“Las políticas de vivienda no se pueden improvisar y requieren de un tiempo para su despliegue, pero estamos implementando medidas pioneras”
El Ayuntamiento de Iruñea ha presentado el programa Aukera, una ordenanza municipal que para transformar el acceso a viviendas municipales como servicio público de inclusión social, priorizando a personas en exclusión y emergencia habitacional. Este programa está destinado a personas o familias que no puede acceder siquiera a las viviendas protegidas, "a las más vulnerables, al eslabón más débil de la sociedad" en palabras de Joxe Abaurrea, Concejal Delegado de Ciudad Habitable y Vivienda en el consistorio iruindarra.
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¿Por qué habéis visto la necesidad de este programa, quiénes son las personas que se podrían beneficiar de él y cuáles son los principales requisitos que deberán cumplir?
En 2015, cuando entramos al gobierno municipal fruto de aquella oleada de ayuntamientos del cambio, nos encontramos con alrededor de 200 viviendas municipales vacías con posibilidad de rehabilitación, una situación social muy dura en relación a la vivienda y los desahucios y un lema que decía “ninguna persona sin casa, ninguna casa sin gente”. Pusimos en marcha un programa de emergencia habitacional y otro de rehabilitación y puesta a disposición de esas viviendas. Eso está conseguido, pero no es suficiente porque no cumple todos los objetivos deseados entorno a la exclusión social derivada de la falta de vivienda.
El destino de este programa de vivienda es para aquellas personas o familias que no puede acceder siquiera a las viviendas protegidas, a las más vulnerables, al eslabón más débil de la sociedad. Algunos requisitos básicos son el no haber rechazado otro recurso habitacional similar, estar empadronado o con residencia efectiva de dos años, que cumplan con normas básicas como el pago del alquiler, siempre que dispongan de un mínimo de renta, o la convivencia vecinal.
“Aukera es un programa de vivienda es para aquellas personas o familias que no puede acceder siquiera a las viviendas protegidas, a las más vulnerables, al eslabón más débil de la sociedad”
Afirmáis que es “una solución vanguardista”. Para su diseño, ¿os habéis basado en otros programas que ya se estén aplicando en otros lugares o es un proyecto genuino de Iruñea?
Fundamentalmente nace de la experiencia acumulada en estos años con el anterior programa de emergencia habitacional, del conocimiento del personal técnico municipal, de otras experiencias en instituciones o con entidades sociales con asuntos como el acompañamiento, la vivienda compartida, la idea de alojamiento dotacional… Lo pionero es poner todos los elementos de manera organizada, integral y con estrategia en una ordenanza. Y conectarlo como parte de nuestro Plan de Vivienda Asequible, es decir, que tenemos que poner en marcha recursos para que exista un parque de vivienda en alquiler asequible al que puedan incorporarse de manera estable y definitiva una vez completen el itinerario de esta nueva ordenanza. Porque actualmente casi no hay oferta de este tipo de vivienda en la ciudad y eso impide esa inclusión definitiva. Y eso también lo estamos trabajando con intensidad.
“Tenemos que poner en marcha recursos para que exista un parque de vivienda en alquiler asequible al que puedan incorporarse de manera estable y definitiva una vez completen el itinerario de esta nueva ordenanza“
El programa, además de ofrecer una vivienda, contempla también un acompañamiento a través de los servicios sociales. ¿Qué tipo de servicios contempla este acompañamiento?
El acompañamiento es fundamental para garantizar, a través del conocimiento de la evolución de las familias y el asesoramiento en diferentes materias como el acceso a ayudas o al mercado laboral, una capacitación suficiente para salir en un plazo razonable de la exclusión social y disponer de recursos económicos y sociales para valerse por sí mismos. Este acompañamiento será gradual, con un nivel muy intenso al principio en la modalidad de emergencia y mientras se esté en vivienda compartida, para ir reduciendo esa intensidad hasta que quienes residan en estas viviendas estén en disposición de salir del programa.
Habéis lanzado otro mensaje a quienes a día de hoy residen en viviendas municipales, indicando que “nadie que cumpla los requisitos establecidos en la nueva ordenanza y que esté actualmente alojado en viviendas municipales tendrá que salir de ahí, aunque lleven tres años o más en ellas”. ¿Hay muchas familias en esta situación?
Alrededor de la mitad de ellas. La reflexión y actualización del trabajo entorno a la vivienda como herramienta para la inclusión social y la nueva estrategia tenía que haberse hecho mucho antes, pero hemos sufrido un parón de más de cuatro años por quedar el gobierno municipal en manos de las derechas. En una gran parte es fruto del abandono al que han sometido a este programa durante estos años.
¿Cómo vais a intervenir con ellas?
Vamos a realizar una campaña personalizada de información sobre el nuevo programa y una oferta para cambiar su situación por esta nueva realidad que le va a portar más recursos sociales y mayor tiempo de estancia.
“El trabajo entorno a la vivienda como herramienta para la inclusión social tenía que haberse hecho mucho antes, pero hemos sufrido un parón de más de cuatro años por quedar el gobierno municipal en manos de las derechas”
Sobre el dinero que tendrán que pagar las familias o personas que accedan a estas viviendas, habéis tomado algunas decisiones. ¿Nos lo puedes explicar brevemente? ¿Qué criterios se aplicarán?
Los requisitos de renta son muy bajos al principio, en la fase de emergencia, porque se trata de unidades familiares con muy pocos o ningún recurso, y se van adaptando paulatinamente según vayan prosperando con un tope máximo de la VPO.
Para las viviendas de emergencia y las de estabilización compartida el precio siempre será inferior al 25% de su renta. Para las modalidades de estabilización no compartida y de transición, en función de su renta familiar disponible, pagarán el 25, el 50 el 75 o el 100% del precio establecido por el Gobierno de Navarra para la VPO. Las víctimas de la violencia pagarán el 10% el primer año y el 25% el segundo.
A esto se les suman los consumos energéticos. Es muy importante para estas familias que vayan estructurando la disposición de su renta contando con el gasto destinado a vivienda para este proceso de capacitación.
Para poner en marcha este programa habéis anunciado también un incremento del personal municipal. ¿Cómo quedará el organigrama y qué nuevos técnicos se sumarán a la gestión municipal?
La gestión se realiza y se coordina desde la Oficina Municipal de Vivienda (también creada en el mandato 2015/19) con especial intensidad con el Área de Acción Social que llevarán el peso del acompañamiento. La Oficina cuenta en la actualidad con una jurista, una trabajadora social, una arquitecta técnica y tres administrativas a las que se les sumará en breve una persona responsable de la misma. Por otro lado, a través del programa Etxe bat de Acción Social hemos pasado de tener una sola persona para los acompañamientos a disponer de 13, toda una declaración de intenciones del grado de prioridad que damos a este servició municipal. Hay que tener en cuenta que la preparación de esta ordenanza, con sus debates técnicos correspondientes, nos ha llevado muchos meses y que su gestión y seguimiento va a requerir de mucho esfuerzo.
Entre los requisitos para acceder a viviendas municipales se menciona el empadronamiento en Iruñea o la residencia efectiva demostrable de más de 2 años antes del acceso al programa. A día de hoy, en Iruñea, hay muchas personas en situación de calle que será difícil que puedan acceder a este programa, para ellas ¿qué puede ofrecer el Ayuntamiento?
El itinerario de inclusión que favorece la nueva ordenanza y que concluye con el acceso de las personas a viviendas del mercado normalizado se fundamenta en el acompañamiento social y una garantía de ingresos e inserción laboral repartido en tres fases: la de emergencia económica, la de estabilización y la de transición. En cualquiera de las fases, especialmente en la emergencia económica, se podrá excepcionar ese plazo.
En este momento lo que denominamos como situaciones de calle ha superado con creces la dinámica tradicional y ahora es un hecho mucho más ligado a la migración que nos desborda por su intensidad, su movilidad y, sobre todo, por la falta de competencias en temas tan necesarios en políticas migratorias y en itinerarios de inclusión social como es su regularización administrativa para el acceso al mercado laboral. No obstante, con esta nueva ordenanza queremos ser más eficientes en la gestión de nuestros recursos habitacionales para que haya más procesos de éxito, por tanto, mayor rotación y, en esa medida, mayor capacidad de acogida.
Esta situación actual requiere además de compromisos de todas las administraciones locales y del Gobierno de Navarra en aspectos como la coordinación de recursos existentes.
“Las situaciones de calle ha superado con creces la dinámica tradicional y ahora es un hecho mucho más ligado a la migración que nos desborda por su intensidad, su movilidad y, sobre todo, por la falta de competencias”
Para terminar, el acceso asequible a una vivienda digna a día de hoy en la capital navarra y sus alrededores es toda una odisea. ¿Creéis que con las medidas que se están tomando a nivel municipal y con otras que han tomado otras Administraciones Públicas estamos en vías de resolver este problema?
Yo diría que sí. Nos lo estamos tomando muy en serio y disponemos de un Plan Municipal de Vivienda Asequible muy ambicioso, realista, muy pormenorizado técnicamente que va a ir dando sus frutos en los próximos meses y años. Las políticas de vivienda no se pueden improvisar y requieren de un tiempo para su despliegue (después de 4 años en blanco de las derechas), pero aquí también estamos implementando medidas pioneras como poner en marcha suelo dotacional y vivienda asequible, sustituir suelo terciario por suelo residencial para vivienda protegida, impulsar la promoción de vivienda en cooperativa, prohibir nuevos apartamentos turísticos en el Casco Antiguo y, a la vez un plan de vivienda protegida para este barrio (que no se había hecho nunca), etc. con un objetivo a corto plazo, entre 2 y 5 años, de unas 1.200 viviendas de alquiler asequible o protegidas en la ciudad consolidadas. También está el control de los precios del alquiler a través de la declaración de zona tensionada. Y esta ordenanza como una pieza muy necesaria para enganchar con las personas más débiles. Somos conscientes de que el reto es muy importante, muy necesario y muy difícil, pero los esfuerzos, los recursos y la decisión están puestos sobre la mesa.
“Las políticas de vivienda no se pueden improvisar y requieren de un tiempo para su despliegue, pero estamos implementando medidas pioneras”
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