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Como ha señalado la comunidad científica, se requieren cambios radicales e inmediatos. Y ello conlleva una enmienda a la totalidad de las políticas públicas que se aplican.

Las instituciones de Hego Euskal Herria vienen aplicando las políticas que nos han llevado a la actual emergencia climática. Han favorecido el desarrollo de las energías fósiles como base del sistema energético, priorizando los intereses de las empresas privadas y la privatización de las empresas públicas; han puesto por delante el enriquecimiento de una minoría a costa del erario público (y de nuestros impuestos) impulsando la construcción de infraestructuras inútiles como el TAV o el desarrollo de actividades perjudiciales para la salud y el medio ambiente (como la incineración); favorecen un modelo de movilidad individual en detrimento del transporte colectivo, con una extensión de los grandes centros comerciales que incrementa la demanda de ESE transporte individual; se niegan a impulsar el cambio radical que se debe dar en el sector industrial, prefiriendo perpetuar el actual modelo, que va a tener que someterse a una profunda transformación.

Ante todo esto, ELA considera que es urgente actuar ante la emergencia climática y la crisis social y ecológica que afrontamos, para poner la vida en el centro en lugar de primar los intereses del capital. Los gobiernos de la CAPV y Nafarroa tienen suficientes competencias para reducir de manera drástica las emisiones que generan el cambio climático. Es cuestión de voluntad. Para ello, y de manera urgente, y como un primer paso, las instituciones de Hego Euskal Herria deben tomar las siguientes medidas:

1. Recuperar la soberanía en el sector energético e impulsar una transición energética justa social y medioambientalmente. Ello requiere:

a) Poner en manos públicas el sector energético, para que las decisiones en este sector estratégico respondan a los intereses de las personas y del planeta.

b) Liderar y financiar proyectos locales de generación de energía renovable, para encaminarnos a un modelo 100% renovable. En todo caso, se tiene que producir una reducción del consumo energético.

c) Rechazar proyectos basados en las energías fósiles.

d) Destinar en los presupuestos el 2% del PIB (1.400 millones en la CAPV y 400 millones en Nafarroa) a la financiación de la transición energética.

2. Impulsar una política industrial transformadora para una transición ecológica y social, que tome como eje los sectores sostenibles.

a) Identificar los sectores sostenibles del futuro y basar en ellos la política industrial. Impulsar la creación de empleo verde en estos sectores sostenibles: energía, construcción sostenible, trasporte eléctrico colectivo, gestión de residuos sostenible, investigación,…

b) Rechazar los sectores contaminantes de la industria y endurecer la normativa ambiental castigando las actividades contaminantes. Impulsar la reconversión industrial, garantizando el empleo y que los puestos de trabajo sean de calidad.

c) Priorizar la economía circular. Dejar de despilfarrar materiales y gestionar los residuos industriales de manera sostenible, introduciéndolos de nuevo en la cadena de producción. Hacer esto ya es posible pero es necesaria una legislación que obligue a la industria.

e) Gestionar los residuos urbanos de manera sostenible. Establecer una normativa estricta para reducir la generación de residuos, prohibiendo los materiales que no se pueden reciclar, obligando a reciclar el resto de materiales y prohibiendo la incineración.

3. Dejar de lado inmediatamente las grandes infraestructuras que generan cambio climático: incineradoras, centrales basadas en energías fósiles, TAV,,…

4. Reducir la movilidad.

a) Tomar medidas para transitar de un mercado global, que genera una movilidad exagerada, a un mercado de cercanía. Tanto en el sector industrial, en el de servicios, y en el de alimentos.

b) Reducir la movilidad de las mercancías, tanto por carretera como el tráfico aéreo. Es una cuestión clave para la reducción de gases de efecto invernadero y conseguir que el calentamiento global no supere el límite de 1,5 grados.

c) El transporte público debe convertirse en la mejor opción para la ciudadanía, y para ellos las instituciones deben desarrollar una red de transporte que sea realmente un servicio público que responde a las necesidades de las personas.

d) Se debe electrificar el transporte público para que sea cero-emisiones (100% de autobuses eléctricos, mejorar el sistema ferroviario interurbano,…).

5. Priorizar la soberanía alimentaria.

a)Impulsar la alimentación y la agricultura ecológica y priorizar los productos locales. Desarrollar las diferentes políticas que están en manos de las instituciones basándose en el principio “local y ecológico”: política agraria, política industrial, política de comedores (escolares, hospitales, residencias,…) y política de transportes.

6. Incrementar de manera notable los presupuestos públicos destinados a desarrollar estas políticas

a) Solo la transición energética requiere de un presupuesto equivalente al 2% del PIB durante varias décadas (lo que equivale a 1.400 millones anuales en la CAPV y a 400 en Navarra). El resto de apartados también requiere fuertes dotaciones presupuestarias.

b) También es necesario un fuerte aumento de los presupuestos destinados a sectores socialmente deseables (como la sanidad, la educación o los servicios sociales). Se debe dar marcha atrás en los recortes, se deben reconocer nuevos derechos, y desarrollar unos servicios públicos de calidad). También hay que aumentar las partidas destinadas a las prestaciones sociales y reconocer el derecho a acceder a una vivienda, para garantizar poder llevar a cabo una vida que merezca la pena ser vivida.

c) Esto requiere un cambio radical en la política fiscal, en la línea que viene demandando ELA, para atajar el fraude fiscal en las rentas no salariales y dar marcha atrás en los fuertes recortes de impuestos aprobados en las últimas décadas a las rentas altas, a las empresas y al capital.

d) Esta línea de trabajo presupuestaria es incompatible con las reglas de la gobernanza europea y con la regla de gasto establecida en el estado español. Es por ello que las instituciones vascas deben romper con ellas, priorizando las necesidades sociales y ecológicas.