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La semana pasada, la Policía española realizó una operación que se saldó con la detención de 61 personas relacionadas con Indar Gorri a las que acusaba de graves delitos. Sin embargo, tras pasar por delante del juez quedaron en libertad y sin medidas cautelares. Incluso el juez llegó a desmontar las tésis policiales.

Ahora, además, se sabe que algunas detenciones se realizaron en los puestos de trabajo de estas personas, y que la Policía no contaba con autorización judicial para entrar en esos centros laborales. LAB ha podido contrastar que la Policía Nacional española irrumpió y accedió sin autorización judicial en, al menos, dos centros de trabajo para las detenciones. “En uno de los casos, agentes de paisano de la policía española accedieron al edificio del comedor escolar sin la imprescindible autorización judicial y sin aviso previo al personal del centro, ocupando las salidas del mismo. Cuando el trabajador apareció acompañado de los niños y niñas que se preparaban para ir a comer, es decir, mientras realizaba su trabajo, lo interceptaron para efectuar su detención”, asegura LAB.

En el otro caso contrastado por LAB, la propia empresa impidió el acceso de los agentes españoles por no presentar la mencionada autorización judicial. “Este sindicato tiene conocimiento de que actuaciones similares ocurrieron también en otros centros de trabajo de Navarra. Este es un proceder inadmisible e injustificado que atenta contra los derechos de los y las trabajadoras”, denuncia el sindicato.