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El Partido popular, con el apoyo de UPN y del Partido Aragonés, ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana frente a la oposición del resto de fuerzas políticas del Estado español. La polémica está servida, ya que la opinión generalizada es que el PP se servirá de la denominada Ley Mordaza para reprimir con mayor intensidad las protestas sociales ante sus políticas.

Sin embargo, desde las filas populares, el parlamentario navarro Eloy Villanueva, defiende que esta Ley es garantista y que el Partido Popular no tiene el empeño en recortar libertades, y la "izquierda española" se opone a esta ley "sin ni siquiera habérsela leido".

Paz Frances, abogada de Salhaketa, subraya la ambigüedad y el poder que otorga a las fuerzas policiales en su labor represiva esta Ley Mordaza. Si bien es cierto que el nivel de protesta social ha aumentado durante los últimos años por el impacto de la crisis económica y de las políticas neoliberales del PP en la sociedad, la mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas y tampoco los indices de inseguridad ciudadana parecen justificar una reforma de este calado. Por lo tanto, ¿cuál es la razón de esta nueva Ley? Desde la plataforma Kalea Denona, que reune a personas multadas en movilizaciones en Nafarroa, tienen claro que su objetivo es "sacar a quien protesta de la calle" y que parezca "que este país va bien". Además, denuncian las trabas que se impondrán a quienes graben actuaciones policiales. "Quieren ocultar todo tipo de represión", afirma Nerea Makuso.

El parlamentario del PP en Navarra Eloy Villanueva, por contra, asegura que la prohibición de grabar ciertas actuaciones policiales es necesaria "para salvarguardar su honor", y dice que "en España se respeta la libertad de prensa", y que los profesionales de los medios de comunicación "no tienen porque tener ningún miedo".

Más allá de la criminalización y persecución de las expresiones de protesta, desde Salhaketa también se critica la reforma por electoralista y estar basada en el castigo. Frances no deja pasar el hecho de que se produce en un contexto de horas bajas para el PP por los múltiples casos de corrupción y por su gestión en el gobierno, y cree que con la aprobación de "leyes autoritarias", los populares tratan de contentar a su electorado más ultra. Villanueva, por el contrario, defiende que esta ley viene a garantizar el derecho a la protesta pacífica y "a proteger a los manifestantes de los violentos, que desvirtúan sus reividicaciones con los altercados".

Otra de las dudas es sobre la proporcionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana en sí misma. Pese a que se ha suvizado tras un primer anteproyecto que levantó muchas críticas, la Ley Mordaza del PP supondrá profundizar en la llamada buro-represión, ya que aumenta sensiblemente las sanciones por ejercer la libertad de expresión y manifestación. Se trata de "atacar directamente el bolsillo de quienes se manifiestan contra las políticas populares", afirman desde Kalea Denona.

Además, tiene otro aspecto muy polémico, y es que se creará un fichero policial con las personas que sean sancionadas con esta ley. Desde Salhaketa tienen dudas sobre su constitucionalidad, pero es que además entienden que se crea un "derecho penal del enemigo", el cual, en este caso, es el ciudadano de a pie.