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Es la encargada de dar una vuelta de 180º a la política pública de vivienda en Nafarroa. Bregada en los movimientos sociales por el derecho a la vivienda digna, Begoña Alfaro dio el paso a la política institucional de la mano de Podemos Ahal Dugu y se ocupa de la Consejería de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, desde donde está tratando ahora de garantizar un derecho en una profunda crisis. Pese a las críticas que recibe por parte de algunos movimientos, en esta entrevista asegura que con la intervención a última hora del Departamento que dirige se han paralizado desahucios en Nafarroa.

El problema de la vivienda ha pasado a ser un tema de debate central: los pisos turísticos, los altos alquileres, el precio desorbitado de la vivienda en venta… ¿cómo está viviendo todo esto y el movimiento popular contra la mercantilización de la vivienda?

La dificultad de acceder a una vivienda a un precio asequible es ya un asunto de estado y como tal debe tratarse, es el mayor problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa. De nada servirá que se mejoren las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras, o que se apruebe cualquier tipo de medida de ayuda a la cesta de la compra de las familias, si no intervenimos en el mercado de la vivienda, porque en la actualidad todas estas mejoras van directas a los bolsillos de los rentistas y grandes tenedores de vivienda, es un trasvase directo de recursos públicos.

Mientras que en la Europa civilizada los Estados se ponían a la cabeza de la reconstrucción tras la II Guerra Mundial y hoy nos encontramos, 70 años después, con la señorial Viena que tiene un 60% de viviendas públicas sobre el total del parque, en España se defendía de la idea de mejor propietarios que proletarios y durante décadas se ha actuado bajo el mantra de que el mercado se regula solo. Y eso es mentira, lo único que ha hecho el mercado es expulsar a nuestras familias.

La magnitud de este problema ya la vio hace décadas el movimiento por el derecho a la vivienda, y ahora es cuando empiezan a tomar conciencia los distintos gobiernos; vamos tarde, aunque bienvenido sea que por fin se haya tomado conciencia y se haya virado el barco.

Y quiero dejar claro un mensaje frente a los discursos de la derecha; un problema estructural solo se modifica con regulación, no hay otra. Ya sé que ellos no quieren que se regule porque están muy cómodos con la ley del salvaje oeste que nos ha llevado a esta situación, pero hay que regular para cambiar. Y por cierto, el mercado de la vivienda ya está regulado; pero está regulado por los especuladores y por eso lo vamos a modificar.

En las últimas semanas hemos sido testigos de varios desahucios que en el último momento se han paralizado. Por ejemplo, en Artika y Burlata. ¿Ha habido algún tipo de intervención por parte de la Consejería que dirige?

Desde que comenzó la legislatura han sido muchos los desahucios en los que el Departamento ha intervenido y se han conseguido parar en el último momento, lo que por lo menos permite ganar tiempo para que se produzca una negociación en condiciones de dignidad para las familias. Para eso estamos, para utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para que en nuestra Comunidad llegue el día en que el derecho a la vivienda sea garantizado.

En ocasiones, tenemos conocimiento de estos casos a última hora, cuando el desahucio está previsto a una semana o incluso días vista, y en esa situación recurrimos a la llamada directa al fondo de inversión o entidad desahuciadora para conseguir paralizar el desahucio y ganar tiempo para negociar una solución estable para la familia. En otros casos, las personas o familias afectadas llegan a las profesionales de nuestro servicio de mediación con más margen de tiempo lo que nos permite abordar la búsqueda de soluciones de forma más pausada y menos dramática.

Estos son solamente dos casos, ¿pero tienen constancia de que haya más? ¿Hay gente que asiste a ustedes para tratar de solucionar su situación?

En nuestra Comunidad se siguen ejecutando desahucios. En la actualidad no nos encontramos ante el volumen de situaciones que vivimos hace años gracias a medidas como la paralización de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad o la mediación de colectivos sociales y la administración pública, pero se siguen ejecutando desahucios, principalmente por impago de alquiler.

Hay muchas familias en nuestra Comunidad que acuden a nuestro servicio de mediación, pero somos conscientes de que gran parte no lo hace porque desconocen la existencia de esta herramienta y creen que no tienen alternativa: a día de hoy hay familias que, ante una subida de alquiler o un aviso de no renovación de un contrato sin causa justificada, simplemente abandonan su vivienda, son lo que llamamos desahucios silenciosos.

Tenemos que ser capaces de llegar a estas personas y decirles que sí que hay alternativa, y que estamos para ayudarles y pelear con ellos y con ellas.

¿Qué tipo de atención están ofreciendo desde su Consejería?

El Departamento de Vivienda dispone de un servicio de mediación donde acuden centenares de personas y familias con dificultades para mantener su vivienda. Y a partir del verano vamos a fortalecerlo ampliando los servicios que se prestan a la información y asesoramiento. Queremos no solo atender a los casos que ya requieren mediación porque están en un punto crítico, sino poder evitar que se llegue a ese punto porque podamos intervenir previamente informando y asesorando a los navarros y navarras sobre los derechos que les asisten cuando firman una hipoteca o un contrato de alquiler. Cuanto antes lleguemos, más dramas evitaremos.

Desde su Consejería se ha invitado a los propietarios de segundas viviendas a que alquilen esas viviendas a través de NASUVINSA y ampliar de este modo el parque público de alquiler. Por otro lado, cientos de viviendas protegidas en Navarra están siendo adquiridas por la Patronal inmobiliaria privada una vez que vence el plazo de protección. ¿Se están tomando medidas para evitar que vivienda financiada públicamente acaben en el mercado libre?

Desde el año 2022 en nuestra Comunidad contamos con la calificación indefinida de la vivienda pública, herramienta clave para construir una política de vivienda mínimamente seria y que conciba la vivienda como un bien de primera necesidad y por tanto un derecho, y no un negocio que es como siempre se ha concebido, no nos engañemos. Esta medida impide que la vivienda que se construya con recursos públicos a partir de ese año, acabe en manos de fondos buitre.

Cuando les suelo repetir a los grupos políticos de la derecha que estamos pagando sus políticas de hace 20 años se me enfadan, pero la realidad es tozuda, y es ahora cuando nos llegan los dramas de familias que pagaban un alquiler social y que ahora se encuentran asustadas porque sus viviendas ya no están bajo el control de precios del Gobierno de Navarra porque han pasado a manos de fondos que les amenazan con subidas indecentes de la renta de alquiler o con la venta de sus casas, porque su compromiso social y ético con la ciudadanía navarra es nulo y únicamente buscan obtener la mayor rentabilidad posible.

Por eso en 2025 hemos ampliado en un 225% el presupuesto para las partidas destinadas a las líneas de tanteo y retracto y la adquisición de vivienda pública, que han pasado de los 2 millones de este año a 6,5 millones. La ampliación de nuestro parque público de viviendas es otra herramienta fundamental donde tenemos que volcar todos los esfuerzos de inversión pública, y en el caso de estas familias, queremos recuperar sus viviendas y devolverlas al lugar del que nunca debieron salir, el ámbito público.

Usted, antes de entrar en la política institucional, fue muy activa en los movimientos en defensa de una vivienda digna y accesible, ¿cómo está viviendo el nuevo rol que juega ahora? ¿Cree que se pueden cambiar cosas desde las instituciones, por ejemplo, en materia de vivienda? Recientemente dijo que el problema de la vivienda no se podía solucionar en una sola legislatura y que la declaración de áreas tensionadas no era suficiente para atajar la crisis…

Me decidí a entrar en este nuevo escenario porque lo entendía como otro lado de la barricada, pero en el mismo bando de la batalla. Desde los movimientos sociales cuentas con “armas” que no tienes en la esfera pública, y sucede exactamente lo mismo al revés. Por eso creo que la clave es la cooperación entre los distintos espacios, el social y el institucional, cada uno con sus herramientas: donde uno no llega, puede hacerlo el otro, y viceversa.

El reto de la vivienda es tan grande que quien diga que lo va a solucionar en una legislatura, o es un inconsciente porque desconoce la magnitud del problema, o miente. Porque no existe una fórmula mágica para solucionar este problema y por tanto tenemos que desplegar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, desde todos los espacios, para conseguir paliar los efectos de décadas de barra libre en el mercado de la vivienda.

Para terminar, ¿cuáles son los próximos pasos que van a dar desde el Departamento en materia de vivienda?

Tenemos por delante meses donde vamos a declarar definitivamente como zona de mercado tensionado 21 municipios de nuestra comunidad, hacia el mes de abril será una realidad. Esta declaración abarca casi el 70% de la población navarra, lo que nos permitirá aplicar topes a los precios del alquiler, acordar prórrogas obligatorias de contratos en determinados casos, y elaborar un plan de medidas con cada municipio para ajustar las soluciones a la realidad de cada entorno. También aprobaremos un Plan de actuación para aquellos municipios de las zonas rurales. Estos planes nos permitirán implantar medidas especiales para potenciar la bolsa de alquiler, promover vivienda nueva, proyectos cooperativos, sacar a la luz vivienda vacía, y un largo etcétera de medidas.

En las mismas fechas tendremos operativo también el Registro de viviendas vacías en toda la Comunidad foral, porque hasta ahora se contempla en la ley, pero no se ha puesto en marcha. Una vez tengamos detectadas cuantas viviendas vacías hay en Navarra, podremos imponer gravámenes a la vivienda en aquellos casos en que se retienen vacías para especular.

Durante el primer semestre del año también estará operativo el servicio de mediación con el alcance que hemos comentado anteriormente.

Se trata de poner en marcha todas las medidas posibles para garantizar que la vivienda sea un derecho, y no un bien de mercado.