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La recogida de firmas para exigirle al Ministro de Exteriores español, Alfonso María Dastis Quecedo, a la Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y al presidente Mariano Rajoy que se aplique un embargo militar a Israel viene motivado “por el elevado riesgo de que las armas o materiales de defensa puedan ser utilizados para cometer graves crímenes de guerra o contra la humanidad”. Así, se solicita la apertura de una investigación formal sobre estos homicidios y lesiones y poner a sus autores a disposición judicial. También piden sanciones a Israel, y condenar el cambio de embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, así como que se retire al embajador español de Tel Aviv de la misma forma que ya lo han hecho Turquía y Sudáfrica.

La población palestina en Gaza, sometida por el Estado de Israel a un inhumano bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 12 años, lanzó el pasado 30 de marzo la campaña de la Gran Marcha del Retorno. En ella, se reclama el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares. Desde entonces Israel ha asesinado a más de 100 palestinos y palestinas en las protestas semanales, 58 sólo en el 14 de mayo de 2018, y ha herido a más de 12 000, muchas con heridas permanentes para toda la vida.

” compra de material y tecnología israelí abarata los costes de su industria de ocupación y represión. Por ello, en primer lugar, esa compra nos convierte en cómplices de su acción criminal. En segundo lugar, la adquisición de su tecnología y asesoramiento implica la importación de procedimientos y doctrinas de seguridad desarrolladas y basadas en la vulneración de los Derechos Humanos y su aplicación en nuestras sociedades, minando nuestro propio Estado de Derecho”, opinan las organizaciones que impulsan esta iniciativa.