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Begoña Alfaro, en declaraciones a los medios en nombre de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de los y las vecinas de los bloques de Arrotxapea, Buztintzuri, Sanduzelai y Etxabakoitz ha recordado como se han dado las negociaciones. “El Gobierno de Navarra se entera gracias a las vecinas y a la PAH de la intención del fondo buitre de subir los alquileres un 60% sobre el baremo, lo que en muchos casos suponía un 450%. Las vecinas se enteran por el fondo buitre que es el nuevo propietario, que su vivienda ya no es protegida y de su intención de incrementar los precios. El Gobierno de Navarra no les comunica nada.

Como medida contra esta decisión, el Departamento de Vivienda solicitó a TESTA limitar los alquileres de las viviendas que tenían alguna subvención, a 650 euros, para que así algunas de ellas pudiesen entrar en el programa de subvención al alquiler, pero esta medida no contemplaba a todas las familias.

Posteriormente, las asambleas de vecinas en coordinación con la PAH, se reunieron con el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra y con distintos partidos, y les explicaron que esa solución echaría a la calle a la práctica totalidad de las familias, ocasionando una situación extrema dado el precio del alquiler libre y la falta de vivienda que hay en el mercado, así como la falta de previsión del Gobierno de Navarra y la ausencia de un parque de viviendas público que pueda atender la escalada de desahucios que esta situación puede provocar.

Finalmente, el Parlamento aprobó la medida de limitación del precio a 650 euros, pero tal y como recuerdan desde la PAH, solo para las familias que tenían derecho a subvención, dejando abierta la posibilidad de aplicar otras medidas.

La Plataforma opina que la solución pactada por el Gobierno y TESTA “es insuficiente y se queda corta”. “En primer lugar, deja fuera a todas las familias que están en una vivienda protegida porque sus ingresos son bajos pero no tienen derecho a subvención (estamos hablando de perceptores de renta garantizada, trabajadores/as con sueldos bajos, pensionistas). Alrededor del 25% de las familias. Decenas de familias navarras que se van a ir a la calle porque en estos casos, el fondo buitre va a poder fijar el precio de alquiler que quiera, y ya anunció que el precio iba a subir a los 800 euros o más, lo que supone en muchas casos más de 300 euros de subida. En cuanto a las familias a las que sí se les va a aplicar este tope de 650 €, esta medida aunque positiva, les va a suponer un incremento en la renta mensual de entre el 25% y hasta el 100%”, han dicho.

“Tenemos que tener en cuenta que son familias que se encuentran en vivienda protegida, alguno con derecho a subvención (insistimos, perceptores de renta garantizada, trabajadores/as con sueldos bajos, pensionistas), por tanto un incremento así les supone un gran perjuicio, imposible de asumir en la mayor parte de los casos. Además de lo dicho, tenemos que incidir que el fondo buitre pretende que sean los/as inquilinos/as quiénes paguen la contribución y los gastos de comunidad”.

Por lo tanto, cosideran el acuerdo “insuficiente” y piden al Parlamento que “legisle de forma solidaria reconociendo de una vez la vivienda como un derecho y asumiendo la situación real de emergencia habitacional para un importante porcentaje de las familias navarras”.

“Tengamos memoria y sepamos que todo esto comenzó con una legislación que permitía transformar suelo y vivienda pública en privada, continuó con la firma de convenios opacos con promotoras-constructoras, se acentuó con la renuncia a ejercer el derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración, y ha culminado con el enriquecimiento de fondos buitre a costa de todos los navarros y navarras”, han denunciado.

Por eso, instan al Gobierno de Navarra a retomar las negociaciones “para intentar cerrar un acuerdo que permita que las todas familias se queden en sus casas pagando un alquiler similar al que pagan actualmente”.