el incremento de las redes de transporte y distribución de energía reduciendo los plazos de tramitación a la mitad, y la exención del trámite de evaluación ambiental. La revisión de la planificación de la red de transportes de energía eléctrica establecida para periodos de seis años queda reducida en cada tres años.

También se modifican a la mitad los plazos de tramitación de los proyectos de repotenciación en una cuantía inferior al 25% de la potencia original, de las instalaciones de renovables existentes y que hayan perdido eficacia con el paso del tiempo.

El Real Decreto-ley establece una serie de medidas extraordinarias y urgentes para impedir la caducidad de aquellos proyectos de renovables próximos a su caducidad (cerca de 5 GW que iban a perder avales y la tramitación ya que la autorización administrativa de explotación vencía el 26 de junio). Para ello establece algo insólito en derecho administrativo, como es que lo dispuesto en su artículo 32 (relativo a la suspensión de los plazos de la eficacia de las autorizaciones otorgadas) entre el vigor el 24 de junio, antes de la publicación en el Boletín Oficial del Real Decreto que fue el 25 de junio.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica de hasta 500 KW quedan excluidas del régimen de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción.

Las instalaciones acogidas el régimen retributivo especifico de renovables cogeneración y residuos van a contar con una rentabilidad garantizada por ley. Si lo que ingresan los megaproyectos industriales de renovables por la venta de su electricidad no alcanza el mínimo de rentabilidad establecida, se les concede un complemento con cargo al recibo de la luz que pagan todos los consumidores.

La figura del Gestor de Autoconsumo queda incluida entre los sujetos que pueden desarrollar las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.

Se establecen nuevas bonificaciones fiscales para instalaciones de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar, en concreto hasta el 50% de la cuota integra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y hasta un 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

De esta forma, aprovechándose de una incidencia como fue el apagón eléctrico masivo del pasado 28 de abril, el gobierno del Estado español lo que hace es aprobar toda una serie de nuevas medidas normativas y figuras legales con el único objetivo de facilitar la implementación de los megaproyectos energéticos. Megaproyectos que constituyen una herramienta estratégica de un sistema que tiene como horizonte la reproducción del sistema capitalista, sin importar lo más mínimo los impactos negativos sobre los ecosistemas y la mayoría de la población.

La búsqueda incesante de ganancias, la expropiación de lo común, el marco de impunidad legal con que actúan, negando la contradicción existente entre naturaleza y capital, manteniendo la apuesta por el crecimiento infinito, demuestra la carencia absoluta de soluciones dentro del modelo capitalista, aunque se pinte de verde.

Por ello es necesario levantar movilizaciones con planteamientos claramente anticapitalistas, con referencia central al sostenimiento de la vida para todas las personas, desde claves de justicia, de clase, feminista y anticolonial.

En espera de esa respuesta ciudadana, exigimos a los grupos parlamentarios que no ratifiquen el Real Decreto-ley 7/2025.