ahötsa_

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos situado en Estrasburgo, ha condenado al Reino de España en 8 ocasiones por no investigar debidamente las torturas denunciadas en casos con claras evidencias de malos tratos. Dos de estos casos, fueron denunciados en primera instancia ante la jueza decana de Iruñea, Mari Paz Benito. Famosa por su fama de buena profesional, currante y de ser una instructora ágil, las denuncias de tortura se le han atragantado. Al menos no ha visto en los ojos de estas dos personas torturadas lo que un tribunal europeo a 1.250 kilómetros de distancia ha visto: evidencias claras de mal trato y una falta total de voluntad por investigar los hechos en las autoridades judiciales españolas.

A la jueza navarra, la defensa de Xabier Beorlegi y de Patxi Arratibel le solicitó que tomara declaración de ambos denunciantes, lo cual en el caso de Arratibel se tuvo que hacer vía videoconferencia, pues se encontraba encarcelado en Madrid. Beortegi lo pudo hacer en el mismo Palacio de Justicia de Iruñea. También se aportaron a la causa los informes médicos relativos a los reconocimientos realizados durante la incomunicación, en los cuales Arratibel afirmaba tener dolor de cabeza, que le dolían el rostro, los ojos, el cuello y la mandíbula, que no se sentía bien, que no había dormido mucho y que había oído gritos. Como la propia jueza pudo saber después al escuchar el testimonio de Arratibel, el de Etxarri no se había atrevido a denunciar claramente el trato que estaba sufriendo por parte de la Guardia Civil por el temor a las represalias, pero su estado dejaba en evidencia que estaba siendo mal tratado. Además, firmó su declaración policial autoinculpatoria con la palabra Aztnugal (Laguntza al reves, esto es, Ayuda), como forma de pedir auxilio ante el infierno que estaba viviendo en manos de la Guardia Civil.

Además de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los cuarteles donde permanecieron detenidos y que al parecer no existían, a la jueza navarra se le solicitó que identificara y tomara  declaración a los guardias civiles que tuvieron contacto con los arrestados, pero esto nunca ocurrió, y hubiera sido clave, porque así la jueza hubiera tenido la oportunidad de interrogar a los agentes y ver si incurrían en contradicciones. La toma de declaración de todos los médicos forenses que reconocieron a los jóvenes navarros durante el periodo de detención también hubiera aportado información más concreta sobre lo que en esos días vieron en la Comandacia de la Guardia Civil, pero esta prueba tampoco fue realizada. Así mismo, la jueza hizo caso omiso a la petición de tomar de declaración de los abogados de oficio que asistieron a Xabier Beorlegi y Patxi Arratibel, tanto en el cuartel de la Guardia Civil como en la Audiencia Nacional. Hay que recordar que en el caso de Beorlegi, durante su declaración en la Audiencia Nacional, el joven tuvo un ataque de ansiedad y se cayó de la silla, tras lo cual el abogado dijo que era evidente que el detenido había sufrido malos tratos y que su declaración en comisaría no era voluntaria.

Los jueces, pieza clave para acabar con la tortura o para su impunidad

Desde organismos por los derechos humanos y contra la tortura se ha denunciado en numerosas ocasiones la pasividad, cuando no complicidad, de los jueces de la Audiencia Nacional y de los juzgados ordinarios en la prevención y persecución de la tortura. Este delito, que se realiza en un ambiente de total impunidad al estar el detenido bajo incomunicación, es muy dificil de perseguir si no se ofrece credibilidad al testimonio del arrestado, ya que las grabaciones policiales o no existen o no graban los interrogatorios (por otro lado ilegales) y no hay más testigos de lo que ocurre que el detenido y sus torturadores. Es por ello que desde hace algún tiempo se viene aplicando el conocido como Protocolo de Estambul, que sirve para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar sus casos y reportar los hallazgos a la justicia o a
las agencias investigadoras. Evidentemente, la jueza decana de Iruñea no solicitó una prueba de este calibre.

Pero el hecho de que no hubiera tomado ni siquiera declaración a los torturadores deja bien a las claras la falta de voluntad en avanzar en la investigación. Esta toma de declaración se ha presentado como un instrumento eficaz en otros procesos, como en el que fueron condenados (aunque posteriormente resultaran absueltos por el Supremo) los guardias civiles acusados de torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola.

Estrasburgo le ha dado un tirón de orejas, y ya van dos, a la jueza Mari Paz Benito, pero aunque este medio de comunicación ha tratado de conocer su opinión en torno a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, desde la Audiencia Provincial se han negado a reaccionar públicamente y han avanzado que la jueza no realizará ningún tipo de valoración al respecto, aclarando eso sí, que respetan la decisión judicial, pero que se sienten avalados por las instancias judiciales españolas, que tras el archivo de la causa en el juzgado de Instrucción número 3, ratificaron esta decisión.