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El pasado mes de mayo, cinco personas fueron juzgadas tras haber sido acusadas de un delito de odio por unos incidentes entre miembros de diferentes peñas con integrantes de la Peña Mutilzaarra, ocurridos en la Plaza de Toros el 14 de julio de 2022. La Federación considera que, a pesar de que no era este ente el juzgado, tanto los informes policiales como algunos medios de comunicación trataron de ligarlas con los hechos.

La sentencia desecho que hubiera un delito de odio, echando por tierra las tésis policiales, pero esto no ha sido óbice para que la persecución continué, en concreto hacia la peña Sanduzelai.

Según han revelado hoy, en los incidentes del día 14 que se sucedieron fuera de la Plaza de Toros, según la denuncia presentada por la persona que recibió un manotazo en la cara, se describió al joven que le propinó el tortazo como socio de esta peña. En el atestado al que han podido tener acceso, se refleja que el agredido, el mismo día 16 de julio aportó imágenes de lo ocurrido para identificar  al    agresor. Al día siguiente la Policía española solicitó a la Peña Sanduzelai el listado completo de todas las personas socias. La Peña se negó a la entrega de esos datos a la Policía poniéndose a disposición de las autoridades judiciales si estas consideraban que era necesario. La Policía, sin embargo, insistió al día siguiente advirtiendo en esta ocasión que la  colaboración era obligatoria y que no informara a los y las socias de la transmisión de sus datos. Les amenazaba también con una posible multa de hasta un millón de euros si persistían en su negativa, siendo responsables de ello los miembros de la Junta Directiva, quienes aparecían identificados.

La respuesta de la peña, mediante su  abogado, fue la de plantear una consulta ante la Fiscalía sobre la conveniencia o no de cumplir dicho oficio “por entenderlo inmotivado, arbitrario y excesivo.”

Días más tarde, la persona agredida comunicó telefónicamente a la Policía la persona que le agredió se puso en contacto con él reconociendo los hechos y pidiendo perdón, pocos días después de los hechos.

La Policía española tambén solicitó a la peña La Jarana un listado completo con los nombres, dnis y teléfonos de todos sus socias y socios mayores de edad. La peña La Jarana contestó en términos similares que la peña Sanduzelai a la solicitud policial.

Y a pesar de que por la declaración de la persona agredida, que esta identificó a sus agresores mediante fotografías y que incluso hubo un reconocimiento de lo ocurrido por parte de uno de los agresores, la policía volvió a solicitar la entrega de la lista de todas las socias y socios, amenazando con la sanción de hasta un millón de euros.

La Peña Sanduzelai, ante el silencio de la Fiscalía y la persistente amenaza policial, se vio en la obligación de enviar el listado solicitado.

Las Peñas se han mostrado muy enfadadas con la actitud policial. “No hay ni ha existido en ningún momento ninguna necesidad de la investigación que hiciera necesaria la entrega de los datos de 200 personas. ¿Para qué quería la lista si ya estaba identificado el autor? ¿Para qué han utilizado esa lista? ¿Y dónde está ahora?”, se han preguntado.

Ya han solicitado una reunión urgente con la Delegada del Gobierno español en Nafarroa informar del por qué y para qué se han utilizado los listados de las socias de la peña y exigir la devolución de los mismos y que se certifique que han sido borrados de cualquier base de datos o ficheros que pueda utilizar la Policía.

“También le preguntaremos si van a tomar algún tipo de medida contra este instructor por lo acontecido, una vez vista la sentencia queda más que acreditado que su teoría conspiranoica es totalmente falsa. Un funcionario público que actúa así es un peligro para la convivencia especialmente en los sanfermines”, han declarado, y no descartan tomar medidas legales ante lo que consideran “un abuso de poder”.

También han criticado el papel de la Fiscalía. “No vamos a hacer leña del árbol caído, ya que bastante tendrá con asumir los términos de la sentencia, pero sí que queremos denunciar que no se haya protegido los derechos de las socias y socios de nuestra peña para dar pie a un informe policial sin sentido”.