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Se
cesa a la totalidad del Govern, legítimamente elegido en unas
elecciones libres; se priva de facultades al Parlament, que es el
depositario de la voluntad popular, se le priva incluso de la
posibilidad de proponer medidas que sean contrarias a lo dispuesto
por el Gobierno de España en sus determinaciones respecto a
Catalunya.

Se
pone los medios de comunicación públicos a disposición del
gobierno de España, siendo éste el que los gestionará durante el
tiempo de vigencia de estas disposiciones.

Se
hace cargo, el Reino de España, de todo lo relacionado con la
Hacienda Catalana y así mismo se hacen cargo del Departamento de
Interior y de todo lo relativo a los Mossos d’Esquadra.

Se
arroga el Ejecutivo de Madrid la potestad de convocar elecciones en
Catalunya, asunto que es uno de los elementos más claros de la
violación de la Autonomía y evidencia de la materialidad del Golpe
de Estado.

En
la exposición de motivos, que resulta ser de no motivos, el
argumento principal, casi único, es la supuesta declaración de
independencia catalana que, como es público y notorio nunca ocurrió
más que en la mente calenturienta de los domesticados medios de
comunicación españoles y en el argumentario repetitivo de sus
políticos. Tan es así que, en su respuesta a Rajoy, Puigdemont tuvo
la gentileza de adjuntarle el enlace en el que se podía consultar el
diario de sesiones del Parlament del día 10 de octubre, para que
pudiera verificar la no existencia de la mencionada declaración.

Pues
con todo y con más de lo mismo, el Gobierno del Reino de España,
con el aval incondicional del PSOE, de Cs y con el clamor de todos
los domesticados medios de prensa de su entorno, ha pedido al Senado
-que como es natural se lo concederá-, permiso para aplicar el
artículo 155 de la Constitución española; es decir, el Golpe de
Estado va a estar avalado por PP, PSOE, Cs y el Senado Español.

Las
autoridades catalanas, como me comentaba mi amigo Claudio Echeverria
De la Barra, deberían dar noticia fehaciente a las autoridades de la
Unión Europea, así como al Tribunal de La Haya, de cuál ha sido el
proceso, aclarando que nunca existió la declaración de
independencia que se imputa al gobierno catalán, y que si
posteriormente se han visto obligados a proclamarla (si es que esto
ocurriera), ha sido en defensa de la democracia catalana y de la
soberanía de su pueblo.

Defensa
que deberán hacer, simultáneamente, con el civismo que ha
demostrado la sociedad catalana ante los salvajes ataques perpetrados
por las fuerzas policiales y militares del Reino de España. Recuerdo
aquí lo que por las calles de Barcelona escuché repetidamente: “Els
carrers seran sempre nostres”.

Como
persona, como ciudadano, como intenacionalista, como europeo y como
vasco, declaro que Catalunya y sobre todo la gente que la habita,
cuentan con mi inquebrantable solidaridad.