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El acuerdo sobre los presupuestos del 2019 firmado por PSOE y Unidos Podemos ha
levantado expectativas entre sectores populares y organizaciones sociales y políticas. La
razón de éste recibimiento tiene que ver con algunas medidas a todas luces positivas,
entre las que destaca la subida del salario mínimo y la subida de impuestos a grandes
empresas, además de unas series de intenciones declaradas de carácter progresista que
todavía no se han concretado en medidas específicas como la modificación de algunos
aspectos de la reforma laboral del 2012. Aunque hay que señalar que se deja de lado
suderogación como tal que era lo mínimo exigible. 

Antes de pasar a sus limites de forma breve y sin pretender ser exhaustivos queremos
señalar otras medidas acordadas que aprobamos sin paliativos como el propósito de
indexar la subida de las pensiones al IPC, el subsidio de desempleo para mayores de 52
años, atacar la problemática de los “falsos autónomos”, las cotizaciones de las horas
extraordinarias, la extensión y consolidación de los permisos de paternidad y
maternidad y la mejora de las ayudas a la dependencia. 

Del lado negativo, además de la no derogación de la reforma laboral, apuntar que las
medidas fiscales tomadas son tímidas y no suponen la reforma fiscal integral que se
necesita. Los acuerdos relativos a vivienda, como señala el sindicato de inquilinos,
tampoco son un avance suficiente para poner freno al hecho de que la vivienda sea un
objeto de creciente especulación, ni para conseguir que las personas tengan derecho a un
alquiler estable y asequible. Tampoco se ha abordado ninguna regulación del sector
financiero y las medidas en relación a las eléctricas son fundamentalmente “sociales” y
no de transformación estructural que es tan necesaria como el apoyo a los colectivos
más necesitados.

Pero como hemos dicho renunciamos a realizar un análisis pormenorizado del acuerdo
que necesariamente resultaría demasiado extenso. Como resumen diríamos que se trata
de un acuerdo con medidas substancialmente aprobables (más de lo esperable del
PSOE), pero con carencias y limites. Para definir nuestra posición y cual creemos que
debe ser el voto ante este acuerdo tenemos que llevar a cabo algunas consideraciones
“políticas”. Una de ellas tiene que ver con lo que representa un presupuesto de una
Estado o otra institución ejecutiva representativa, que no es otra cosa que la distribución
global de recursos para respaldar un rumbo político y económico y un modelo social
determinado. Por lo tanto, lo que tenemos que decidir es que modelo económico y
social crean y/o dan continuidad estos presupuestos. 

En este caso es obligado señalar que respaldan y desarrollan se sitúan dentro de la línea
de consolidación fiscal y presupuestaria de la UE, de las directrices restrictivas que las
instituciones europeas, no elegidas directamente por la población, imponen a los
Gobiernos de la zona euro. Unas directrices que limitan el gasto y la inversión pública:
Esta ultima representa un raquítico 1,9% del PIB y la evolución del gasto público es
restrictivo y pasa al 40,9% del PIB en 2019 desde el 41,2% del PIB de 2018. Por
supuesto, asimismo, los presupuestos pactados no cuestionan la deuda publica (abusiva
y en gran medida ilegitima) y la sangría que suponen los intereses de ésta. Una deuda
que, a pesar del nivel mínimo actual de los intereses (que no sabemos cuanto tiempo se
van a prolongar), sigue absorbiendo unos recursos que sería vitales para realizar las
reformas estructurales que se precisan. Unas reformas que no son las de devaluación

salarial y desregulación que defiende el PP y Cs, sino las que nos permitan avanzar
hacia otro modelo económico, donde el control público sea un instrumento para evitar
los derroches, la desigualdad social y garantizar la sostenibilidad. Un modelo basado en
el pleno empleo (mediante la garantía de empleo) y en convertir las necesidades sociales
en la base para dirigir el funcionamiento de la economía. 

El presupuesto acordado pone el énfasis en llevar a cabo algunos correcciones sociales a
unas partidas que en conjunto están situadas dentro de la lógica neoliberal dominante
que no se cuestiona, sin sentar, como decimos, bases para una transformación
económico-social de calado, que nos haga más fuertes frente a las turbulencias
económico-financieras que podrían estar en un horizonte no demasiado lejano. 

Sin embargo, estas correcciones y aspectos positivos no son desdeñables, por lo que
pensamos que hay que votar a favor pero sin euforia, aceptándolos en este contexto
como un mal menor, ya que los presupuestos del PP y Cs serían mucho peores y
tenemos una la correlación de fuerzas desfavorable. Precisamente modificar esa
correlación de fuerzas, mediante la movilización y la autoorganización social, es el
objetivo prioritario y pensamos que es importante que el acuerdo no desmovilice a las
clases populares ni, desde luego, legitime al gobierno del PSOE, que sigue siendo un
partido al servicio de los poderes empresariales y financieros. Por lo tanto, apoyo crítico
si, respaldo entusiasta no.