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Después de reiterados intentos por parte de la Jueza Servini de Cubría para tomar declaración indagatoria a Martín Villa mediante solicitud de extradición remitida al Estado español –denegada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015- y posteriormente mediante las correspondientes comisiones rogatorias cursadas a los Juzgados y Tribunales del Estado español –habiendo sido rechazadas también-, con esta resolución se pretende cumplimentar un trámite procesal esencial para, en su caso, proceder al procesamiento de Martín Villa por los crímenes que se le imputan, lo que supondría un avance y un impulso muy importante en la causa.

Conviene recordar que los hechos por los que se imputan delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad a Martín Villa por parte del Juzgado argentino son los siguientes hasta la fecha:

    Masacre del 3 de Marzo de 1976 sucedida en Vitoria/Gasteiz, siendo Ministro de Relaciones Sindicales.

    Muerte de Rafael Gómez Jáuregui el 12 de mayo de 1977 en Rentería; de José Luis Cano Pérez el 14 de mayo de 1977 en Pamplona; de Francisco Javier Núñez el 15 de mayo de 1977 en Bilbao; de José María Zabala Erasun el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia: de María Norma Menchaca el 9 de julio de 1976 en Santurce; y de Arturo Ruiz García el 23 de enero de 1977 en Madrid. Durante las fechas indicadas anteriormente Martín Villa fue Ministro de la Gobernación/Interior.

Martín Villa ha expresado reiteradamente en la propia causa argentina y ante diferentes medios de comunicación que es de su interés prestar declaración ante la Jueza Servini de Cubría al objeto de no serle generada indefensión. Pues bien, en este momento, ya no tiene impedimento alguno que le prive de prestar declaración y esperamos que cumpla con lo que tantas veces ha manifestado al respecto.

Una vez más la querella argentina se convierte en uno de los instrumentos más eficaces de denuncia en relación con la política de impunidad mantenida por el Estado español respecto a la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista. Y ello a pesar de la conducta obstruccionista que el Estado español ha mantenido igualmente para impedir que la causa penal tramitada en Argentina avanzara y fuera impulsada adecuadamente. Esto es, ni investiga ni enjuicia dichos crímenes, y pretende que tampoco lo hagan Tribunales de otros países, incumpliendo gravemente con sus obligaciones internacionales.

Por ello, una vez más, también, se pone de manifiesto la importancia de las causas judiciales de carácter penal que se tramitan en virtud del principio de justicia universal laminado por el Estado español con la reforma que introdujo al respecto en el año 2014.

Quedamos a la espera de que finalmente, la Jueza Servini de Cubría pueda tomar declaración indagatoria a Martín Villa en la fecha señalada para ello, que sea procesado por los delitos que se le imputan y que, de una vez por todas, y a pesar del tiempo transcurrido, un Tribunal de justicia pueda dictar una sentencia en la que se establezca la verdad judicial sobre determinados crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la denominada “transición política” en el Estado español.

De igual forma esperamos que la resolución dictada por la Jueza argentina anime a que los Juzgados y Tribunales españoles procedan a investigar los diferentes crímenes que se imputan a Martín Villa. En este sentido conviene destacar que el pasado mes de enero de 2019 se presentó una querella criminal contra, entre otros, el propio Martín Villa, en los Juzgados de Instrucción de Pamplona –apoyada por el Ayuntamiento de dicha ciudad y por el Parlamento de Navarra- que aún está pendiente de resolver respecto a su admisión a trámite generándose, de esta forma, una nueva oportunidad para que un Tribunal del Estado dicte una resolución en la que se decida investigar los crímenes que se le imputan, en este caso concreto, por los sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 1978.