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Hoy se ha interpuesto una querella criminal por las torturas padecidas en
su día por María Concepción Edo Gil en los juzgados de Iruñea. Esta navarra fue torturada durante su estancia en la Comisaría
de Policía española cuando tenía tan solo 19 años, en junio de 1973, tras ser arrestada en el marco de la huelga de la
empresa Motor Ibérica, que daría lugar finalmente, el 14 de junio, a una
huelga general en el herrialde.

María Concepción Edo Gil fue acusada entonces de pertenencia al FRAP y
de propaganda ilegal. Junto a ella fueron detenidas diez personas más,
entre las que se encontraba Germán Rodríguez, militante de LKI, quien
posteriormente sería asesinado por la Policía durante los sanfermines de
1978.

Torturas y secuelas físicas
Permaneció detenida en manos de la Policía española durante
cinco días y desde el principio fue objeto de malos tratos, golpes
generalizados por todo el cuerpo, y amenazas permanentes, llegando a apuntarle
con una pistola en la sien. Durante toda su detención recibió un trato
vejatorio continuado por ser mujer, y fue
obligada a permanecer de pie durante la mayor parte del periodo de arresto.

Tras su paso por comisaría, ingresó en prisión. Allí,
debido a los dolores derivados de las torturas sufridas, fue llevada al hospital, donde le diagnosticaron ureteritis (placas ensangrentadas en
los uretes) y desplazamiento de la vejiga y el útero. Como consecuencia
de ello, le quedaron dolores crónicos en el vientre. Finalmente fue
trasladada a la cárcel de Yeserías (Madrid), de donde saldría en enero
de 1975.

Querella contra la Brigada Social
La querella se dirige contra dos de los policías pertenecientes a la
Brigada Político Social de la Policía (BPS) franquista, José Blanco
Martín y José Bernardo Barba, que le infligieron las torturas relatadas,
así como también contra el resto de sus compañeros que hasta ahora no
han podido ser identificados, sus superiores y los miembros del Tribunal
de Orden Público que la procesaron, juzgaron y condenaron.

Esta querella se suma a las otras cuatro presentadas en fechas
recientes en diferentes Juzgados del Estado español (Barcelona, Galicia,
Valencia, Madrid), tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y
a las más de 80 querellas interpuestas desde el año 2019.

Hasta la fecha, la respuesta dada por parte de los Juzgados y
Tribunales a las querellas presentadas ha sido negativa, rechazando su
admisión a trámite y procediendo a su archivo. Sin embargo, las organizaciones impulsoras de estos procesos judiciales, entre los que se encuentra la iniciativa Sanfermines 78 Gogoan, consideran
que “existen hoy razones de peso para entender que esto puede acabar”.

“En primer lugar, porque los Juzgados y Tribunales españoles deben
aplicar a estos crímenes contra la humanidad el Derecho Internacional
relativo a los Derechos Humanos, tal como lo han reclamado en reiteradas
ocasiones distintas instancias internacionales”, y
más todavía teniendo en cuenta que estos mismos tribunales españoles han
investigado o juzgado crímenes similares cometidos en terceros estados como
Argentina, El Salvador, Guatemala…

“En segundo término, porque también en el ámbito estatal ha cambiado el
marco de análisis de los crímenes del franquismo”, indican para apostillar a continuación que en el caso de Gerardo Iglesias, ex-secretario general del PCE, tres votos particulares discreparon de la postura del resto de jueces del Tribunal Constitucional que rechazaban investigar su denuncia de torturas. También la aprobación
reciente de la Ley de Memoria Democrática, que “debe servir
para aplicar la normativa internacional de derechos humanos hasta ahora
rechazada”.

Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
Desde Sanfermines 78 Gogoan y CEAQUA reclaman a los
jueces y magistrados que “se ponga fin de una vez a la política de impunidad
mantenida para con los crímenes contra la humanidad cometidos por el
franquismo y se proceda a dar, como se ha dado en otros países,
respuestas acordes con los estándares internacionales exigidos en este
ámbito.”

Reclaman así mismo que “se abran las puertas de la justicia para
investigar y juzgar estos casos ya que, de otro modo, la verdad sobre
estos crímenes solo podrá ser, como está siendo, parcial y cuarteada, la reparación minimizada y las garantías de no repetición seguirán
brillando por su ausencia”.