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La gran preocupación y movilización social que se está produciendo en los núcleos urbanos donde se proyectan este tipo de plantas es patente. En localidades como Biana, Lodosa, Sesma, Urantzia, Mendabia, Arronitz, Sartaguda, Bargota o Aras y en pueblos de Errioxa o Araba crece la incertidumbre sobre unas infraestructuras contaminantes y que provocaría grandes molestias a su vecindario. El número de alegaciones a estos proyectos (más de 10.000), son muestra de ello.

Representantes de estas plataformas populares se han querido dirigir hoy a los grupos políticos del Parlamento para ser escuchadas y denunciar que la implantación de estas plantas de biometanización “se está realizando sin atender a las características, necesidades y capacidad de carga de las zonas afectadas, sin criterios de planificación, evidente ausencia de legislación y mecanismos de control, falta y obstaculización al debate social y a la información”. Todo ello, aseguran, en favor “de la iniciativa de grandes corporaciones en la búsqueda de nuevos negocios lucrativos”.

Al parecer, hay previsto construir 4 plantas de biometanización de grandes dimensiones entre Arronitz, Sesma, Urantzia y Biana. “Plantas que no van ligadas a ninguna explotación agrícola o ganadera, sino que afirman que se abastecerían de materia prima de unas supuestas “explotaciones del entorno”, y que tendrían capacidad para alrededor de 563.500 toneladas de residuos anuales.

“En teoría, estas plantas pretenden descomponer la materia orgánica generada por el ganado para producir biogás, electricidad, calor, y devolver a los suelos el residuo final, el digestato, como mejora en la fertilización. Sin embargo, la realidad es muy distinta, tal y como lo estamos comprobando en distintos países europeos (Alemania, Países Bajos, Italia, Francia,) y distintas comunidades del Estado Español. Estas plantas no sólo tratan residuos agrícolas y ganaderos. Con ellos se mezclan otros residuos orgánicos derivados de la industrial del papel y cartón, de la industria del mueble y la silvicultura, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, los lodos de las depuradoras de aguas residuales urbanas, e incluso de las depuradoras de otros tipos de industrias. Ello provoca impactos que pueden llegar a cuestionar la sostenibilidad y el futuro de los suelos y recursos hídricos, base de nuestro sector agrícola, ganadero y de las comunidades locales”, han denunciado.

Aseguran que la capacidad de recibir residuos por parte de cada planta supera a los que se generan en los pueblos afectados, y ello les lleva a pensar que detrás vendrán más macrogranjas, mayor tráfico de camiones para traer residuos de lugares más lejanos yuna ampliación del espectro de residuos a tratar. “En consecuencia, menos agroganadería local, más contaminación de los suelos y peor calidad de los fertilizantes por presencia de metales pesados y otras sustancias”.

Otra de las grandes preocupaciones de estas plataformas vecinales es qué hacer con los residuos orgánicos – o digestato- que se genera tras el proceso de creación de biogás. “Va a generar problemas de máximo nivel”, aseguran. “Este proceso, en el caso de llevarse bien, exigiría extensos terrenos para desprenderse del digestato y fertilizar sin exceder la dosis. Sin embargo, la realidad tanto en Navarra como en otros lugares es terca: o se vuelve a transportar el digestato a largas distancias, lo que implica aumentar los costes, o se sobrefertiliza en lugares cercanos a las plantas de biometanización para ahorrarse gastos de transporte. Resultado: aumenta el riesgo de contaminación de los terrenos por exceso de nitratos”, algo que ya es a día de hoy un problema en Nafarroa.

Por ello desde las plataformas reclaman una moratoria, que se apueste por el sector agroganadero desde una perspectiva de desarrollo local equilibrado y sostenible evitando contaminar suelos y acuíferos con nitratos.

Explican que esta moratoria no afectaría a aquellas plantas que se proyecten para dar servicio a una sola explotación agrícola y/o ganadera “si no tienen un tamaño superior a las 10.000 toneladas al año”, y piden que haya una planificación pública y un proceso “que sirva para estudiar las necesidades locales, la idoneidad y conveniencia de estas plantas, con criterios de descentralización, autosuficiencia y calidad.”