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Los 18 miembros de Indar Gorri arrestados el pasado lunes deberán presentarse en el juzgado periódicamente acusados de haber participado en peleas y agresiones.
El polémico juez Otamendi, en un intento de desvincular esta operación de un ataque contra Indar Gorri, llegó a asegurar que se trataba de una acción contra personas que incluso “se aprovecharon económicamente de ese colectivo para sus acciones violentas”.

Según expone en los autos, del análisis de las conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados, de las múltiples vigilancias policiales y seguimientos efectuados, así como de los efectos y documentos intervenidos en los registros se desprenden “claros indicios” de las imputaciones.

Al respecto señala que, junto con otros individuos, formarían parte de un grupo que, “al amparo o bajo el paraguas del colectivo Indar Gorri e, incluso, aprovechándose económicamente de él, tendrían como finalidad, no el apoyo deportivo al Club Atlético Osasuna sino, pura y simplemente, la comisión de delitos de lesiones con ocasión de los partidos de fútbol” disputados por el club rojillo y otros equipos “con cuyas aficiones radicales Indar Gorri estaría hermanado o enfrentado”.

Durante la jornada de ayer, se llevaron a cabo interrogatorios en sede policial, ante lo que los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar. También recibieron la visita y el asesoramiento de sus abogados.

Algunos de ellos fueron conducidos a sus domicilios para presenciar los registros, a los que hay que sumar el que se llevó a cabo en el local alquilado por el colectivo en la trasera de la calle Río Ega iruindarra.

«Juicio paralelo»
Para Sortu, en cambio, esta operación policial «está pensada para tapar la connivencia política de la derecha navarra con el expolio de Osasuna».

Así, denunció el «juicio paralelo con gran repercusión mediática» sobre los detenidos, considerando «absolutamente inaceptable» que se haya prolongado su «situación de indefensión» durante 48 horas.