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Pello Guerra – NAIZ

El punto de información estará ubicado en el local municipal de la calle Mercaderes, número 11 (junto al Iruñazarra) y tendrá horario de atención al público de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas hasta San Fermín, momento a partir del cual funcionará en horario de mañana, según ha explicado en rueda de prensa el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron.

En ese punto, un equipo de la UPNA se encargará de recopilar la información que aporten tanto las mismas víctimas del franquismo, como sus familiares. Según ha desgranado el profesor Emilio Majuelo, responsable del proyecto, «se abrirá una ficha con los detalles de la persona que aporta el testimonio, la documentación que nos pueda entregar y demás», una documentación que puede ser privada, como fotografías, cartas… o derivada de la puesta en marcha de procesos represivos, como detenciones, juicios, sanciones, despidos… Una segunda ficha más técnica recogerá sus datos personales, idioma en el que se realiza la aportación y otros detalles. Y posteriormente «se procederá a grabar el testimonio de la persona que quiere aportar información».

Esta labor de recogida de información se prolongará hasta el mes de octubre y para llevarla a cabo, el Consistorio iruindarra ha firmado un contrato con la UPNA por un importe cercano a los 15.000 euros. Con toda la información recopilada, el equipo de la universidad elaborará un informe pericial en el que se recogerán los datos sobre la vulneración de derechos humanos sufrida por personas en ese periodo histórico de cuarenta años y una relación de instituciones que custodian fondos documentales generados durante la Guerra del 36 y el franquismo a los que debería remitirse el juzgado para conseguir información complementaria.

Todo ello, según ha destacado Asiron, con el ánimo de «interponer una querella criminal en los Juzgados de Instrucción de Pamplona», tal y como se acordó por mayoría en el Pleno del Ayuntamiento del 27 de noviembre de 2015. Una medida que, a su vez, se sumaría a la denominada querella argentina que lleva adelante la jueza María Servini por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.

Asimismo, con la información recopilada en este trabajo se busca verificar y cuantificar el número de fusilados de Iruñea por defender sus ideas para determinar la cifra exacta, con el objetivo de que sus nombres queden grabados en el panteón del cementario municipal de San José. En estos momentos ya se baraja una cifra de más de 300 personas, entre las que figuraban siete concejales, según ha recordado el alcalde.

Aunque la época de la guerra sigue centrando buena parte del trabajo de recuperación de la memoria histórica, en este caso, Majuelo ha destacado la novedad de investigar el conjunto de la dictadura franquista, «especialmente la represión que se hace contra los movimientos sociales de esta ciudad en los años 60-70, con multas, despidos, cárcel, torturas… Hubo una represión muy potente y es interesante abrir este nuevo campo de investigación. Es un gran paso para empezar a conocer esa represión».