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Padres y madres de las personas detenidas tras la trifulca del pasado 15 de octubre en Altsasu han difundido un comunicado en el que lamentan “profundamente” lo ocurrido y lo enmarcan “en una pelea de bar, a altas horas de la madrugada”.

Afirman sentirse “indefensos, desamparados y muy preocupados” por el futuro de sus hijos e hijas y “por el sobredimensionamiento de los hechos y ante la posibilidad de petición de penas desproporcionadas, al haberse calificado como acto terrorista”.

“No entendemos las detenciones cuando voluntariamente se habían personado a declarar en diversas ocasiones. Tampoco entendemos la aplicación de unas medidas cautelares que consideramos exageradamente desproporcionadas y fuera de lógica, como es el caso de prisión incondicional para 7 de ellos, puesto que la voluntad de nuestros hijos e hijas, así como la nuestra, es que estén en casa retomando su día día forjándose un futuro”, dicen en el comunicado difundido.

Insisten en que el riesgo de fuga “es nulo” y piden el amparo a todas las instituciones “para que esos hechos sean juzgados en el Juzgado nº3 de Navarra, donde comenzó la instrucción y donde figura el informe de la Policía Foral, la que en su día se hizo cargo del caso y a la que consideramos competente en este tema”.

Así mismo expresan su solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas “a partir de unos hechos que entendemos nunca debieron ocurrir, y por extensión a todo el pueblo de Alsasua al que queremos agradecer sus muestras de apoyo y solidaridad con nosotros”.

Retiran las acusaciones contra Edurne Martinez

La jueza Carmen Lamela indica en su auto que la joven fue identificada inicialmente por los guardias civiles y sus parejas en las fotografías que se les mostraron en la rueda de reconocimiento a la que fue sometida, si bien luego la apuntaron como presente en el lugar de los hechos pero no como «agresora».

Esta joven y otra altsasuarra quedaron en libertad en la noche del pasado lunes tras prestar declaración ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española.

La jueza les impuso la obligación comparecer cada quince días en el juzgado, les retiró el pasaporte y les prohibió salir del Estado español sin autorización judicial. Estas medidas desaparecen ahora para una de ellas al haber sido sobreseída provisionalmente la causa respecto de ella.