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El documento publicado por el sindicato ELA refleja una radiografía "muy preocupante que nos tiene que llevar a transformar la indignación en acción sindical y en movilización". La 'Crónica Negra de la Administración Pública de Navarra' analiza individualmente todos los ámbitos laborales del Gobierno de Navarra y recoge los testimonios en primera persona de una docena de militantes de ELA. "El diagnóstico es claro: somos 1.400 empleados públicos/as menos que hace tres años, nos han recortado salario y condiciones laborales, y el servicio se ha degradado", dicen desde el sindicato abertzale.

ELA acusa al Gobierno de UPN de querer hacer creer a la ciudadanía "que lo público es ineficiente y costoso" para luego privatizarlo. En opinión de ELA, es una falacia que lo privado sea más competitivo y barato, y creen que tratan de "trocear la Administración para ir adjudicándosela a empresarios afines".

Ese "empeño privatizador" ha conocido un nuevo impulso en los últimos meses. Desde 2008, el Plan Moderna, a través de una fundación privada, diseña un nuevo modelo de desarrollo económico para Navarra, que definirá las líneas estratégicas de carácter general, sectorial y territorial a seguir durante las próximas décadas. En este Plan participan, como en el recientemente creado Consejo del Diálogo Social, UGT, CCOO y la patronal CEN. Los dos sindicatos son minoría en las Administraciones Públicas de Navarra, pero pese a ello, se les encomienda “el conocimiento previo de las actuaciones normativas y de otras actuaciones de especial relevancia de la Admnistración” y  les asigna como ámbito de intervención “entidades y organismos públicos integrados en la Administración del Gobierno de Navarra que tengan atribuidas competencias en materias de carácter laboral, social o económico”.

Este Consejo de Diálogo Social "invade" competencias sindicales ajenas y se atribuye una representatividad "que los trabajadores/as no les han otorgado, ni a UGT ni a CCOO, ni mucho menos a la CEN".

El pasado 26 de noviembre, el Gobierno de Navarra presentó un extenso documento titulado “SIGE: Sistema General de Gestión”, supuestamente elaborado por decenas de expertos durante tres años, aunque los sindicatos solo tuvieron tres semanas para aportar sugerencias a un texto que “no es negociable”. El SIGE emplea los patrones analíticos de la empresa privada, con la implantación de sistemas de certificación de la calidad. Dicho doumento está plagado de generalidades y conceptos abstractos, y sólo concreta en cuestiones bien conocidas para los y las empleadas públicas: gestión de personas con movilidad geográfica, flexibilidad y dimensionamiento de recursos. Según ELA, "justificación para más recortes".

Además, este sistema será evaluado "por un órgano de composición antidemocrática", la Comisión Foral de Evaluación, a la que solo están convocados UGT y CCOO. ELA advierte de que estas iniciativas solo acarrean "una mayor burocratización y asumen la competitividad como un objetivo, algo que ha tenido pésimas consecuencias allá donde se ha implantado".

"La Administración Pública debe ser solidaria y competente, pero no competitiva, ni debe rebajarse a asumir certificaciones como el EFQM, que solo suponen un negocio para las empresas que asesoran, forman, evalúan y auditan estos programas. Vendrán desde fuera a examinarnos, y a llevarse los fondos públicos", asegura ELA.

Por eso, el sindicato avanza que no participará en ningún diagnóstico ni plan para las Administraciones Públicas "si no se afronta un cambio desde la raíz y con una participación sin exclusiones". Además, ELA reitera su compromiso por mejorar los servicios públicos, "pero no para competir con nadie, sino porque es un principio irrenunciable para una sociedad más justa".