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Se trata de un documento de cuatro páginas titulado “Argumentario sobre el biogás, el biometano y la moratoria en Navarra” en el que se explica muy brevemente el funcionamiento y la función de las plantas de biogás con afirmaciones como que “no generan contaminación ni fomentan la ganadería intensiva”. En el documento interno también se enumeran una serie de supuestos beneficios tanto ambientales como económicos de estas plantas, citando “la reducción de emisiones de CO2, el aprovechamiento de los residuos locales y la generación de subproductos útiles como el digestato.” Continúan afirmando que desde el PSN se apoya ” la planificación y la regulación, pero no el freno por el freno. Queremos una moratoria que sirva para mejorar, no para paralizar” y aporta argumentos contra los bulos que -afirman- circulan sobre las plantas de biogás.
El argumentario del PSN muestra su acuerdo “con la necesidad de ordenar y planificar la implantación de estas infraestructuras”, tildando de “razonable y responsable” crear una normativa específica “que regule mejor el uso de los digestatos y estiércoles, asegurando su correcta gestión agronómica y ambiental”. Con ese argumento han defendido lo que califican como “una moratoria razonable, que sirva para planificar el futuro sin poner en riesgo los proyectos ya en curso”, y remarcan que “no se trata de decir “no” a las plantas, sino de hacer las cosas bien, con orden, seguridad y sentido común.”

El PSN junto a las derechas navarras
El PSN se apoyo en las derechas (UPN, PP y VOX) para rechazar la propuesta que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin realizaron para aprobar una moratoria a la construcción de estas plantas en Nafarroa. Las Plataformas Navarras Stop Biometanización denunciaron entonces que con esta decisión, el PSN dejaba fuera de suspensión a la mayoría de los proyectos actualmente en tramitación, y que la moratoria solo afectaría a la tramitación de unas pocas plantas.
“La “moratoria” aprobada, lejos de ofrecer una protección real al territorio, se convierte en una simple pausa administrativa para los nuevos proyectos, mientras los ya en tramitación seguirán su curso hacia la autorización definitiva”, criticaron las plataformas vecinales.
Criticaron que ésta moratoria “en lugar de garantizar un verdadero punto de inflexión y un posicionamiento a favor del territorio y del mundo rural, permite que la mayor parte de los proyectos continúen tramitándose (y aprobándose), entre ellos los de Los Arcos, Sesma, Viana, Arróniz, Artajona o Murillo el Cuende y, en cuanto a los pocos que se ven afectados por la suspensión, solo van a ver retrasada 12 meses su inevitable aprobación”.
Las plataformas acusaron a PSN, UPN, PP y VOX de blindar los intereses de las empresas promotoras “en lugar de proteger la salud, el agua, el suelo y la supervivencia de las zonas agrícolas y ganadera”, y volvían a pedir “suspender todas las tramitaciones pendientes, garantizando que ninguna planta obtenga autorización mientras no exista una evaluación integral de impactos ambientales, sociales y económicos.”