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En este sentido, recuerdan que el pasado 13 de mayo “diversos organismos internacionales como la OMS, la OACDH, UNAIDS y la UNODC publicaron una declaración conjunta volviendo a llamar urgentemente la atención de los gobiernos respecto de la mayor vulnerabilidad que presentan las personas privadas de libertad respecto a la Covid-19”. Tal y como reconocen las organizaciones “es cierto que el Ministerio del Interior publicó una Orden para flexibilizar las restricciones adoptadas dentro de prisión desde la declaración del estado de alarma”, sin embargo advierten que “sigue siendo necesario reducir el riesgo de propagación del virus en los centros penitenciarios así como adoptar medidas más respetuosas con los derechos fundamentales de las personas presas y de sus familiares y personas allegadas” también en esta fase de desescalada.

En concreto, señalan que, respecto a la reducción de la población penitenciaria es necesario implementar medidas tendentes a su excarcelación por medio de “la concesión de progresiones a terceros grados y promoción de libertades condicionales, en su caso anticipadas, para aquellas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”. Así mismo solicitan el mantenimiento de los terceros grados en las formas articuladas en el estado de alarma ya que “ha demostrado que puede cumplirse sin incidentes y que es una medida efectiva para reducir la población penitenciaria, algo necesario más allá de la crisis sanitaria actual”.

En cuanto a las llamadas y videollamadas solicitan, además de la gratuidad de las mismas, el aumento del número de dispositivos disponibles dentro de prisión, así como la adopción de medidas para que las videollamadas se realicen en un ambiente con mayor intimidad y la instauración del sistema de videollamadas más allá del periodo de restricciones y de forma indefinida.

Por otra parte, celebran que se recuperen las visitas por cristal en la Fase 1 y 2, “pero se hace necesario que para la fase 2 y siguientes se recuperen, además, las comunicaciones vis a vis”. Sin embargo, debido a las restricciones de movilidad fijadas por el estado de alarma que impide el desplazamiento a otras provincias, numerosas personas presas no están pudiendo comunicar con sus familiares y personas allegadas al estar cumpliendo condena en otra cárcel diferente a la de su lugar de origen o arraigo. Por ello exigen que “todas las personas presas sean destinadas a un Centro Penitenciario que esté en la misma región sanitaria o provincia de su lugar de arraigo”. Se trata de una medida que se debe mantener en el futuro, ya que el “ordenamiento jurídico establece como un derecho de las personas presas el cumplir condena en el lugar de arraigo y es obligación de la administración penitenciaria hacer posible este derecho”. En este punto recuerdan que el Gobierno Vasco se ha pronunciado en el mismo sentido al solicitar de manera oficial a la SGIP que prepare un plan de acercamiento a las cárceles más cercanas al entorno familiar de cada persona presa. Así mismo solicitan que mientras no se realicen estos traslados se autorice a las familias y personas allegadas a trasladarse a cárceles de otras provincias para hacer efectivas las visitas a todas las personas presas.

Piden que esta misma medida se implemente también respecto de los permisos de salida que vayan a disfrutarse en otras provincias y señalan además que “es importante también buscar vías menos restrictivas que la cuarentena obligatoria al regreso por 14 días, por medio de la utilización de PCR o de otras medidas que posibiliten reducir ese tiempo”. En cualquier caso, “debe asegurarse que el tiempo que se pasa en cuarentena se tomen medidas para reducir al máximo la sensación de aislamiento”. Por otro lado, solicitan que “se tenga especial atención porque los centros penitenciarios pongan en marcha dichas actividades y las juntas de tratamiento vuelvan a su actividad ordinaria con la máxima celeridad posible”. En este sentido también afirman que “es fundamental que el tiempo transcurrido desde la suspensión de actividades y visitas para las personas presas se vea compensado de alguna manera y no se vean doblemente penalizadas por las restricciones del Estado de Alarma”.

En relación con la atención sanitaria, además de solicitar materiales de protección (mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico…) a todas las personas presas y a personal funcionario, recuerdan que la situación de la sanidad penitenciaria es deficitaria y se hace necesario adoptar medidas que no impliquen un deterioro de la asistencia sanitaria dispensada dentro de prisión. En este sentido, señalan que “es perentorio que la SGIP y las CCAA agilicen los trámites para que éstas asuman las competencias sanitarias respecto de las cárceles de sus territorios. Así lo estableció la Ley General de Sanidad 16/2003 en su disposición adicional sexta hace ya más de 15 años”.

Por ello, solicitan al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que “tenga en cuenta estas propuestas a la hora de confeccionar los planes de desescalada y de sus diferentes fases para asegurar que, además de las medidas para la prevención respecto del contagio y la propagación del virus, las medidas y la gestión de la desescalada se haga con un énfasis más valiente respecto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y de sus familiares”.

Las organizaciones firmantes son Altsasu Gurasoak, Asociación Libre de Abogadas y Abogados,  Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Sare- VIH, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Ateneu Llibertari de Gràcia, Centre Irídia, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (C.A.M.P.A), Col·lectiu akelharre, Col·lectiu Ananke, Col·lectiu Rossinyol, Comision Legal Sol, Comissió de Defensa de Il·Iustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB), Esculca, Etxerat,  Familias de Presos en Catalunya, Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza, Institut de Drets Humans de Catalunya, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Oteando, Pastoral Penitenciaria de Navarra, Red Jurídica, Salhaketa Araba, Salhaketa Bizkaia, Salhaketa Nafarroa, Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.