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El pasado 24 de marzo Salhaketa Nafarroa registró un escrito ante el Defensor del Pueblo de Navarra solicitando “su intervención inmediata ante el importante riesgo para la salud asociado a la difusión de COVID-19 en las prisiones y, por consiguiente, tenga un papel activo en el seguimiento de la situación en la cárcel de Pamplona e inste a las Administraciones estatales y navarras a cumplir con los principios aprobados por el CPT del Consejo de Europa”. En el escrito se muestra además la preocupación por “los efectos que puede tener el coronavirus en la salud y en los derechos de las personas presas”.

Desde que el pasado 27 de febrero se activara por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el protocolo de actuación para el caso de que una persona presa diera positivo en Covid-19 todas las medidas que se han ido adoptado se han caracterizado, denuncia Salhaketa Nafarroa, por el énfasis en la eliminación de los pocos derechos que tienen las personas presas, la restricción de los elementos más cercanos a la inserción, la restricción del contacto con las familias y las personas allegadas del exterior y un desprecio por la salud de las personas presas.

En lo que respecta a la cárcel de Pamplona, según se tiene conocimiento desde la Asociación de apoyo a personas presas, se señala que:

– las comunicaciones con familiares y personas allegadas del exterior se han limitado a comunicaciones telefónicas. Si bien es cierto que se han concedido 5 llamadas extras éstas deben ser costeadas por las personas presas por lo que la ausencia de dinero se traduce en una mayor incomunicación.

– Se ha excluido la entrada de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados… lo que supone la suspensión de todas las actividades que realizan estas entidades y/o personas (incluso las tratamentales).

Se han suspendido todos los permisos de salida penitenciarios, salidas programadas o cualquier otra salida (incluso tratamental).

– El día 16 de marzo por orden de la SGIP se suspende el Servicio de Orientación Jurídico Penitenciaria (SOJP). Desde el 18 de marzo el Servicio en la cárcel de Pamplona se continúa prestando de forma telefónica. A pesar de ser un servicio público gratuito el coste de la llamada se está imputando de nuevo a las personas presas limitando el acceso al servicio a aquellas personas que no se lo pueden costear.

Todo ello sin olvidarse que en la cárcel de Pamplona se está haciendo frente a esta crisis sanitaria con una atención médica totalmente deficitaria dado que se está prestando por un solo médico y con el respaldo de otro médico contratado por horas que acude a la cárcel 3 días a la semana 2 horas cada día.

Tras haber solicitado, junto a diversas entidades y asociaciones a nivel estatal, ante el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Defensor del Pueblo Español, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo la adopción de medidas en las cárceles respetuosas con el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad de las personas presas, Salhaketa Nafarroa lo solicitó también el pasado 24 de marzo ante el Parlamento de Navarra y ahora, solicita también la intervención del Defensor del Pueblo de Navarra con dos objetivos muy claros:

– Que obtenga información sobre la situación actual en la cárcel de Pamplona tras la declaración del estado de alarma. Dado que el Defensor del Pueblo de Navarra puede intervenir en todas aquellas actuaciones que deterioren el legítimo ejercicio de derechos constitucionales procede su intervención en este sentido en tanto en cuanto en la cárcel de Pamplona se encuentra privadas de libertad personas navarras o con arraigo en Navarra por cuyos derechos ésta institución debe de velar.

– Que fiscalice las actuaciones que desde el Gobierno de Navarra y sus distintos departamentos se están realizando respecto de la cárcel de Pamplona en relación con la pandemia del Covid-19. Dado que el Defensor del Pueblo de Navarra puede supervisar la actuación de la Administración de la Comunidad Foral para proteger y mejorar los derechos y las libertades públicos de los ciudadanos navarros procede su intervención en este sentido en tanto en cuanto en la cárcel de Pamplona se encuentra privadas de libertad personas navarras o con arraigo en Navarra por cuyos derechos ésta institución debe de velar.