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La dispersión y el sufrimiento que genera no hace distinciones, ni entre hombres y mujeres, ni tampoco por cuestiones de edad. Y sin duda alguna, las consecuencias para los y las menores, son aún más graves.

Etxerat situa en torno a 1000 los niños y menores afectados en este momento por la política de dispersión de los y las presas políticas vascas, aunque esta cifra aumenta considerablemente si se tienen en cuenta los menores que en los 27 años de vigencia de esta política penitenciaria han sufrido el alejamiento y sus consecuencias. En este sentido podrían ser más de 5000 las personas afectadas.

En un informe de la asociación de familiares y amigos de los y las represaliadas reunidas en el EPPK, se recoge una realidad muy poco conocida: la de los hijos, hijas, hermanos, sobrinos o nietos de las presas y presos políticos vascos, que tratan ahora de acercar a la sociedad vasca.

“Es la realidad de una infancia sometida a unas medidas de excepción que condiciona su vida, su desarrollo, su afectividad y su futuro. La de unos niños y niñas que no conocen otro escenario que el que les enfrenta cada fin de semana a largos viajes que ponen en riesgo su vida, a detectores y cacheos; a arbitrariedades que les dejan sin la esperada visita después de recorrer cientos de kilómetros. Es la infancia de niñas y niños que tienen intervenidas todas las cartas con sus familiares encarcelados, que ven grabadas todas sus visitas, que saben violada su intimidad. Para la política de dispersión, no existen los derechos de la infancia, porque para la política de dispersión, no existen los derechos”, han denunciado hoy en la presentación del informe.

Etxerat ha iniciado ya algunos contactos con las instituciones vascas, a las que anima a tomar cartas en el asunto, pues creen que su responsabilidad “es ineludible cuando entran en juego los derechos humanos, pero lo es mucho más cuando se trata de los derechos de la infancia”.