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Esta incorporación ha sido fruto de un esfuerzo conjunto entre la Asociación

Salhaketa Nafarroa y el grupo de trabajo creado por la Red de Lucha Contra la Pobreza

para discutir sobre la Renta de Inserción Social. Un esfuerzo que se concretó, entre

otros, en una enmienda a la Ley donde se pedía que se mencionasen expresamente

como posibles beneficiarias a las personas presas que se encontraran en tercer grado

penitenciario. Todo ello sin olvidar que el objetivo final debe ser la reivindicación de

una renta básica universal.

Las penas privativas de libertad pueden cumplirse de distintas formas y quien lo

decide es la propia cárcel o el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Primer grado sería

aislamiento, la cárcel dentro de la cárcel. Segundo g rado, el ordinario, celdas, horas de

patio, talleres… El tercer grado se aplica a las personas que, por sus circunstancias

personales y penitenciarias, se entiende están capacitadas para llevar a cabo un

régimen de vida en semilibertad. El resto de nosotras, aunque la ley no lo diga,

estamos como decía Patxi Zamoro, en el cuarto grado, no vemos la cárcel pero su

poder está ahí. 

Las personas que salen de prisión en tercer grado ven muy dificultadas sus

posibilidades de iniciar un proceso de retorno “normalizado” a sus vidas después de la

privación de libertad. En primer lugar, por el impacto que tiene el propio encierro en

las personas, y en segundo lugar porque por lo general la entrada en prisión conlleva

necesariamente una pérdida de relaciones de apoyo de todo tipo, es decir, las

personas cuando salen de prisión en muchas ocasiones se encuentran solas, y si a esto

añadimos la falta de ingresos iniciales mínimos, se encuentran que se les hace

prácticamente imposible volver a rehacer sus vidas.

Ya con la antigua Ley las personas presas en situación de libertad condicional o

expresas podían ser preceptoras de la “renta básica” siempre y cuando cumplieran el

resto de requisitos exigidos por la ley. Sin embargo, se puso en evidencia que uno de

los colectivos desfavorecidos y excluidos en el desarrollo de dicha Ley eran las

personas presas clasificadas en tercer grado penitenciario al entenderse por parte del

legislador que sus necesidades básicas estaban cubiertas por la cárcel. Esto era no

conocer la realidad. 

Y es que la realidad es que sus necesidades básicas mínimas no se encuentran

cubiertas por la prisión. Estas personas salen de la cárcel a las 7 de la mañana, incluso

a veces antes, y vuelven entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. A las 7 de la

mañana salen sin que desde el Centro Penitenciario se les haya dado de desayunar.

Algunas personas acuden a sus puestos de trabajo, otras a cursos formativos,

actividades terapéuticas o a realizar una búsqueda activa de empleo. Para todo ellos es

necesarios disponer de un medio de trasporte para desplazarse o acceder al transporte

público (sin olvidar que a día de hoy sigue sin haber un transporte público que

comunique la cárcel con el resto de la ciudad). En estas horas que están fuera de

prisión también hay que comer, descansar… se necesita un espacio íntimo y de confort

donde poder pasar todas esas horas del día por lo que muchas personas alquilan

habitaciones, aunque no pernocten en ellas, asumiendo todos gastos básicos de la vida

en el exterior, alquiler, agua, luz, alimentación… Nada de lo expuesto hasta ahora está

cubierto por la prisión. Es más, las personas que regresan a las 9 o a las 11 de la noche

ni siquiera cenan en el Centro Penitenciario, ni se les permite entrar comida dentro. 

No podía ser de otra forma, por lo tanto, que las personas presas clasificadas en

tercer grado pudieran ser beneficiarias de la renta garantizada por que sin unos

ingresos mínimos es imposible que se facilite la incorporación de ninguna persona a la

sociedad. 

Desde Salhaketa, queremos señalar que se han conseguido logros, aunque

también es cierto que no todos los colectivos están igualmente contemplados y

amparados por la ley. También seguiremos trabajando por visibilizar la falta de

sentido de excluir con la prisión primero para después intentar incluir, pero en ese

camino lo cierto es que la renta de inclusión social será el salvavidas que permita a

muchas personas que salen de prisión recuperar su vida, a pesar de la prisión.