ahötsa_

En los últimos veinte años, según los datos recabados por diferentes organizaciones en defansa de los derechos humanos, 40 personas han sido víctimas de balas de goma en el Estado español. En el caso de Iñigo Cabacas, el impacto de una bala de goma en la cabeza provocó su muerte, y en la tragedia del Tarajal, el uso de balas de goma contra personas que estaban cruzando a nado la frontera fue determinante en el resultado de muerte por ahogo de otras 14. En estas dos últimas décadas, además, al menos 11 personas han perdido la visión de un ojo, entre ellas Aingeru Zudaire, vecino de Atarrabia que recibió el impacto de una pelota disparada por un policía español durante una huelga general.

n el manifiesto que hoy han dado a conocer Irídia, Novact, Stop Balas de goma y Ojo con tu ojo recuerdan que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales “ha de estar regido por los principios de legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad, no-discriminación, y el de rendición de cuentas según la normativa internacional y nacional”. Señalan así mismo que de acuerdo con el Derecho Internacional “las balas de goma no deben ser usadas de forma indiscriminada ni automática y, por lo tanto, no deben usarse en ningún caso para dispersar una manifestación o concentración”. Asimismo, “en ningún caso deben dispararse contra personas que están nadando o atravesando una valla fronteriza”. Otras normativas internacionales, como la Guía de Naciones Unidas sobre armamento “menos letal”, también hacen mención a esta munición utilizada por los antidisturbios, y se indica que se prohíbe disparar a la cabeza, el cuello, el pecho y la ingle, como zonas en las que el impacto puede causar lesiones especialmente graves.

“Sin embargo, más de la mitad de las víctimas por impacto de balas de goma documentadas en el Estado español, lo sufrió en la zona de la cabeza y otras 6 en el tronco superior del cuerpo. Cualquier arma capaz de producir un impacto letal, como es el caso de las balas de goma, debe estar sujeta a los mismos procedimientos legales y de investigación posterior al incidente como si se tratara de un arma de munición convencional. En el caso de las balas de goma, la inexistencia de marcas de identificación en la munición y en el arma, sumado a la aleatoriedad de la trayectoria del proyectil, hacen imposible su trazabilidad. Es un arma obsoleta, que no puede cumplir los estándares mínimos de rendición de cuentas que exige la normativa internacional en la materia”, determinan desde estas organizaciones.

Critican también que la falta de acceso a la información “repercute directamente en los mecanismos de rendición de cuentas: no consta que exista ni un solo procedimiento judicial por lesiones y/o muerte como consecuencia de una bala de goma. En ninguno de los casos, se ha condenado al autor material del disparo”.

Estas organizaciones van más allá asegurando que “el uso de las balas de goma con la finalidad de castigo, represalia o discriminación puede ser considerada tortura o trato cruel, inhumano o degradante, de acuerdo con la definición de la Convención para la prohibición de la Tortura”. Así lo confirman varias Resoluciones del Parlamento Europeo, que han apostado por la prohibición de las balas de goma en los países de la Unión Europea. “Cada vez más países han decidido suspender el uso de este tipo de armamento, tales como: Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Rumanía, Suecia, así como en la gran mayoría de Estados de Alemania”, recuerdan.

También en el Estado español algunos cuerpos policiales han optado por no utilizar las balas de goma. Mossos d’Esquadra en Cataluña y la Policía Foral y la Ertzaintza en Euskal Herria ya no lo hacen, aunque Policía española y Guardia Civil sí que las tienen a sudisposición utilizándolas en todo el territorio del Estado.

No existe ningún registro oficial de víctimas de balas de goma en el Estado español, y ello complica aun más el que las personas afectadas puedan ser reconocidas, obtengan justicia y sean reparadas. Por todo ello, las entidades firmantes de este manifiesto exigen al Gobierno del Estado español que se acuerde la prohibición del uso de las balas de goma y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que se acuerde una Proposición No de Ley en la que se inste al Gobierno a la prohibición del uso de las balas de goma. Además, les piden que se acuerde la creación de una comisión de investigación que aborde los casos de víctimas de balas de goma para evaluar el impacto ocasionado en la ciudadanía por el uso de estas armas.