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En un escrito que la Delegación de Gobierno remitió a SOS Racismo,  si bien negaban la existencia de controles de identidad racistas, reconocían que se habían realizado 214 citaciones de extranjeros en 2021  al objeto de “valorar la posibilidad de tramitación de un expediente de expulsión”, a pesar de que en esas citas no se especificaba este objetivo, si no que se les citaba “en relación a su situación administrativa en España” bajo la amenaza de detención si no acudían.

“Queremos recordar que se trata de una denuncia en la que llevamos trabajando más de 3 años y que sigue produciéndose sin que ninguna Administración estatal o foral reconozca su existencia ni asuma responsabilidad alguna. Por ello, lo que venimos a reclamar al Parlamento es claridad, apoyo y compromiso para erradicar esta práctica y mientras siga sucediendo, mitigar sus efectos, porque entendemos que es una vulneración de derechos que afecta a personas a las que la normativa estatal de Extranjería les ha denegado ya un derecho tan fundamental como el de residir de manera regular”, han dicho las representantes de los colectivos antirracistas ante las puertas de la institución foral.

Como han subrayado, este tipo de prácticas “suponen una quiebra de confianza en las Instituciones y Administraciones públicas y tiene un efecto muy perverso en la convivencia, ya que afecta y condiciona el desarrollo de las vidas de personas que de por si se encuentran en una situación de vulnerabilidad jurídica impuesta”.

Han indicado que las instituciones navarras “no pueden seguir mirando a otro lado” y “deben asumir la responsabilidad de blindar los derechos y de mitigar los efectos de las normas estatales”, para lo que proponen que se genere normativa foral propia “que impida la vulneración de derechos de las personas que aquí viven o que por aquí pasan”.

A los y las representantes de la ciudadanía les han reclamado un posicionamiento e intervención directa para dar respuesta a este tipo de situaciones y que soliciten información a las instituciones y organismos estatales sobre los procesos de expulsión contra migrantes, así cómo que los cuerpos policiales dependientes de las entidades locales y del Gobierno foral no colaboren en este tipo de prácticas.