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La
actuación del gobierno del PP ha sido la de un desprecio total y
absoluto hacia la salud de las trabajadoras; criminalizando la
enfermedad y poniendo en el punto de mira a la trabajadora que está
enferma, en lugar de incidir en las causas que hacen que enfermemos.
Mientras, asistimos aún a las consecuencias dramáticas de la
exposición al amianto, se les otorgan a las mutuas atribuciones que
nunca deberían haber dejado de ser preceptivas y exclusivas de los
servicios públicos de salud, o, recientemente, en los 123 despidos
en TRW, el primer criterio de despido ha sido si se ha estado de baja
(la empresa ha despedido a personas que han estado enfermas o peor
aún, con enfermedades profesionales o lesiones causadas por el
trabajo, aunque luego esto no es reconocido por la Mutua)…

Es en
este contexto, en el que Correos y Telégrafos S.A. está atentando
contra la salud del colectivo de funcionarias, haciendo un uso
desproporcionado y deshumanizado del reglamento. En esta empresa
conviven personal funcionario y laboral. El funcionariado depende
del MUFACE (que viene a ser su Seguridad Social). Este personal
puede elegir el Servicio Público de Salud o empresas sanitarias
concertadas por MUFACE. Tras coger la baja en cualquiera de estos
estamentos (Osasunbidea o empresas concertadas), la misma debe ser
ratificada por la Jefatura de Zona de Correos. Esta Jefatura de Zona
se basa en un informe de un Tribunal Médico, que en ningún momento
ve a la paciente, sino que se basa a su vez en otro informe de una
empresa (Tebex) subcontratada por Correos con el fin de rebajar el
absentismo. A las pocas horas de coger una baja, los trabajadores y
trabajadoras reciben un burofax y son citados a una entrevista en
muchas ocasiones superficial. Si el informe que se elabora
desaconseja continuar de baja la persona se verá obligada a
reincorporarse al trabajo y, de lo contrario, se le abre un
expediente disciplinario por ausencia en el puesto de trabajo. Se
puede solicitar una nueva valoración (que será realizada por los
equipos del EVI del INSS), pero en tanto no se la hacen, tiene que ir
a trabajar.

Mientras
se espera la nueva valoración, las soluciones siempre van en función
de la casuística personal de cada quien: Hay quien se coge
vacaciones (si tiene), o quien solicita licencia sin sueldo, también
hay quien se expone a la apertura de un expediente y una sanción, si
no le quedan vacaciones que disfrutar, y hay quien no se puede
permitir el lujo de vivir sin cobrar un sueldo, y va a trabajar
medicándose y en condiciones deplorables. Y por supuesto, también
se da el caso que bien por desconocimiento, o porque no quieren
meterse en estos procesos farragosos, ni tan siquiera solicita una
nueva evaluación.

En
Navarra, en lo que va de año, de 4 casos en los que se ha solicitado
una nueva valoración, en 3 el EVI ha dispuesto que esa persona
debería haber seguido de baja. En otros lugares del estado, como en
Valladolid, una sentencia del T. S. J. De Castilla León, ha fallado
que Correos debe reconocer la incapacidad laboral a un compañero
que ya llevaba tres años expedientado con supresión de empleo y
sueldo. En Segovia, a un compañero que le habían diagnosticado un
año antes alzheimer, le denegaron la licencia y tuvo que ir a
trabajar. Le daban solo correspondencia ordinaria, y le dejaban solo
una calle para repartir; para que “así estuviera ocupado”. Ni
son lo primeros, ni son los últimos, ni son los únicos a quienes se
ha denegado la licencia de baja injustamente. Y esto lo hace una
empresa, con capital del Estado y que en el ejercicio del 2014
declara unos beneficios de 196 millones de euros consolidados.

¿Podemos
permitir que esto continúe? Si lo permitimos, ¿cuánto tiempo
tardarán en extender esta sangrante realidad al resto de empresas y
sectores?.