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La Red Ciudadana SARE ha dado a conocer los datos sobre la situación del Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas, que en la actualidad, está conformado por un total de 148 personas, de las cuales 142 se encuentran en cárceles vascas, y las otras 6 en prisiones del Estado francés.

Sare ha querido poner el foco en la stuación jurídica de las personas presas y del tratamiento que reciben cuando solicitan la progresión de grado para poder acceder a la libertad o a beneficios penitenciarios que les permitan su reingreso en la sociedad. Las Juntas de Tratamiento penitenciario de las cárceles vascas han propuesto la progresión a tercer grado en un total de 34 ocasiones. Salvo en 2 casos, el Gobierno Vasco, ha aprobado dichas propuestas y dictado resolución de progresión a tercer grado, según los datos aportados por Sare. Por su parte, el Ministerio Fiscal ha recurrido 6 de estas progresiones, y en 5 de estos casos, la interposición del recurso provocó la suspensión del tercer grado, volviendo inmediatamente a prisión, de manera provisional, hasta que se pronunciara el JCVP. En un caso, el tercer grado no se suspendió y a los pocos días el preso cumplió la totalidad de su condena de 30 años y quedó en libertad. El resto de presos se encuentran en prisión actualmente.

Sare considera que “aún falta un largo recorrido para poder hablar de normalización penitenciaria” ya que más de un centenar de presos y presas deberían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional tras haber cumplido gran parte de su condena y cumplir con los requisitos exigidos en las leyes. Sare considera que las progresiones al 3º grado se han realizado “de manera limitada, contenida” y que no han alcanzado a un numero significativo de presos.

“Valoramos, también, negativamente, la inexistencia de propuestas de acceso a 3G destinadas a presos/as en edad avanzada. Son varios los presos que superan los 70 años de edad, en todos los casos llevan cumplidos más de 20 años ininterrumpidos y con estados de salud no graves, pero sí delicados, como corresponde a dichas edades. En el mismo sentido, tampoco se han facilitado vías adecuadas para la progresiva excarcelación de presos de más de 65 años y estados de salud igualmente preocupantes. Personas con estos perfiles que no deberían estar, en ningún caso, en prisión”, ha denunciado Sare.

Por otro lado, Sare valora la aplicación del artículo 100.2, que permite a los presos salir de prisión para realizar labores de voluntariado, formación o trabajos remunerados. Un total de 20 presos se encuentran o han estado en esa situación. Ahora, Sare, solicita que se aplique este artículo también para la conciliación de la vida familiar, la reconstrucción de los lazos sociales y familiares…

Sare declara que la Administración vasca, quien tiene en exclusividad la competencia en la aprobación de los permisos ordinarios “ha sido muy limitada”. Para avanzar hacia un modelo penitenciario donde el régimen abierto sea la forma habitual/normal de cumplimiento de penas, Sare propone que las autorizaciones de estos permisos ordinarios de dos días no sean objeto de aplicaciones restrictivas “pues para su aprobación se han requerido, en la práctica, niveles de cumplimiento de la pena mayores que los establecidos por la legislación (en concreto, exigencia de cumplimiento de la ½ de la condena, cuando la ley permite acceder al régimen de permisos a partir de ¼ parte de la condena). Este criterio restrictivo no se aplica tan rigurosamente con personas privadas de libertad por otros motivos”, critica Sare.

“Resulta difícil de entender todo esto, cuando estamos hablando de presos/as con muchos años de condena cumplidos y pertenecientes a una organización que desapareció hace más de seis años. Y cuando el fin de la violencia se produjo hace más de 13 años. O cuando, en muchos casos, los hechos por los que estos presos cumplen condena ocurrieron en la década de los 90 del siglo pasado”. Sare recalca que de todos los presos liberados el nivel de reincidencia es de cero.

Sobre los recursos presentados por el Ministerio Fiscal, Sare celebra que se haya reducido en relación al pasado año, pero aún este porcentaje se encuentra muy alejado del 3% de los recursos que presenta la Fiscalía del País Vasco, en aquellos casos no relacionados con presos de la extinta ETA. En este contexto, y cuando ya han pasado tantos años desde la desaparición de ETA, Sare pide la desaparición de las legislaciones de excepción que “nada tienen que ver con los tiempos que vive la sociedad vasca”.
“Estas leyes de excepción, que afectan tanto a materias estrictamente de Derecho Penal como a materias relacionadas con el cumplimiento de la pena, imponen criterios contrarios a las percepciones avanzadas del Derecho Penitenciario. Por ejemplo, el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, o el no cómputo de las penas cumplidas en otros estados de la UE. Ello se justificó en su momento por lo que se denominó como “necesidades de la lucha antiterrorista” y la defensa del Estado de Derecho, rompiendo con la lógica integradora y reparadora de las penas en un Estado Democrático. Superada aquella situación, ¿qué cabe alegar, a deshora, hoy en día, sin violencias o amenazas, para su mantenimiento? Ya solo quedan los réditos políticos en la pugna de la derecha política y judicial por el poder, lo que trae como consecuencia la sustitución de la justicia de equidad por la venganza y la revancha”, opina Sare.

Por ello Sare ha vuelto a exigir “el fin de estas excepcionalidades” dando paso así “a los mecanismos integradores y humanistas de la Justicia ordinaria”.