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Tras su aprobación en el Congreso español, la Ley de Seguridad Ciudadana o  “Ley Mordaza” como se conoce popularmente, está pendiente de su tramitación en el Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, Partido Aragonés y de UPN.

De las 270 enmiendas presentadas a esta Ley, la Comisión de Interior del Congreso aprobó alrededor de 50, pero la mayoría sólo hacen referencia a mejoras técnicas del texto, sin cambios profundos en el contenido, mientras que otras suponen "un endurecimiento de una ley", según denuncian los convocantes de la protesta. Resaltan que desde amplios sectores de la sociedad e incluso desde la Unión Europea esta ley "ha sido señalada por su carácter restrictivo de los derechos de reunión y libertad de expresión". "Resulta significativo que pocos días después de su aprobación ya se están dando las primeras actuaciones dirigidas a criminalizar la protesta a través de mediáticas operaciones policiales", denuncian estos sindicatos y colectivos. A su entender, con esta Ley Mordaza "pretenden blindarse ante el aumento de la movilización y la presión social, acallar la calle, convertirnos en esa mayoría silenciosa para poder imponer sus medidas antipopulares impunemente".

Los aspectos más controvertidos de esta Ley de Seguridad Ciudadana son varios. Por un lado, supondrá una rebaja en las garantías procesales para la ciudadanía. "La policía en el ámbito administrativo tiene presunción de veracidad y serán ella y la propia Administración quienes van a sancionar: juez y parte. Además se tendrá que pagar la multa antes de poder recurrir la sanción, un proceso por el que también se deben pagar unas tasas ante los tribunales".

Limitación de la libertad de expresión

También denuncian que se producirá una "limitación genérica de las reuniones y manifestaciones", con sanciones en las protestas que se realicen ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar. Además, se incrementa el montante de estas multas, pudiendo llegar a ser mayores de los 30.000. También la ocupación de entidades bancarias y otros inmuebles, encaramarse a edificios, la resistencia o desobediencia a la autoridad o impedir un desahucio serán motivo de sanción. "Estas acciones y estos espacios son fundamentales para la expresión de la denuncia de la actual situación", dicen.

Y si durante este tipo de protestas se producen excesos policiales, también habrá problemas para quienes lo graben. Grabar a la policía y difundir estas imágenes o sus datos, incluso cuando sea hecho por profesionales del periodismo será motivo de sanción. "Los abusos policiales quedarán casi impunes", denuncian.

Inmigración, top manta y consumo de drogas
­Además, se legalizan las llamadas “devoluciones en caliente” de migrantes. A pesar de que el/la inmigrante haya sorteado la valla fronteriza, sera entregada a las autoridades marroquíes sin darle la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla. "Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo y privan a las personas de un procedimiento en el que puedan contar con la defensa jurídica pertinente", apuntan.
­También se restringen otros usos de la calle como la celebración de actos recreativos no autorizados, beber o consumir drogas en la calle o la venta ambulante, conocida como top manta. A juicio de los convocantes de la protesta, se trata de "limitar el espacio público, dificultando su uso, afectando negativamente a la ciudadanía en general y a los sectores más excluidos y más reivindicativos en particular, en favor de un modelo urbanístico y social orientado al consumo y la movilidad acelerada".