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Hoy numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Insttuciones Penitenciarias unas “Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”. Desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostenen que “es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfnamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”. Critcan que, “aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfnamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específca sobre cómo se hará en los centros penitenciarios”.

Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemátco, telefónico o personal con el objetvo de mantener la reducción de la población reclusa”. A este respecto, señalan que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”. No obstante, insisten en que es necesario la “ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”. Es urgente, apuntan, que de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artculo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”. Igualmente, recomiendan, al igual que numerosas organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confnamiento así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”.

Por otro lado, también señalan que es imprescindible “reactvar las actvidades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actvidades de tratamiento como las formatvas o de derivación a recursos externos “deben comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actvidades las que cumplen con el mandato consttucional de la pena privatva de libertad: la reinserción y resocialización de las personas presas”. En este punto, inciden en que es especialmente importante “recuperar el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de adopción de acuerdos referentes a clasifcación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas”. Así mismo es fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas programadas dada la importancia que tenen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más benefcios penitenciarios.”

Respecto a las medidas destnadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confnamiento”. De igual modo, apuntan que “es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”. Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y que “se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas”.

Por últmo, las organizaciones instan a la Secretaría General de Insttuciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tempo en que las personas presas no han podido partcipar en actvidades y programas de tratamiento, asegurando así que la fnalidad de la pena privatva de libertad tene un sentdo positvo”. De la misma manera, han solicitado que se lleva a cabo un “estudio de seroprevalencia que estme el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado antcuerpos frente a la Covid-19”.

Organizaciones frmantes
Altsasu Gurasoak,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
Centre Irídia,
Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
Comision Legal Sol,
Etxerat,
Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Oteando,
Red Jurídica,
Salhaketa Araba,
Salhaketa Bizkaia,
Salhaketa Nafarroa,
Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.