Los informes del IVAC registran más de 1.000 casos de tortura en Nafarroa desde 1960 hasta 2015

Hoy ha realizado la entrega del informe “Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad”, en el que se recogen 676 casos de tortura, a los que habría que sumar los casos recogidos en el informe sobre el periodo 1960-1978, con lo que en total serían 1.068.

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Representantes del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) han presentado hoy a la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, el informe “Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad”. En el encuentro han participado también el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, y el director del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, Txema González. Por parte del IVAC, han presentado el informe Laura Pego, Paco Etxeberria y Jeannette Ruiz Goikotxeta. El trabajo complementa otro que, de un modo similar, fue elaborado por el equipo del IVAC sobre la tortura en Navarra hasta 1978.

La consejera Ollo ha remarcado “el valor de un informe como éste, elaborado por un equipo investigador altamente cualificado, que visibiliza una gran vulneración de derechos humanos que se produjo en Navarra en las últimas décadas. Un informe necesario, que completa el realizado en 2017 y que va a servir como herramienta que ayude al proceso abierto de reconocimiento de víctimas por actos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos que está llevando a cabo dentro de la Comisión de Reconocimiento y Reparación en mandato de la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”.

“Durante años –ha añadido- organizaciones internacionales han hecho constar en sus informes su preocupación por el hecho de que la tortura fuera algo más que una práctica esporádica y casual, y el informe confirma lo que estas organizaciones habían apuntado insistentemente”. En este contexto, ha recordado la consejera, “la tortura en España ha motivado sentencias condenatorias del Tribunal Supremo y dictámenes contrarios por parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas”.

Para Ollo, el documento “representa un avance importante en el camino hacia el esclarecimiento de la denuncia de vulneraciones de derechos humanos en Navarra. Es imprescindible mirar críticamente al pasado sin olvidos ni desmemoria, porque cuando nos referimos a los derechos humanos, no podemos olvidar los derechos de algunas personas, sino que hay que tener en cuenta los derechos de todos”, ha declarado.

El informe presentado hoy ha sido elaborado con el objetivo de conocer y comprender las dimensiones reales de este fenómeno en el contexto de la violencia de motivación política, entre 1979 y la actualidad en Nafarroa. Se trata de una investigación formal, basada en criterios científicos, rigurosos e independientes. El trabajo realizado permite ofrecer datos certeros sobre la incidencia de estas prácticas en la población navarra, así como orientar las medidas de reconocimiento y prevención que resulten pertinentes.

Datos del informe
El informe señala que entre 1979 y 2015 se han identificado 676 personas que denuncian haber sufrido torturas y otros malos tratos en Nafarroa. Se estima que el número de casos alcanzará la cifra de 825 (676 + 22%), dato que se proyecta como resultado de los expedientes actualmente analizados e insertados en la base de datos (532 casos registrados que corresponden a 434 personas).

La suma de los datos obtenidos en la investigación anteriormente realizada (1960-1978) y la actual (1979-2015), arroja una cifra final proyectada que superaría los 1.068 casos sobre 891 personas afectadas para el periodo de tiempo 1960-2015.

Las bases de la convocatoria en la que se enmarca el estudio establecen que los proyectos objeto de subvención deberán contribuir a llevar a cabo con rigor informes de evaluación de la aplicación de los derechos humanos y de sus posibles vulneraciones en cualquiera de los ámbitos definidos en la Carta de los Derechos Humanos de 1948 y sus posteriores desarrollos normativos.

Indican, asimismo, que los resultados de los trabajos, una vez desarrollados, deberán ser presentados públicamente ante la ciudadanía, y también ante las instituciones responsables de la aplicación de los derechos humanos relacionadas con los informes objeto de la subvención, bien a nivel local, estatal, europeo o internacional.

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