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La militante gallega, conocida por su implicación en las más diversas
iniciativas populares (de la lucha LGBT al sindicalismo, los derechos de
las prostitutas, pasando por la acción política o la solidaridad con
las personas presas), se enfrenta a una pena de prisión de 3 años a
causa de su apoyo a las personas migrantes.

La activista está acusada de un delito de falsificación documental
continuada, acusación a la que se enfrentó tras denunciar una mafia
que estafaba y explotaba a inmigrantes, muchxs de las cuales eran
obligadxs a vivir en condiciones infrahumanas.

Bugalho denunció una mafia ligada al deporte y otra ligada a la venta
de tarjetas de residencia. Ésta recibió el nombre de Operación
Peregrino y fueron imputados cuatro empresarios gallegos y tres personas
marroquíes, una de ellas en paradero desconocido.

57 personas migrantes originarias de Marruecos pagaron 10.000 euros por
el visado de entrada al Estado español. Les contrataron para trabajar
en el sector metalúrgico gallego, cobrando 500 euros de salario, cuando
el Convenio del Metal establece un mínimo de 1100 euros netos.

El 26 de mayo de 2009 Laura fue detenida durante 48 horas, sufriendo
malos tratos en los calabozos de la Comisaría.

Desde entonces, además de vivir más episodios de persecución y acoso,
Laura tiene este proceso judicial abierto, por lo que no puede llevar su
vida y su lucha con normalidad.

Por todo ello, porque la solidaridad no es un delito, exigimos la
absolución de la compañera Laura Bugalho. Si su delito es denunciar la
explotación y exigir derechos para todas las personas, todas nosotras
somos y seremos delincuentes.