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Las trabajadoras de la residencia de Kaseda están viviendo una situación verdaderamente alarmante. Sin haber cobrado la nómina de febrero, han visto cómo la empresa que hasta ahora gestionaba la residencia abandona el centro provocando una incentidumbre sobre qué ocurrirá en el futuro.

Para el sindicato LAB, que venía realizando movilizaciones con las trabajadoras del centro en defensa de un convenio y unas condiciones laborales justas, el caso de esta residencia “representa con claridad la lógica de negocio que impera en la residencias navarras”, donde el Gobierno foral defiende la actual colaboración pública-privada en la gestión “posibilitando este tipo de prácticas, que sitúa la avaricia empresarial por encima de la salud de las personas mayores y por encima de las condiciones laborales de las trabajadoras”. LAB denuncia que sea ahora, cuando se negocia el convenio colectivo, cuando sus gestore “huyen, abandonan a las personas usuarias y a las trabajadoras a su suerte, con el único fin de garantizar sus beneficios”.

Desde el sindicato LAB piden al Gobierno “una reflexión urgente” y contribuir “a la dignificación de las condiciones de las miles de trabajadoras de este secto” en vez de apostar “por un modelo que ya sabemos qué consecuencias tiene, que pone en riesgo la vida de las personas mayores y condena a la precariedad a miles de mujeres trabajadoras”.

Movilizaciones en defensa de un convenio justo

En el verano de 2020 se retomó la negociación del convenio de empresa en la residencia de mayores de Kaseda, cuya vigencia había finalizado en el año 2014. No hubo acuerdo y las trabajadoras se plantaron. La situación económica era favorable, sus peticiones eran totalmente asumibles y estaban hartas de ser ninguneadas.

Anteriormente, las trabajadoras habían asumido una bajada salarial de 50 euros para garantizar el servicio a las personas usuarias, pero la dirección de la residencia se negaba a que recuperasen ese dinero. Mientras, mantenían sus altos cargos y salarios. “Hablamos de una residencia de 50 personas usuarias y 24 personas trabajadoras, ¿es normal que para la gestión de una residencia tan pequeña, haya una directora, un gerente y una gobernanta?”, se preguntan en LAB.

Tras denunciar esta situación, el gerente encargado de las negociaciones por parte de la empresa, fue destinado a un nuevo puesto de trabajo como gerente en la empresa Orpea, que dirige una residencia de Logroño. Y mes y medio después de que el gerente abandonara la empresa, la gobernanta comunicaba al Ayuntamiento de Kaseda que en el plazo de 15 días dejaba la gestión de la residencia.

“Lo curioso y alarmante es que por parte del Ayuntamiento se les haya permitido huir de esta manera, sin justificar motivos de carácter de urgencia para hacerlo, sin reclamarles ni siquiera los salarios de las trabajadoras del mes de febrero. Para sustituirlos, han realizado un proceso de adjudicación de la gestión de la residencia a otra empresa utilizando un proceder que plantea muchas dudas en cuanto a plazos, formas y adjudicación del servicio a una empresa que a día de hoy está sin constituir”, informa LAB.

Impagos y nóminas sin cobrar
La situación en la residencia es alarmante, puesto que las trabajadoras aún no han cobrado su nómina de febrero, hay falta de alimentos, amenazan con cortar la luz por impagos, los proveedores se quejan porque tampoco cobran…

Frente a este panorama, LAB recuerda que  actualmente la residencia cuenta, gracias a una gran inversión del Ayuntamiento, con una planta nueva que dio posibilidad a incrementar las plazas, plazas que actualmente están cubiertas en su totalidad y hay gente en listas de espera. Sin embargo, la residencia no cuenta con plazas concertadas “porque les sale más rentable que sean privadas”, pese a tener obligación de tenerlas por estar establecido así en el contrato con el Ayuntamiento.

LAB aboga porque sea el Ayuntamiento el que gestione de forma directa este servicio. “Sólo si la gestión es pública, la calidad del servicio y las condiciones laborales de las trabajadoras están por encima de todo. Mantener la colaboración público–privada que ha ocasionado este desastre es responsabilidad del Ayuntamiento y el Gobierno”, critica LAB, que pide “un modelo público que ponga en el centro nuestras vidas”.