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Llevamos años asistiendo desde las instituciones a una Política de descapitalización del Sistema Público de Pensiones que les permita cuestionar la suficiencia del mismo, y apoyar políticas de privatización de las pensiones.
Descapitalización que se ha producido cargando a la Seguridad Social gastos que no son propios de ella, y que debieran de haberse hecho con cargo a los PGE como:

Las Pensiones no contributivas.
Las Pensiones de orfandad.
Las Pensiones a las familias
Las Prestaciones por maternidad.
Los Salarios de l@s funcionari@s
Las Subvenciones de empleo, etc.

Situación que ha venido siendo denunciada por el movimiento de pensionistas y que aunque las actuales recomendaciones plantea corregirlas en parte, no termina con esas políticas.

Valga como ejemplo de ese expolio la publicación realizada en verano de 2019 por un medio de comunicación navarro que cifraba en 15.500 millones de € el pago en pensiones durante 2018, por parte del sistema público, a personas que nunca habían cotizado a la Seguridad Social, como exmilitares y exfuncionarios, y que nadie cuestionó.

También, el estado ha hecho uso de los fondos de la Seguridad Social para cubrir otras partidas que debieran ir a cuenta de los PGE (rescate bancario, etc.). Y nada se dice de devolver al sistema público de pensiones los fondos que se le han quitado.

Se ignoran los superávits que el sistema tuvo durante decenas de años, donde las contribuciones al sistema por parte de la población trabajadora era muy superior a las pensiones que se abonaban. ¿Qué se ha hecho con ese superávit? ¿Hasta dónde llega la deuda del estado con la Seguridad Social? Hay estudios que cifran ese expolio en cientos de miles de millones de € y que daría para garantizar una pensiones públicas dignas duran más de 25 años.
Estas situaciones nos reafirma en que el sistema público de pensiones es viable, y que quienes desde distintos medios y organismos, públicos o privados, cuestionan la viabilidad del Sistema de reparto y solidaridad intergeneracional tratan de ocultan el intento de debilitar y privatizar el sistema público de pensiones en beneficio de la banca, seguros y fondos de inversión que solo buscan el incremento de sus beneficios a costa de la degradación social y el empobrecimiento de millones de personas, incluidas quienes están en los últimos años de su existencia.

Desde las instituciones públicas y los órganos de gobierno no se puede hablar de salvar a las personas mientras se proponen y aprueban medidas que, se sabe, van a contribuir a empobrecer más la vida de millones de personas al llegar a la edad de jubilación. Y esa es la vía que marcan las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Unas recomendaciones que si bien recomiendan que la subida de las pensiones tienen que darse con el IPC, deja abierta la puerta a que pueda no aplicarse, pudiendo volver a situaciones como la congelación que hizo el gobierno de Zapatero, el 0,25% del gobierno de Rajoy o medidas similares

A partir de ahí no asume, o lo que es lo mismo rechaza, las reivindicaciones que llevamos años pidiendo el movimiento de pensionistas en Navarra, en Euskal Herria y en el conjunto del estado para que se fortalezca el sistema público de pensiones garantizando unas pensiones dignas, como:

La garantía de una pensión mínima de 1080 € como base de unas pensiones públicas dignas, y un Salario Mínimo de 1.200€.
Poner fin a la brecha de pensiones entre mujeres y hombres.
Derogación de la reforma de pensiones de 2013 y de los aspectos regresivos de la de 2011 que están haciendo que las pensiones iniciales se vayan reduciendo año a año en relación con el último salario.
La derogación del factor de sostenibilidad, instrumento que supondría recortar todavía más las pensiones, y que junto con la reducción inicial que ya se está dando acercaría al objetivo de los poderes económicos de que la pensión inicial se reduzca hasta el 50% del último salario.
Derogación de las reformas laborales de 2012 y 2014 que han aumentado la precariedad, la inestabilidad laboral y los recortes salariales, lo que conlleva nuevas dificultades para poder acceder a unas pensiones dignas a millones de trabajadores y trabajadoras, tanto laborales como autónomos.
Jubilación a los 65 años de edad y anticipada a los 60.
Eliminación de la penalización por jubilación anticipada a quienes tengan 40 o más años cotizados.
Cotización, tanto para empleados como para empresas, por el 100% de las retribuciones.

El intento de alargar la vida laboral de las personas que trabajan en la economía productiva, servicios privados y autónomos hasta los 67 años choca frontalmente con el acuerdo alcanzado recientemente por PSOE y PP de mantener la edad de jubilación de las clases pasivas (funcionarios) a los 60 años (publicado a primeros de octubre en medios digitales) y supone un desprecio y un castigo para quienes se obliga a jubilarse a los 67 años y/o se plantea una mayor penalización si se jubilan anticipadamente, aunque se vean obligadas a ello por ser víctimas de unas reformas laborales cuya derogación ni se menciona .

Por último, y como aspecto más grave de las recomendaciones planteadas está la introducción de planes de pensiones privados a gran escala, a través de planes de empresa impulsados con fondos públicos y que contarían con gestión privada (léase bancos, aseguradoras, etc.), generando mayores diferencias sociales.

Si el no aceptar las medidas propuestas por los movimientos de pensionistas lleva a una degradación progresiva de las pensiones públicas, esta medida lleva a la UCI al Sistema Público de Pensiones, al sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional, aumentando la brecha social y de género.

Desde quienes nos movilizamos de forma permanente nos sentimos en la obligación y el derecho de exigir a las fuerzas políticas que se autodenominan progresistas y/o de izquierdas a hacer efectivo el lema “lo primero las personas”, oponiéndose a unas recomendaciones que suponen continuar con el desmantelamiento del Sistema Público de Pensiones de reparto y exigir unas pensiones públicas que permitan a las personas mayores, actuales y futuras una vida digna.

Por todo ello, llamamos a manifestarse el día 30 a las 12 desde Ayuntamiento