ahötsa_

Con fecha 2 de octubre el Gobierno de Navarra prohibió las salidas de las residencias y sólo permite las visitas en tres supuestos excepcionales. Estas medidas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia con posterioridad, estando reguladas en la Orden Foral 54/2020, de 11 de octubre, y siguientes.

La solicitud que realizan estos/as familiares viene antecedida por el precedente establecido en Castilla y León (auto nº 297/2020 de 6 de noviembre), donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha acordado no ratificar la medida relativa a la suspensión de las visitas en los centros residenciales de personas mayores y la salida de residentes desde el día 6 de noviembre por considerar que “las personas mayores, que viven en centros residenciales, son ciudadanos como los demás con los mismos derechos y cuya especial vulnerabilidad frente a la enfermedad transmisible de que se trata merece la adopción de cuantas medidas de toda índole sean precisas para hacer efectiva su protección, no necesariamente mediante una restricción mayor que el resto de los ciudadanos de sus derechos fundamentales”. La Sala señala también que no ratifica el acuerdo porque entiende que el marco normativo para adoptar este tipo de restricción de derechos fundamentales debe ser la Ley Orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, en lugar de la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

El grupo de familiares de personas residentes en la Casa Misericordia de Pamplona muestran su disconformidad con las medidas adoptadas por Gobierno de Navarra desde octubre y que afectan a las residencias al suponer –señalan- una vulneración a derechos fundamentales como son el derecho a las visitas y a la movilidad, además del derecho a la autonomía personal. Añaden que estas medidas, adoptadas bajo el argumento de proteger la salud de las personas mayores, están repercutiendo negativamente en el estado general de salud y bienestar de sus familiares, con consecuencias físicas y psicosociales que no están siendo suficientemente consideradas ni atendidas.

Por todo ello, solicitan a la Fiscalía y a la Sala del Contencioso-Administrativo que intervenga de oficio y realice los trámites legales oportunos que conlleven la anulación de las limitaciones de derechos fundamentales dictadas por el Gobierno de Navarra para los centros residenciales de personas mayores.