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Frente a la fuerte subida de precios que se ha tratado de justificar como algo coyuntural o consecuencia de la guerra en Ucrania, la Carta Social recuerda que el 70% de la subida de precios se había producido antes del conflicto entre Rusia y Ucrania y que la inflación es estructural “ya sea por la especulación propia del sistema capitalista o por el sistema de fijación de los precios de la electricidad”.

“Miles de trabajadores y trabajadoras, pensionistas o perceptores y perceptoras de prestaciones, especialmente mujeres, jóvenes y las personas migrantes obtienen actualmente unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, los poderes económicos y políticos quieren seguir extendiendo la pobreza, y que la riqueza se acumule cada vez en menos manos y, por lo tanto, empobreciendo aún más a la mayoría de la población, atacando el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras y ciudadanos y ciudadanas. Por si fuera poco, ahora algunos quieren centrar el debate en la rebaja de impuestos. Con menos recaudación, ¿cómo piensan pagar los servicios públicos? Están derribando el sistema público y su intención es reducirlo aún más”, denuncian desde la Carta de los Derechos Sociales, que anima a la ciudadanía a movilizarse “para darle la vuelta a esta situación”.

“Queremos defender el poder adquisitivo de salarios, pensiones y prestaciones sociales. Para garantizar una vida digna hay que repartir la riqueza. Para poner en el centro la vida y el planeta de los trabajadores y trabajadoras necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo, reivindicamos una transición ecológica justa”, han declarado en la rueda de prensa ofrecida hoy para convocar las movilizaciones del 26 de mayo.

La pobreza energética ha alcanzado a amplias capas de la sociedad, y por ello consideran que “ya es hora de tomar medidas estructurales para controlar las empresas energéticas” y que se apruebe “una reforma fiscal progresiva para que la crisis la pague el capital y no la mayoría social”. “Es hora de desarrollar servicios públicos, garantizar derechos sociales básicos como la sanidad, la educación, los cuidados o la vivienda. Es hora de desarrollar herramientas para trabajar y decidir en Euskal Herria”, han subrayado.

Las reivindicaciones de las manifestaciones del próximo 26 de mayo se resumen en la exigencia de tomar medidas para mantener el poder adquisitivo de los y las trabajadoras (subida de salarios y pensiones, control y limitación de los precios dela energía), garantizar el derecho a la energía (publificación, control público y social del sector energético), defensa de los servicios públicos garantizando su calidad y su carácter público y universal, ampliar el sistema de protección social ( garantizango el acceso universal a una vivienda, reforzar el sistema público de pensiones, renta básica), apuesta por el reparto de la riqueza (reforma fiscal con un aumento de los impuestos por beneficios, riqueza y rentas altas de las empresas) y avanzar en la soberanía (control de los sectores estratégicos y la asunción de competencias para regular el mercado laboral, fomentar la soberanía alimentaria, energética…)