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Recientemente, representantes políticos e instituciones navarras, como el Parlamento navarro o la misma presidenta Uxue Barkos, se han pronunciado en contra de la dispersión y han subrayado la necesidad de terminar con esta política que durante más de 25 años ha afectado a miles de personas.

“Una política cruel, que se ha cobrado ya 16 muertes en accidentes, 2 de ellas, las de las navarras Karmele Solaguren y Sara Fernández”, como ha recordado Sare. Una política, que obliga a los familiares y amigos a recorrer miles de kilómetros todas las semanas, que genera un gasto a los familiares de más 13.000 € al año y que obliga a menores de edad a realizar miles de kilómetros para una visita de tan solo 40 minutos. Sólo en Navarra, son 91 los niños y niñas que se ven afectadas.

“Ahora nos toca a nosotros y nosotras, a la ciudadanía navarra, defender esos derechos que a todas las personas nos corresponden, también a los presos y presas vascas, porque la privación de la libertad no exhibe del respeto al resto de derechos que nos corresponden por el mero hecho de ser personas. Es por tanto que en materia de derechos humanos, defender a un colectivo determinado que ve sus derechos vulnerados, es defender los derechos de toda la sociedad, también los nuestros propios”, han remarcado desde Sare.

“Nuevos tiempos requieren de nuevas recetas”, subrayan, y hacen un llamamiento a la ciudadanía navarra “a subir al tren de los derechos humanos” compuesto por personas de diferentes ámbitos como la cultura, el deporte, las instituciones “que tienen un mismo objetivo, acabar con la política de dispersión, una política penitenciaria sin sentido que tiene como único objetivo la venganza”.

“Terminar con la dispersión es un paso indispensable para avanzar hacia la solución al conflicto, facilitando un escenario de paz basado en la convivencia”, afirma Sare.