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¿Decís que se está produciendo una ofensiva capitalista, en qué os basáis y cómo se traduce esta ofensiva en el ámbito del derecho a la vivienda?

Cuando hablamos de ofensiva capitalista nos referimos a que la crisis capitalista se ha convertido en un estado permanente en el modo de producción capitalista; podríamos decir que hemos pasado de los ciclos de crisis capitalistas al capitalismo de crisis. Cuando hablamos de crisis estemos hablando de búsqueda de nuevas fronteras de acumulación por parte del capital, aumento de las ganancias de la burguesía, pauperización de la clase trabajadora y empeoramiento de nuestras condiciones de vida y consecuente restricción de los derechos políticos.

Lo que hoy está en crisis es el metabolismo social capitalista, no sólo uno u otro aspecto. De allí que hoy en día la crisis capitalista se decline como crisis económica, crisis ecológica, ofensiva imperialista, crisis de cuidados etc. Y la ofensiva capitalista se da en toda y cada una de estas manifestaciones de la crisis: pauperización de la clase trabajadora, mediante la inflación, el aumento de los precios de las necesidades básicas, el paro (disciplinamiento del ejército industrial de reserva)…; mercantilización de los recursos y de la naturaleza; guerra imperialista y desposesión de los pueblos; sobre-explotación de las mujeres migrantes…

Y, evidentemente, la cuestión de la vivienda es central en la crisis actual, siendo esta, desde hace décadas, un campo de acumulación de capital (y, por lo tanto, de la ofensiva capitalista). Tras el estallido financiero del 2008 que afectó en gran medida al régimen especulador-hipotecario, el mercado inmobiliario supo renovarse a través de la restructuración y el rescate de la banca. La SAREB, el banco malo, compró muchas de las viviendas que después del 2008 tenían poca salida. Las SOCIMI, empresas que se encargan de gestionar activos inmobiliarios, y los fondos de inversión popularmente conocidos como fondos buitre, se introdujeron en el mercado de la vivienda convirtiéndose en la actualidad en los mayores caseros del estado. Muchas familias trabajadoras fueron desahuciadas y excluidas de la vivienda en propiedad y engrosaron las filas de la vivienda en régimen de alquiler.
Los cambios legislativos previos en materia de alquiler habían desprotegido completamente a las inquilinas. La ley de arrendamientos urbanos de 1994, mantuvo la eliminación de las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler y la ley del 2013 disminuyó la duración de los contratos de arrendamiento de 5 a 3 años. Además, la creciente especialización de las economías de nuestras ciudades en el turismo ha reconvertido miles de viviendas habituales en viviendas temporales. Esta situación ha favorecido el interés de los inversores en comprar vivienda para destinarla al mercado del alquiler. Esto junto con lo que hoy se denomina rentismo popular ha reactivado el mercado de la vivienda en alquiler. La vivienda se convierte en una mercancía con la que generar beneficio mediante la sangría económica en hogares con menos rentas para ir a parar a fondos de inversión, empresas u hogares con rentas más altas. Reflejo este del fuerte antagonismo de clase que existe en el conflicto de la vivienda.

Esto a efectos prácticos, se traduce en imposibilidad de acceso y mantenimiento de la vivienda, especialmente para aquellas capas sociales más empobrecidas. Una de las manifestaciones más crudas de esta situación son los desahucios: algunos de ellos ordenados por un juez tras largos procesos judiciales, y otros en cambio ejecutados de forma ilegal o encubiertos. Es decir, personas forzadas a abandonar sus viviendas y sus barrios por no poder hacer frente al encarecimiento de los precios; personas que antes de que llegue la fecha de desahucio se ven forzadas a aceptar alternativas miserables (generalmente precarias y temporales) dadas por las instituciones o aquellas que no soportan la presión de los caseros que las acosan mediante amenazas y presiones.

Evidentemente, los desahucios, desplazamiento de vecinas, aumento desorbitado de los precios… son únicamente algunas manifestaciones de la compleja problemática de la vivienda, convertida en una mercancía más. Cuando hablamos de la vivienda como mercancía queremos subrayar que el problema de la vivienda en el modo de producción capitalista no se limita a la especulación, sino que radica en el fundamento de esta: la propiedad privada. Es decir, el problema de la vivienda no es el aumento de su precio sino que la vivienda tenga un precio.

De ahí que la solución a este problema no vendrá de reformas o parches institucionales, sino que tiene que apuntar a la desmercantilización total de la vivienda y a la abolición de la propiedad privada. Y por lo tanto, a la superación del modo de producción capitalista. De ahí que entendemos que el nuevo ciclo de lucha por la vivienda en Euskal Herria que se está materializando en forma de sindicatos de vivienda tiene que apuntar a la articulación con otras luchas, contribuyendo de esta forma a la recomposición la lucha de clases y de liberación en Euskal Herria.

¿En la actualidad, y más en concreto en Iruñerria y Nafarroa, cuales son los principales puntos de tensión que habéis detectado?

Los diferentes puntos de tensión respecto a la problemática de vivienda en EH y con los cuales los diferentes sindicatos de la red nos hemos encontrado varían según el territorio pero mantienen elementos en común. El principal problema, como se ha mencionado, es el acceso y el mantenimiento de la vivienda, derivados de la especulación, mercantilización de la vivienda y del encarecimiento del coste de la vida de la clase trabajadora. Según el territorio esto puede variar. Las zonas donde se han dado procesos de turistificación y de gentrificación, el alza de los precios y la expulsión de las capas sociales más bajas han sido la norma.

Respecto a los responsables, tenemos diferentes caras del problema de la vivienda: una de las caras más visibles es la de los fondos de inversión, actores especulativos que ejemplifica la relación entre especulación inmobiliaria y financiera (convirtiendo la vivienda en parte de sus “activos financieros”). Su modus operandi es conocido: comprar paquetes de bloques de viviendas a precio rebajado (muchos de ellos provenientes del parque público), para luego subir el precio de estos y especular; lo que ha conllevado que muchas vecinas no pudieran asumir el nuevo precio y se tuvieran que marchar (sea por desahucio, sea por los anteriormente citados desahucios encubiertos).

Pero hay otros actores más invisibles que tienen un papel fundamental en el problema de la vivienda: estamos hablando del que se ha denominado rentismo popular; es decir, esos pequeños, medianos y grandes tenedores que en los últimos años han adquirido viviendas para especular con ellas y tener una sobre-renta. Vemos como en nuestros barrios y pueblos este fenómeno no es nada marginal y, además, queremos subrayar la mayor dificultad para luchar contra un “especulador de cercanía” (es mucho más fácil movilizar solidaridad y empatía en el caso de una familia desahuciada por Blackstone, fondo buitre con miles de millones de activos inmobiliarios, que por ese vecino de Errotxapea, que vive en el barrio, siempre saluda y potea en nuestros mismos bares).

Finalmente, queremos subrayar el papel como parte activa del problema de la vivienda de las instituciones públicas, a todos los niveles: leyes y ordenanzas que ponen la alfombra roja a los especuladores; ejecución de desahucios y falta de alternativas habitacionales dignas; criminalización de la pobreza y gestión de la miseria; y papel activo en la gestión especulativa de la vivienda, como demuestra la gestión del parque público (poca oferta, falta de transparencia, trapicheos con los fondos de inversión, pisos vacíos con puertas anti-okupa, desahucios y listas negras…).

En concreto en Iruña y Nafarroa, nos encontramos en la actualidad en un ciclo alcista de los precios del alquiler. En Iruña, el precio del alquiler ha aumentado un 32% en los últimos 5 años llegando a su máximo histórico en diciembre de 2021 (9.86€/m²). Según un estudio realizado por ELA, en Navarra hay 25000 viviendas vacías y solo el 0.4% de las viviendas principales en Navarra es en régimen de alquiler social. En Iruña, muchas viviendas salen del mercado de la residencia para introducirse en el mercado del turismo. Se ha incrementado el número de viviendas en portales como Airbnb o vemos cómo cada vez emergen más bloques de apartamentos turísticos (Calle Pozo Blanco, Dormitalería, Zapatería) o de hotelería (San Gregorio). Un reciente estudio elaborado por AZ Ekimena (red comunitaria del barrio) indicaba que, en diciembre de 2022, había oficialmente 229 apartamentos turísticos con un aumento considerable de las inscripciones a partir de 2017. En el caso de fondos buitre, Testa Residencial (SOCIMI – sociedad de inversión inmobiliaria) también se ha asentado en Navarra, que son además viviendas adquiridas como VPO y que han pasado al mercado libre. Vemos la influencia de estos fondos de inversión no solo en las viviendas sino también en las residencias y en distintos recursos relacionados con la dependencia y con los cuidados. Predominan en los barrios de la Rochapea, Buztintxuri, Sanduzelai y Etxabakoitz donde el Sindicato de Vivienda de Haritu tiene un conflicto abierto en el barrio de Buztintxuri con varios bloques de vecinas en contra de los precios abusivos, desahucios y desperfectos no arreglados por Testa. En el caso del rentismo popular, según el informe de ELA, en Navarra las viviendas en propiedad suponen un 87,5% frente al 12,5% en alquiler, aunque el porcentaje de las personas que vivimos de alquiler se incrementa hasta el 52.7% en el caso de las personas menores de 45 años. En el Sindicato no han sido pocos los problemas derivados de pequeños y medianos rentistas que intentan maximizar y mantener sus beneficios.

 ¿Qué medidas créeis que se deberían de adoptar para garantizar el derecho a la vivienda de toda la población?

Como hemos mencionado anteriormente el derecho a la vivienda no puede garantizarse de forma universal bajo este modo de producción y la razón radica en que mientras la vivienda sea una mercancía nunca podrá ser para todas, es decir, nunca podrá ser un derecho. Ya lo decía Marx, entre dos derechos antagónicos entre sí, lo que decide es la fuerza. Es decir, cuando dos derechos colisionan, en este caso el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, es la correlación de fuerzas la que va hacer que un derecho prevalezca sobre el otro.

Las diferentes medidas tomadas por las instituciones para tratar de frenar las consecuencias de esta ofensiva, no han sido más que migajas y parches, como la moratoria anti-desahucios puesta en marcha durante la pandemia (la cual ni tan siquiera ha sido garante de paralización de todos los desahucios). Lo mismo con aquellas “mejoras” contempladas en la nueva la ley de vivienda, como la cuestión de los honorarios o la prohibición de los desahucios en abierto. Medidas parciales que no han conseguido de poner frenos a los procesos de gentrificación, a la subida de los precios y a la paralización la totalidad de los desahucios que se ejecutan. Además, estas medidas tienen como efecto último la perpetuación del problema de la vivienda y la desmovilización de los sectores más proletarizados.

Somos conscientes de que ciertas mejoras relativas en materia de vivienda efectuadas por las instituciones pueden paliar algunas de las situaciones de la problemática habitacional. Pero las promovidas hasta ahora no han sido reales ni efectivas. Entendemos que una limitación real a los precios de los alquileres, que las casas vacías existentes pasen a formar parte de una alternativa habitacional real para familias desahuciadas y personas en situación de calle, que se garantice el padrón para todas las personas, la suspensión total de los desahucios… sí serían medidas que mejorarían relativa pero realmente la vida de la clase trabajadora. Pero somos conscientes de que desde las instituciones no nos regalarán nada, y menos nos otorgarán derechos que chocan frontalmente con el derecho a la especulación y a la propiedad privada. En este sentido, solo mediante la lucha y la organización de clase podremos conseguir avances en el campo del derecho a la vivienda, arrebatando derechos a la clase burguesa y ganándolos para nuestra clase.

De todas formas entendemos que el plano del derecho siempre será un plano hostil para nosotras, ya que forma parte de las herramientas del enemigo. Por lo que la consecución de derechos concretos no es el objetivo último de nuestras luchas sino una de las consecuencias de las mismas. En este sentido apostamos por la creación y construcción de poder popular, por dotar de herramientas de autodefensa y organizativas a nuestra clase y por la construcción de comunidad política.

¿Los sindicatos de inquilinos, los movimientos anti-desahucios, las plataformas por la vivienda o las redes de autodefensa y solidaridad qué deberían de hacer para enfrentar lo que se nos viene encima?

Por un lado creemos que el desarrollo de herramientas de autodefensa para hacer frente a este tipo de problemáticas es necesario. Las cuales nos permitan organizarnos a las vecinas de clase trabajadora en nuestros barrios y pueblos, y hacer frente a las diferentes expresiones del capital que se dan en los mismos. Al fin y al cabo, territorializar y organizar la lucha de clases en diferentes frentes. Y por otro lado, estamos convencidas de que este tipo de espacios tienen potencialidad para atraer y aglutinar a todos esos sujetos que por diferentes circunstancias han estado alejadas de nuestras luchas, por ejemplo, personas que trabajan en sectores determinados, compañeras migradas en situación irregular, mujeres que trabajan en el sector de los cuidados (sea de forma asalariada o no), etc. Por lo que creemos que es necesario que tanto los sindicatos de vivienda como las estructuras que has mencionado trabajen en este sentido, tratando de organizar y articular a las desposeídas en torno a la lucha por esas necesidades materiales de las que son cada vez más y más desposeídas.

En ese sentido, entendemos que tanto los sindicatos de vivienda como el resto de estructuras y expresiones de la lucha por la vivienda que has citado, pueden ser herramientas para la toma de conciencia y organización de clase, hacia la construcción de una comunidad política. Y cuando hablamos de comunidad política no hablamos de pequeños núcleos autorreferenciales ni de ghettos militantes, sino de reconstruir esos vínculos de solidaridad y comunidad que son la base “subjetiva” de la lucha de clases.

La apuesta de los sindicatos de la Red y de la propia Red es trabajar en esa dirección. Y en los II. encuentros celebrados en Amarauna de Ziordia lo hemos dejado claro ¡Hagamos frente a la galerna!