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No hace falta más que repasar la hemeroteca del último año para ver que tenemos un grave problema con la gestión del Transporte Sanitario: empresas denunciadas por no tener los vehículos en condiciones, problemas entre profesionales de sector y bomberos, bomberos que no cumplen el RD 836 (que sí se les exige a los profesionales del sector); empresas a las que se les tiene que recordar lo que el Gobierno licitó en el pliego de condiciones…

Vamos a empezar por dejar clara la posición de ELA sobre este tema: estamos por la reversión total del servicio a una gestión pública. Tanto es así que somos la única organización sindical que tiene un documento público consensuado tanto por el personal del sector que trabaja en la empresa privada, como el personal que trabaja en el sector público (Bomberos, 112), documento que entregamos en abril de 2015 a todos los grupos políticos del Parlamento de Navarra.

El Gobierno de Navarra debe dar pasos para que todo el personal de las empresas privadas que gestionan el servicio pase a depender directamente de la Administración, primero creando en la plantilla orgánica la categoría de técnico de emergencias sanitarias y posteriormente realizando el concurso-oposición necesario para que este personal entre.

Acabar con las cadenas de subcontratación, que son la máxima expresión de la corrupción (Gurtel, Púnica…) y la explotación debe ser una prioridad para cualquier organización que quiera un cambio real de modelo de sociedad. Como está quedando demostrado, la subcontratación tiene como común denominador que las empresas se garantizan un porcentaje de beneficios; es decir, que un montante de la licitación va directamente a las manos de los empresarios. ¿Quién es el mayor perjudicado de esto? Las trabajadoras/es de los sectores subcontratados, que son quienes pagan con sus condiciones laborales los beneficios que se llevan las empresas.

Solo quien está fuera del funcionamiento interno de las empresas subcontratadas no ve cómo funcionan de verdad. Recientemente, hemos encontrado una empresa que depende al 95% de la subcontratación de las Administraciones navarras (Gobierno y ayuntamientos) que en los últimos tres años ha repartido entre sus socios nada menos que 3 millones de euros, que directamente salen de los impuestos.

La falta de material para dar el servicio, la falta de mantenimiento de las instalaciones y la falta de ropa para el personal son carencias habituales que tienen que sufrir las trabajadoras/es y los usuarios del servicio.

Revertir el servicio a una gestión pública garantiza que el porcentaje de beneficios que va a las empresas se quede en la Administración, que todo el funcionamiento y material esté en condiciones y con unas condiciones laborales dignas.

¿Cómo no va a ser una prioridad para ELA revertir los servicios? ¿Cómo puede decir la Consejería que el transporte sanitario no es una prioridad?

Vamos a insistir una y mil veces: el cuatripartito tiene que cumplir su acuerdo de Gobierno, en el que en el apartado de Salud, punto 13, recoge claramente la reversión del servicio.

En pocos meses vamos a tener la oportunidad de ver si el Gobierno, en concreto la consejería de Salud, es la del cambio. En pocos meses se tiene que licitar la primera de contratas de transporte sanitario que le tocan a este gobierno. De seguir apostando por la gestión privada, el Gobierno incumpliría su acuerdo programático y el cambio que muchos navarros/as esperábamos.