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120 profesionales del Área de Acción Social de Iruñea han emitido un comunicado para denunciar su situación laboral. Trabajan en las 13 unidades de barrio de Iruñea y en diferentes oficinas relacionadas con la inserción sociolaboral, de atención a la infancia y técnicas de apoyo.

“Trabajamos expuestas a una alta carga emocional, estrés crónico, burnout, conflictos éticos, amenazas e incluso agresiones. Estos riesgos psicosociales no se evalúan ni se abordan de manera efectiva, pese a ser una obligación legal. Nuestra salud mental no está protegida y enfermar se ha convertido en el precio a pagar por sostener unos servicios sociales saturados”, aseguran en un duro escrito dirigido a la opinión pública.
Han solicitado el reconocimiento de un complemento de riesgo “y se nos ha respondido que las medidas preventivas son suficientes”, pero ellas insisten en que su exposición al riesgo “es real y constante”.

En este sentido, relatan que en los últimos años se han dado situaciones de presiones por parte de algunos miembros de asociaciones y colectivos “que, en su legítima defensa de derechos, trasladan la tensión directamente a nosotras. Esto ha incrementado el riesgo de conflicto y agresión”. Se sienten cuestionadas y desautorizadas “por personas sin competencia profesional para ello, y se nos presiona para adoptar decisiones que contradicen nuestras valoraciones fundamentadas”. Recuerdan que ellas deben aplicar “un marco normativo que excede nuestras competencias y es de obligado cumplimiento, quedando en una posición de exposición constante”.

Estas desautorizaciones vendrían también desde otros estamentos. “Trabajamos en ocasiones sin protocolos claros y con criterios internos no comunicados, lo que genera desigualdad y arbitrariedad en la atención. Decisiones técnicas bien fundamentadas han sido modificadas por instancias políticas tras presiones externas, produciendo inseguridad profesional y agravios comparativos entre personas usuarias. Cuando se altera una intervención técnica por motivos ajenos al criterio profesional, se debilita el sistema y se erosiona nuestra legitimidad”, aseguran,

Además, denuncian una sobrecarga de trabajo con más tareas administrativas, más gestión de recursos externos, más encomiendas del Gobierno de Navarra (IMV, arraigos, informes de vulnerabilidad, etc.), más ratios y más responsabilidad y sin refuerzo de plantilla ni reconocimiento profesional. “La externalización de servicios no ha mejorado la atención. La sobrecarga se impone sin negociación ni análisis de impacto, ignorando los límites humanos y profesionales. Esto genera agotamiento colectivo y demoras inaceptables en la atención. No es admisible que una persona tarde meses en ser atendida dependiendo del barrio en el que viva.”

También se quejan de que no se sustituyen bajas, permisos y reducciones de jornada y que esto repercute en el resto del equipo “aumentando listas de espera y deteriorando la calidad de la intervención”.
Aseguran que el compromiso de ampliación “no se ha materializado” y que la experiencia piloto de Unidad de Tramitación que funcionó en Iruñea “ha desaparecido aquí, aunque se haya consolidado en otros municipios”.

Todo la lentitud en la resolución de prestaciones —Renta Garantizada, discapacidad, dependencia, IMV— genera malestar social y son ellas quienes reciben “esa frustración diaria, incluyendo presiones y coacciones, además de asumir la elaboración de múltiples informes sin criterios unificados”.

También critican que a pesar de asumir responsabilidades similares en diferentes equipos no tienen ni el mismo reconocimiento ni compensación. “Consideramos que esta diferencia constituye un agravio comparativo injustificado. Como profesionales municipales, exigimos condiciones equitativas sin que se traslade la responsabilidad a otras administraciones”.

Por todo ello reclaman respeto a su autonomía y criterio técnico, evaluaciones reales de riesgos psicosociales con medidas concretas y calendario de implementación, la sustitución inmediata de bajas y un refuerzo estructural de plantillas y una gestión pública “sólida” frente a la externalización “indiscriminada”. Además, demandan coordinación institucional para unificar criterios, “espacios reales” de participación en la organización de los servicios, la implantación inmediata de una Unidad de Tramitación para prestaciones económicas, el reconocimiento económico de la exposición al riesgo y la equiparación salarial de las figuras referentes con funciones equivalentes.