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Mikel Mazkiaran, Secretario de la organización, señala “en SOS Racismo, llevamos varios años preocupados porque a pesar de que parece no aumentar el número de delito de odio, existen toda una serie de actuaciones discriminatorias que están enquistándose en nuestra vida diaria, normalizando prácticas que como la discriminación en el acceso al mercado de alquiler de vivienda, o al mercado de trabajo o las identificaciones por perfil étnico no deberían tener cabida en nuestra sociedad”. Una discriminación que aunque de baja intensidad “supone el caldo de cultivo para la aparición de posiciones políticas y sociales que, como sucede en otros países de nuestro entorno, ahondan en la división social a través del señalamiento de colectivos vulnerables que ya forman parte de una sociedad diversa en la que la racialización y la diversidad son hechos que debemos aprender a gestionar”.

Muchas de las 17 recomendaciones que formula la ECRI han sido recogidas en el informe 2017 sobre el estado del Racismo y la Xenofobia, así como en Informes anteriores. Destacan en especial “la necesidad de aprobar una ley integral contra la discriminación y por la igualdad de trato” y destacan “el ridículo que España está haciendo en Europa, tras 18 años desde su exigencia legal, por no contar con un organismo supervisor de la discriminación verdaderamente independiente”.

También se subraya en este informe del ECRI la necesidad de una Ley de protección de víctimas de delitos de odio, que proteja a éstas independientemente de su situación administrativa –y que amplíe el concepto de delito de odio a otros supuestos recogidos en el Código Penal como son la denegación de prestaciones públicas y privadas, la discriminación laboral o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- y se complemente con planes integrales para la convivencia y la introducción de le gestión de la diversidad como uno de los vectores dentro de los currículos educativos.

Delitos de odio

Ahondando en la lucha contra este tipo de conductas, la Federación ha mostrado su preocupación en la lucha contra los delitos de odio, en la medida que hay “una desmedida tendencia para identificarlos sólo dentro del ámbito del enaltecimiento del terrorismo, recordando que este tipo de delitos, según el código penal están enfocados hacia “motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. Por ello desde SOS Racismo se hace un llamamiento a las diferentes fiscalías y de la Policía española recordando que “hay grupos vulnerables –personas racializadas, migrantes etc.- que sufren ataques xenófobos a través de las redes sociales y ocupan un segundo plano en los esfuerzos policiales y judiciales”.

Por último, a juicio de la Federación, las propuestas del Consejo, así como las iniciativas legislativas que puedan proponerse “no tendrán impacto si no van de la mano de la creación de una estrategia integral y consensuada entre administraciones públicas, sociedad civil y ciudadanía en las que la lucha contra todas las formas de discriminación, en sus formas directas, indirectas o virtuales, sea uno de los vectores de las políticas de convivencia”, por lo que instan a los grupos parlamentarios “a abordar de forma urgente los diferentes proyectos no de ley y transformarlos en una política de Estado”.