Zuera, la cárcel que simboliza “la vía muerta” para la reintegración de los presos políticos vascos
“Behatokia”, el observatorio de la política penitenciaria promovido por el Foro Sozial Permanente, aborda con gran detalle la situación de la cárcel aragonesa de Zuera, a 245 km de Euskal Herria y en la que a día de hoy se encuentran encarcelados 9 presos políticos vascos, algunos de los cuales han sido "acercados" desde prisiones más lejanas dentro de la nueva política de traslados impulsada por el Gobierno español.
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A pesar de los últimos movimientos y traslados de presos y presas a cárceles vascas o cercanas a Euskal Herria, Behatokia denuncia las dificultades que los presos tienen para evolucionar de grado en algunas prisiones. Y en su 3º monográfico publicado centra su atención en la cárcel de Zuera, que califican como “auténtica vía muerta” en el itinerario de reintegración normalizado para las personas presas después de que el EPPK decidiera transitarlo para posibilitar la vuelta a casa de los y las presas políticas vascas e impulsar el proceso de resolución en Euskal Herria.
Entre los presos navarros que se encuentran en esta prisión aragonesa están el txantreano Jose Angel Lerin (trasladado a esta prisión recientemente) y el vecino de Uharte Txetxu Barrios. Este último lleva 22 años encarcelado de una condena de 25 años. Días antes de llegar a Zuera en julio de este año y procedente de Granada, fue clasificado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en primer grado con aplicación del artículo 100.2 (flexibilidad). Desde entonces, no ha recibido propuesta favorable alguna de progresión al segundo grado o régimen ordinario como viene siendo habitual en las otras cárceles de destino-acercamiento.
Más de 20 años en prisión en 1º grado
El caso de Txetxu Barrios es la una muestra de la situación generalizada de los presos vascos encarcelados en Zuera, donde ni uno sólo de los presos clasificados en primer grado ha visto una propuesta de progresión al régimen ordinario (segundo grado) promovida por la Junta de Tratamiento de Zuera. Dos de ellos (Etxeberria y Zabaleta), extinguieron al completo su pena clasificados hasta el último día en primer grado.
Hay presos que llevan 20, 22, 24 o 28 años encarcelados, que tienen cumplidas las 3/4 partes de sus condenas, que mantienen un comportamiento modélico dentro de prisión sin partes ni castigos y que a pesar de ello continuan clasificados en 1º grado desde el inicio de su encarcelamiento.
Algunos de los presos vascos que llegaron a Zuera estando clasificados en 2º grado no han tenido la oportunidad de acceder al 3º grado. En el tiempo que han estado en esta cárcel, no han recibido permisos y algunos de ellos han quedado en libertad tras cumplir sus condenas integramente, pero sin haber podido progresar de grado.
Behatokia recuerda que durante años, instancias gubernamentales, institucionales y algunos partidos políticos no dejaron de instar a las personas presas a que comenzaran a acogerse a las vías legales para facilitar su reintegración. En pleno debate del colectivo EPPK, muchas de esas manifestaciones les exigían que pasaran de las declaraciones de intenciones a los hechos.
Una vez finalizado dicho debate, presas y presos comenzaron a implementar sus propios recorridos individuales.
Como ha podido constatar el Foro Social Permanente en su interlocución con los portavoces de EPPK en la cárcel de Albolote (Granada), la apuesta se confirma como decidida y continuada “pero los obstáculos y las trabas siguen estando ahí, unas veces en la SGIP, otras en el JCVP, otras en el Ministerio Fiscal que recurre cada avance, otras en la Sección Primera de la Sala de lo Penal -que es el órgano encargado en exclusiva, por decisión propia de la AN, de resolver los recursos de apelación que las personas presas y sus abogados y abogadas interponen en contra de las decisiones del JCVP, poniendo fin a la vía judicial-. Pero, las más de las veces, el factor desalentador proviene de origen, de las propias Juntas de Tratamiento de las diferentes prisiones de la geografía peninsular” denuncian.
Zuera, símbolo de la inamovilidad
El Foro indica que “lejos de cumplir ese papel facilitador, la cárcel de Zuera se ha convertido en un impedimento, precisamente en el momento que un cambio cualitativo en la orientación de la política penitenciaria comenzó a instalarse en la sociedad vasca tras los consensos institucionales, sociales, políticos y sindicales alcanzados; tras el desarme civil y la desaparición de ETA y tras el acceso al gobierno del PSOE posibilitado primero por una mayoría en la investidura y posteriormente tras la celebración de elecciones con un gobierno de coalición posibilitado por la misma mayoría de la investidura.”
En Zuera la inamovilidad de grado “es absoluta y persistente” a lo largo de todos los años de condena del preso. “No existe una actitud pro-activa ni propositiva por parte de la Junta de Tratamiento. Si se llega clasificado en primer grado penitenciario se acaba la pena en primer grado”, lamentan desde Behatokia.
Otro tanto se puede decir respecto a los clasificados en segundo grado, no existiendo tampoco parte propositiva ni planteamientos para el avance en el itinerario penitenciario individual de cada preso. “Es sintomática la negativa continuada a la concesión de permisos a presos con cumplimiento avanzado y en puertas del licenciamiento definitivo”, indica el observatorio del Foro Sozial Behatokia.
“Se puede concluir que el CP Zuera se ha convertido en una estación término, donde el bloqueo detectado en otras prisiones con respecto a los clasificados en primer grado en esta prisión se ve acompañado además de un bloqueo suplementario en el segundo grado que imposibilita el acceso a las fases posteriores del recorrido penitenciario individualizado de cada prisionero”, aclaran desde Behatokia.
Desde el Foro Sozial constatan que aunque el acercamiento disminuye y/o evita los problemas para los familiares, debería facilitar una reintegración sostenida en el arraigo social y familiar. “Pero establecer cárceles a donde se les acerca para luego impedir que se pueda progresar de grado a través de los cauces previstos en la ley –progresión de grado, régimen de permisos- implica mantener una política de excepcionalidad, que lleva a cumplimientos íntegros y efectivos de las penas”, denuncian. “Y hacer imposible el avance o progresión penitenciaria también acarrea una conculcación de derechos”, subrayan.