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Reconocemos el racismo institucional, estructural o sistémico como un hecho social total imbricado al sistema capitalista y patriarcal como es la sociedad en que vivimos. En SOS Racismo Nafarroa hemos presentado desde 1995 Informes donde se incluyen los casos de racismo y xenofobia recogidos en Navarra https://sosracismo.eu/informe-sos/ y en nuestro Informe Anual contra el Racismo 2020 comprobamos que en el 70% el agente discriminador era una entidad pública, lo que se denomina Racismo institucional.

La simulación y la falacia no debe tener cabida en esta lucha. Por ello, consideramos que el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia (2021-2026) presentado en diciembre pasado por el Gobierno de Navarra (con la invitación de a realizar aportaciones y comentarios no vinculantes) carece de la falta de reconocimiento del Racismo Institucional y Estructural existentes, así como de acciones políticas públicas concretas y definidas para combatir estos lastres sociales. No encontramos en este Plan prácticamente ninguna medida encaminada a atajar el Racismo Estructural e Institucional.
En suma, en el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 deja en evidencia el incumplimiento de las funciones y medidas institucionales a las que está obligado el Gobierno de Navarra de pretender, en la realidad, acabar con el racismo y la xenofobia que permea en todos los ámbitos.

Además de estas preocupantes situaciones, nos sorprende, y no gratamente, que se presente en el Plan como una propuesta nueva. Resulta sorprendente, cuando no indignante, el apropiacionismo que se hace de la labor que realizan, desde hace muchos años, las organizaciones que luchan contra el racismo en Navarra. Un “corta-pega” defectuoso que no logra ocultar las auténticas carencias del Plan, como es la ausencia de medidas para atajar y combatir el racismo institucional y estructural, o dicho de otra manera, para ejercer la acción de gobierno también en la lucha contra el racismo.

A las Instituciones no les pedimos que monten oficinas de denuncias o de acompañamiento a las víctimas del racismo y la xenofobia; lo que les pedimos es que tomen las medidas necesarias para que las denuncias que hacemos las organizaciones y desde las oficinas de denuncia antirracistas sean atendidas, sean resueltas, y no se queden en un cajón o una papelera. No se puede esperar, además, que las víctimas interpongan denuncias en una oficina de la misma institución a la que mayoritariamente denuncian (recordemos que el Informe-2021 de SOS Racismo recogía que en el 70% de las quejas presentadas era la Administración el agente discriminador). Tampoco compartimos que estas oficinas de denuncia deban ser “un espacio neutro, un espacio de denuncia no marcado”, como se indica en el Plan; en la lucha contra el racismo y la xenofobia no se puede ser neutro, hay que tomar partido por las personas más vulnerables, por las más desfavorecidas. Hay que estar marcado.

Al Gobierno no le pedimos que cree oficinas para sensibilizar o para celebrar el Día Mundial contra el Racismo, sino que cree organismos, preferiblemente con el grado de Instituto, hoy inexistente, para coordinar los distintos órganos del propio Gobierno y de la Administración que tienen competencias en este campo; para detectar y combatir el racismo estructural e institucional; para adoptar medidas estructurales que eviten la discriminación, que garanticen y se hagan efectivos los derechos de las personas migrantes, racializadas y gitanas.

Al Gobierno no le pedimos que ponga la pancarta antirracista en el balcón de las Instituciones, la pancarta la ponemos nosotras, las organizaciones sociales, en la calle. Al Gobierno, a las Instituciones, lo que les pedimos es que ejerzan su labor de gobierno para combatir el racismo y la xenofobia.

Desde hace años, le hemos reclamado a la Administración la creación de un organismo público con la figura de Instituto que coordine todos los organismos del Gobierno; que haga una labor de vigilancia e identificación de las estructuras que provocan o favorecen el Racismo Institucional (incorporando las ya detectadas por las organizaciones sociales) y que adopte las medidas legales o ponga los recursos técnicos, humanos y económicos para su erradicación, así como hacer un seguimiento, con criterios antirracistas, de las leyes y decretos que se promulguen.

En una revisión no exhaustiva en SOS Racismo hemos detectado medidas discriminatorias en los Decretos Forales 27/2011 y 11/2009, así como en las Leyes Forales 15/2016 y 16/2019, ¿por qué no empezar por la revisión de estas normativas señaladamente discriminantes? ¿por qué no iniciar por reconocer el camino mal andado y comprometerse en su reforma?, con la misma Ley de Extranjería, que concebimos como la máxima expresión del Racismo Institucional, una ley discriminatoria, racista y xenófoba. Ante esto, se hace imprescindible que previo a la publicación de cualquier normativa, la administración haga una revisión desde una perspectiva antirracista y antidiscriminatoria de ésta, cosa que no se hace y nada de ello queda recogido en el Plan presentado.

Vemos también que en este Plan se incluye la Matriz de agentes (departamentos, direcciones, institutos, etc.) para realizar la evaluación y seguimiento del mismo, sin embargo adolece de compromisos y propuestas concretas, que especifiquen los cambios normativos que va a realizar cada una en su ámbito de acción. ¿De qué sirve un extenso diagnóstico y un buen marco conceptual de partida que no se refleje y materialice ni en los objetivos ni en las acciones incluidas dentro del mismo?

El punto de partida de una verdadera lucha contra el racismo y la xenofobia debe tener un enfoque estructural en lo institucional/administrativo y comunitario en lo social. Esto es lo que esperábamos de un Plan contra el racismo y la xenofobia, pero el que ahora se nos ha presentado adolece de todos estos defectos: copia las tareas que son propias del movimiento social (y que realiza) y elude las tareas que son propias de una acción de gobierno.

El Plan del Gobierno navarro señala como objetivos “sustituir el odio o la discriminación hacia la persona por una actitud general de respeto y promoción de valores interculturales”, “poner las bases para una estrategia convivencial fundamentada en la tolerancia a la diversidad para la sociedad navarra”, “sensibilizar y luchar contra los estereotipos raciales y étnicos”.

Basta de hipocresía, si un Gobierno tiene como objetivo acabar con cualquier manifestación de racismo y xenofobia, deberá adoptar las medidas necesarias y poner los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para que ello sea posible. El sustituir odio y discriminación por “respeto” será la consecuencia de ello, no la medida a adoptar. La mayor parte de las medidas propuestas está enfocada a combatir prejuicios y estereotipos (actitudes personales/sociales), más que a lograr la transformación de la estructura racista de nuestra sociedad. Un gobierno tiene que combatir el racismo con medidas legales y con recursos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos (mermados derechos) que tienen las personas migrantes, gitanas y racializadas, no con interculturalidad y mucho menos con “tolerancia”.

La misma anotación se aplica a los apartados de “Prevención de los incidentes y delitos de odio por racismo y xenofobia” y al enfoque interculturalista que propone, pues sin igualdad, la interculturalidad no existe, es otra falacia, ya que parte de una aceptación del actual sistema y aspira a una igualdad entre las personas de diversos orígenes, sin aportar herramientas para cuestionar y desmontar los factores estructurales que mantienen la desigualdad.

Igualmente, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 no contempla en ninguno de sus apartados medidas para paliar la desigualdad en las llamadas cuotas de representación de las personas migrantes, gitanas y racializadas, sin presencia entre quienes les atienden en las instituciones ni en cargos políticos o de representación popular. Y aunque este fallo es detectado por el Plan, luego no figura ni se menciona en los ámbitos de actuación. Ocurre lo mismo en cuanto a la “Participación”, vemos que los procesos participativos actuales siguen diseñados desde un punto de vista académico de diagnóstico —incluso desconocedor de la realidad social, política, asociativa o cultural— y no de transformación de las desigualdades. Es necesario establecer canales de comunicación efectivos y vinculantes con las Instituciones; favorecer espacios de encuentro y fortalecer aquellos existentes, aprovechando el rico tejido asociativo existente en Navarra, enfocados a generar estructuras participativas que culminen en la toma de decisiones vinculantes con las Administraciones.

El documento da una gran importancia conceptual a la interseccionalidad y, especialmente, a la de género, pero luego en los ámbitos de actuación, en los objetivos y en las medidas a adoptar, el tema de género desaparece, incluso falta una redacción con lenguaje inclusivo. Nos preguntamos ¿de qué sirve un Plan que por ningún lado contempla a colectivos tan significativos como las trabajadoras del hogar y los cuidados; a las mujeres que ejercen prostitución?; que no aborda el problema habitacional que soportan las mujeres a cargo de hogares monomarentales; la igualdad de derechos de las familias transnacionales; el reconocimiento formal de los procesos de reagrupación familiar ni a las mujeres víctimas de violencia machista.

Otro tema que vemos que se presenta como una novedad es el reforzamiento de las medidas de acompañamiento de las víctimas. Desde SOS Racismo Navarra hacemos un trabajo de acompañamiento a las personas que así lo prefieran o la situación que así lo requiere, sin embargo, esto no soluciona la raíz del problema e incluso lo agrava, pues se favorece la desigualdad de trato entre las personas racializadas acompañadas. Este trabajo no puede ser uno de los objetivos principales del citado Plan. El poder público tiene la responsabilidad de garantizar la accesibilidad de servicios públicos con cambios estructurales que se integren en su funcionamiento diario, con medidas inclusivas y protocolos de atención igualitario a toda la población teniendo en cuenta las condiciones específicas de diferentes sectores de población. Por ejemplo, detener el recorte de prestaciones y derechos que el propio Gobierno de Navarra ha llevado a cabo con los menores extranjeros acogidos al sistema de protección social.

El documento tampoco detecta la necesidad de introducir cambios estructurales en el sistema judicial y en el modelo policial para superar las barreras en la interposición de denuncias y/o para que éstas prosperen. Observamos la inexistencia de unidades de delito de odio dentro de la Policía Foral y de las Policías Locales de Navarra; la necesidad de capacitación de las personas que recogen la denuncia; crear un organismo multidisciplinar que monitoree el discurso de odio allí donde se produzca, incluidas las redes sociales.

A pesar de que el Diagnóstico en el que se sustenta el Plan contra el Racismo y la Xenofobia detecta “los encuentros con la policía” como una de las principales barreras con que se encuentra la población migrante (añadiríamos a la población gitana y racializada), este aspecto no aparece en los Ámbitos de intervención del Plan. Efectivamente, el encuentro con la policía y la acción policial, en general, es uno de los apartados del racismo institucional que más quejas genera en la Oficina de Denuncias de SOS Racismo Nafarroa. En el informe Anual 2020 señalamos que 18,17% de las denuncias han sido relacionadas con las actuaciones policiales.

Si se pretende luchar contra el racismo y la xenofobia, es imprescindible la adopción de medidas para el control de la acción policial, a fin de garantizar que las mismas sean acordes y respetuosas con los derechos humanos y la dignidad de las personas, en este caso, migrantes, gitanas y personas racializadas, como la implantación de boletines de identificación; la colocación de cámaras en los espacios en que se encuentren personas privadas de libertad o retenidas; la grabación de las intervenciones policiales; la implementación del protocolo de Estambul en Navarra; de protocolos para una investigación veraz e independiente de casos de abusos o torturas policiales, entre otras. Todas ellas avaladas por la ONU y organizaciones de derechos humanos. Requerimos de medidas verificables para garantizar el fin de las identificaciones policiales por perfil étnico y de las citaciones ante la Brigada de Extranjería (“Citas trampa”) llevadas a cabo por los cuerpos policiales dependientes de las entidades locales y del Gobierno de Navarra, así como garantizar el cumplimiento del estatuto de la víctima, que se puede ver vulnerado en los casos en los que las personas denunciantes que acuden a denunciar un posible delito ante agentes de Policía, se encuentren en situación administrativa irregular y puedan ser sujeto de incoación o ejecución de expedientes de expulsión o comunicaciones de salida obligatoria, como consecuencia de las citaciones ante la Brigada de Extranjería citadas anteriormente. Obviamente, tampoco se proponen medidas para atajar estas carencias o problemas.

En cuanto al “Fortalecimiento del tejido social”, las entidades y organizaciones sociales seguimos a la espera de una mayor coordinación con la Administración y de una certidumbre en la viabilidad y continuidad de los proyectos, ya que, según el Plan, somos “imprescindibles para la Administración, a la vez que desprotegida por ésta”. Frente a ello, la única medida es la “continuación de los programas subvencionados a las entidades del tercer sector, sindicatos y organizaciones que llevan a cabo labores de acompañamiento y asesoría de víctimas”. Es decir, se propone una medida ya existente que, además, el propio diagnóstico cita como generadora del problema que se quiere evitar: la incertidumbre en la viabilidad y continuidad de los proyectos.

En los Ámbitos de intervención sectoriales como vivienda, empleo y educación, el objetivo general no plantea las competencias forales para asegurar leyes y normativas que luchan contra la especulación en materia de vivienda; la explotación en el empleo y segregación étnica en el sistema educativo que se presentan sistemáticamente reproduciendo los focos del racismo, así como la garantía el acceso y mantenimiento del derecho a una Sanidad Universal. Nos falta ver en este Plan una mirada estructural que se traduzca en la búsqueda de medidas para cómo hacer una inspección laboral efectiva; la regularización de precios de alquileres o creación de parques de viviendas protegidas; la adopción de medidas efectivas para evitar la segregación racial en el sistema educativo, tanto público como privado; establecer medidas y protocolos antidiscriminación en el acceso a locales de ocio y comercios, generar espacios educativos de convivencia y reforzar el apoyo técnico y económico a las asociaciones culturales que ya existen.

Urge también brindar apoyo legal en caso de amenaza de expulsión; el reconocimiento del derecho a Verdad, Justicia y Reparación para personas extranjeras que hayan sufrido violencia por parte del personal y funcionariado público o del Estado; la revisión de la normativa foral vigente que impide el acceso a derechos y servicios a personas en situación administrativa irregular, inclusión de personas que cumplan requisitos para regularizar su situación a través del empleo social protegido, etc., entre otras muchas más medidas.

Nada de ello queda recogido en el Plan presentado.

El colmo parece llegar –más alla de la evidente contradicción– con la propuesta gubernamental de “celebrar una jornada de reparación específica a las víctimas del racismo”, cuando, casi simultáneamente se aprueba la Ley Foral 16/2019, (que da reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos), pero excluye a las personas extranjeras residentes en Navarra.

De nuevo vemos que se hace énfasis en las formaciones, estudios, elaboración de materiales, campañas de sensibilización. Nos desilusiona ver la falta de medidas específicas y competencias de Departamentos forales en dicho material para avanzar hacia una lucha real contra el racismo. Es decepcionante pensar que en el 2026 no se habrá puesto en marcha un marco normativo más igualitario y justo en todos los ámbitos como la vivienda, educación, salud, empleo, cultura y ocio o seguridad.

Desde SOS Racismo Nafarroa continuaremos, como lo hacemos desde hace tres décadas, con nuestro cometido: dar visibilidad a diferentes expresiones del Racismo Estructural que siguen reproduciéndose de manera sistemática en todos los ámbitos del sistema y condicionan las vidas de las personas migradas y/o racializadas, relegadas de los márgenes sociales, políticos y culturales.

Finalmente, hay que señalar que consideramos este Plan como una oportunidad perdida, fallida; porque no se trata de que el Gobierno, las Instituciones, jueguen a ser movimiento social, sino de que ejerzan su labor de gobierno en la lucha contra el Racismo y la xenofobia, asumiendo las tareas que le son propias y que el movimiento social no puede realizar. Es una de nuestras reivindicaciones históricas, hasta el momento no atendida, y a la que el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia Navarra 2021-2026 tampoco da respuesta.