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5 personas serán juzgadas el próximo 13 de enero acusadas de atentado a la autoridad durante el popular “encierro de la villavesa” de los sanfermines de 2012. El fiscal pide un total de 10 años de cárcel para todas ellas, 2 por persona.

Ese día, y como ocurre desde hace 30 años, una multitud se congregaba a las 8 de la mañana en la cuesta de Santo Domingo, esperando a que el improvisado Induráin diera comienzo a la carrera que debía terminar, como todos los años en la Plaza de Toros. En ambiento festivo, los y las mozas hicieron el recorrido del encierro hasta que al final de la calle Estafeta se toparon con un cordón de la Policía Municipal de Iruñea, y agentes antidisturbios de la Policía española.

La Policía Municipal, también ataviada con material antidisturbio, roció a las personas allí presentes con gas pimienta, y la policía nacional cargó contra los jóvenes, tras lo cual se produjeron diversos incidentes por las calles de Alde Zaharra. Cuatro personas fueron detenidas esa misma mañana y una quinta al día siguiente.

Las personas acusadas en este juicio, en una rueda de prensa ofrecida junto a miembros del movimiento popular, han criticado que como en el caso de la ikurriña del Txupinazo, el Riau-riau o en el Txupinazo antirepresivo, ha vuelto a ser criminalizado el movimiento popular.  "La prohibición de todo acto que no figure en el programa del Ayuntamiento" evidencia a su entender cuál es el modelo festivo que UPN quiere para Iruñea. "Un modelo festivo en el que la participación ciudadana brilla por su ausencia, en el que se desprecia a una gran parte de las personas de esta ciudad. En el que lejos de inculcar valores dentro del modelo festivo, como el rotundo rechazo a las agresiones sexistas, la pluralidad y la convivencia, UPN sigue empecinado en imponer su propio modelo festivo que únicamente promueve el consumismo, el elitismo, y la invalidación de la organización y participación ciudadana en nuestras propias fiestas".

El próximo día 13, una concentración a las 09:30 de la mañana ante la puerta de la Audiencia Provincial de Navarra  denunciará la represión policial y exigirá la absolución de estas personas antes del inicio del juicio.