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A través de estos relatos, han querido dar visibilidad “a diferentes expresiones del Racismo Estructural que siguen reproduciéndose de manera sistemática en todos los ámbitos del sistema, y siguen condicionando las vidas de las personas migradas y/o racializadas, que siguen siendo relegadas a los márgenes sociales, políticos y culturales”, indican en una nota de prensa. En este sentido, recuerdan que más allá de las cifras y porcentajes de los casos atendidos hay que poner el foco “en estos relatos, que forman parte de nuestra memoria colectiva, discriminaciones que deben ser atendidas y reparadas”.

A través de este Informe, pretenden poner de manifiesto las diversas irregularidades detectadas en ámbitos como la protección social, la vivienda, la sanidad, el empleo y las derivadas de la aplicación de la Ley de Extranjería y el control de movilidad. El Informe concluye con una serie de propuestas y recomendaciones sobre todo dirigidas a las instituciones en los ámbitos anteriormente mencionados. En palabras de SOS Racismo “desmontar el Racismo supone denunciar la supremacía y el modelo económico y social impuesto que perpetua las desigualdades estructurales” ya que “es la desigual distribución del poder (económico, político y social) y de los recursos, aceptada como natural e inmodificable, la que tiene consecuencias lesivas para toda la sociedad, que además esta interesadamente categorizada en clases sociales clasificadas según el origen y/o la racialización, la condición económica/social y el género”.

“Resulta pues esencial cuestionar y destruir los factores estructurales que mantienen la desigualdad. No podemos aspirar a una convivencia en igualdad de condiciones y desde la tolerancia cuando no existe una igualdad de derechos efectiva”, dice el colectivo antirracista, que publica estos datos conscientes de que son “los hechos discriminatorios más visibles y menos normalizados, pero no son suficientes para entender cómo se manifiesta el racismo ni qué aspectos de la vida de las personas migradas y/o racializadas se ven más afectados o condicionados por ellos”, y que tampoco dan cuenta “de las dificultades de acceso a los derechos civiles, políticos, sociales y jurídicos, ni de la existencia de leyes y normas discriminatorias, bien porque excluyan de facto a determinados colectivos, bien porque omiten su existencia o no tengan en cuenta la realidad en la que viven”.

Sin embargo, consideran que sirven “como paradigma de aquello que se denuncia, a pesar de las múltiples dificultades para llevar a cabo estas denuncias”.