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Los CIE se crean en el año 1985, en el marco de la aprobación de la primera ley de

Extranjería española.Como sabemos, dicha ley normativiza que las personas de origen

extranjero no puedan gozar de los mismos derechos y libertades que las nacidas en este Estado.

Es decir, construye un muro legal fundado en la xenofobia que divide una misma comunidad

entre aquellas personas que son consideradas ciudadanas de las que no lo son. Además, por

sus consecuencias concretas sobre las personas racializadas, supone actualmente la máxima

expresión del racismo institucional en el Estado español. Así mismo, esta norma afecta de un

modo específico a las mujeres migrantes, situándolas en condiciones de mayor vulnerabilidad, lo

que supone un ejercicio institucional de violencia machista.

Hay que destacar que la Ley de Extranjería no nace como demanda social, sino que es una

herramienta del capitalismo. Así, su objetivo es fomentar la libre circulación de capitales mientras

frena la de los seres humanos, utilizando a las personas migrantes como mano de obra a la que

se puede desechar si el mercado de trabajo neoliberal así lo requiere. 

En este contexto, los Centros de Internamiento surgen con el propósito oficial de facilitar la

expulsión de las personas que carecían de permiso para residir y fijaba en 40 dias el plazo

máximo de internamiento, plazo que aumentó hasta llegar a los 60 actuales. Después de

promesas de reglamentos que no se ponen en práctica y diversas batallas legales y sociales, se

han ganado algunas en forma de declaraciones institucionales pidiendo su cierre, entre ellas las

del Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de Iruñea, se ha logrado poner sobre la mesa

social y política la cuestión de los CIE, se ha logrado entrar en los centros y conocer la situación

de las personas internas y documentar las denuncias, pero aun queda mucho por hacer hasta

llegar a su cierre. 

En el estado, más de 7.500 personas fueron internadas en 2016 en algunos de los 7 centros

existentes en el Estado (son más de 450 en Europa y su frontera externalizada), de estas, 2.200

finalmente deportadas, un 29% de injustas expulsiones que forman parte de una estrategia de

control de fronteras a través de la criminalización y el miedo, un porcentaje que no justifica ni

siquiera su función oficial de facilitar la expulsión, en palabras de Santiago Yerga, abogado del

programa de CIE de Pueblos Unidos, “en el 70% de los casos el encierro en los CIE no queda

legitimado por su finalidad (…) este mecanismo provoca un sufrimiento gratuito de dos de cada

tres personas internadas”. 

El mayor porcentaje de personas internadas se registra en los CIE localizados en la frontera

sur, 5.695 fueron encerradas directamente tras su llegada a las costas españolas en patera, a

pesar del agotamiento o, como ocurre en muchas ocasiones, después de haber visto morir a

algunos de sus compañeros, en las horas posteriores de arriesgar su vida en el Estrecho, en

centros como el de Algeciras, que acumula el mayor volumen de denuncias de vulneraciones de

derechos humanos.  

La realidad de los CIE en la actualidad sigue siendo atroz, su gestión que depende

exclusivamente de la Policía Nacional, es opaca y las condiciones de internamiento pésimas: en

ningún centro hay asistencia sanitaria permanente; en ninguno hay un protocolo eficaz de

identificación de menores o personas víctimas de trata (el propio Ministerio de Interior desvelaba

que se habian identificado hasta 51 adolescentes durante su internamiento), en casi todos hay

puntos sin videovigilancia; escasez de traductores e intérpretes, condiciones higiénico-sanitarias

deficientes, celdas de aislamiento, vulneración de la tutela judicial efectiva, y un largo etcétera de

hechos que se convierten en razones para su cierre definitivo. 

Durante el internamiento y sumándose a la angustia de no saber cuándo ni cómo van a

expulsarte, sigue habiendo relatos de malos tratos, de abusos y tortura, denuncias que son

archivadas y en la mayoría de casos resueltas con la expulsión de testigos y víctimas. Existen

una infinidad de informes de organismos estatales e internacionales en los que se recogen las

denuncias y que se acumulan en los despachos de los tribunales a la espera de una decisión

política que ordene su cierre y repare el daño cometido, reparación que sin duda llega tarde para

aquellas persona que ya fueron deportadas y en especial para aquellas que murieron dentro de

los muros del CIE: Samba Martine, Idrissa Diallo, Aramis Manukyan, Mohamed Abagui, Jonathan

Sizalima, nombres que intentaron converir en números y que hoy recordamos para continuar la

lucha contra estos centros y la ley que los ampara. 

Por todo ello, y porque tenemos el derecho y la obligación de garantizar el acceso de todas

las personas a los derechos fundamentales, no queremos que cambien el nombre de los CIE, ni

que un reglamento que mejora las condiciones de internamiento legitime su existencia, no

queremos cierres parciales, ni experimentos de privatización, exigimos su cierre definitivo y la

derogación de la ley de extranjería que es la máxima expresión del racismo institucional. Y

podemos empezar por exigir que nuestras calles y barrios sean espacios libres de controles

racistas, libres de expulsiones, que no se conviertan en la antesala de estos CIE, no queremos

estar sometidas a una ley que quita y otorga derechos en función del origen y la condición. 

Por ello os invitamos al Pintxo-Pote por el CIErre que celebraremos el 15 de junio a las 19:30

en Zabaldi (Nabarreria, 25)