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El pasado 22 de noviembre, la Comisión de Trabajo, inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso avaló la primera parte de la reforma del Sistema Público de Pensiones con los votos del PSOE, Podemos, ERC, Compromis, PNV, la abstención de EH Bildu y los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos y la CUP. Al proyecto de Ley se incorporan enmiendas que una vez votadas en la comisión serán refrendadas en el pleno del Congreso del próximo día 2 de diciembre.

La primera de las enmiendas que se incorporan al Proyecto de Ley hace referencia al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que si bien tiene la virtud de incrementar los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, según el movimiento pensionista “no garantiza la financiación suficiente del Sistema Público de Pensiones” y creen que no ofrece garantías de que no habrá recortes. “Hemos conseguido que el Factor de Sostenibilidad en los términos desarrollados en la reforma de 2013 no sea de aplicación, pero continua en vigor la reforma de 2011 de la que procede y el incremento de la esperanza de vida y las condiciones económicas sigan siendo excusas para bajar las pensiones”, denuncian.

Además del MEI, algunas de las enmiendas planteadas principalmente por ERC y EH Bildu han sido parcialmente tomadas en consideración. Por ejemplo, la relativa a la pensión de viudedad y parejas de hecho, a quienes se incorporan como perceptoras de la pensión de viudedad. Por otro lado, también se incorpora la pensión para las personas con discapacidad.

También se plantea una compensación a las personas pensionistas jubiladas anticipadamente con 44 años y 6 meses de cotización o con 40 años o más cotizados cuyas pensiones sean inferiores a 900 euros. Sin embargo, el movimiento pensionista califica esta medida de “cosmética” y  certifica que su reivindicación de jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados “queda definitivamente excluida del Proyecto de Ley”.

También se acuerda “revisar los criterios para determinar la cuantía de la suficiencia de la pensión mínima” en el marco del dialogo social con el fin de garantizar su suficiencia, pero el movimiento pensionista desconfía de esta medida en cuanto que incorpora en el devenir de las Pensiones Mínimas la sostenibilidad financiera del sistema, por lo que creen que estas pensiones seguirán siendo “miserables”.

En cuanto a la auditoria de la Seguridad Social, se fija el compromiso del Gobierno central de presentar en el plazo de un mes la elaboración de un informe para evaluar en el periodo 1967 a 2019 los gastos ajenos a las pensiones contributivas. Los pensionistas se muestran de acuerdo con ello, pero piden que de inmediato se compense a la Caja de la Seguridad Social de los gastos correspondientes al Gobierno pagados por ella, según indica el informe del Tribunal de Cuentas. “Sin el compromiso expreso de devolución de esos gastos para compensar las posibles desviaciones financieras del sistema esta enmienda será papel mojado”, sentencian.

En definitiva, el Movimiento Pensionista cree que las enmiendas aceptadas en la Comisión del Congreso “no alteran la naturaleza de una reforma que se convierte en una ocasión perdida para garantizar el Sistema Público de Pensiones y Pensiones Públicas Dignas Justas y Suficientes”, y que “ratifica los recortes vigentes, fomenta la privatización del SPP y abre la puerta a otros nuevos”.

Es más, creen que el Proyecto de Ley “consolida los recortes aprobados en 2011, aumentando la jubilación hasta los 67 años, pasando de 15 a 25 años el periodo de cálculo, aumentando a 37 los años de cotización para cobrar la pensión completa, y preparándonos para nuevos recortes”. A juicio del movimiento pensionista se trata de una reforma “que perpetua pensiones mínimas miserables muy por debajo de los 1.080 euros mes que demandamos, que no toma medidas contra la brecha de género, que mantiene las penalizaciones a trabajadores con carreras de cotización de más de 40 años que se vieron forzados a jubilarse anticipadamente, y que no solo penaliza la jubilación anticipada, si no que incentiva el seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, cuando cuatro de cada diez jóvenes no puede acceder a un empleo”. Recuerdan además de que esta reforma “ni siquiera garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”.

Para finalizar, el Movimiento pensionista recalca que este Proyecto de Ley “consolida el deterioro del Sistema Público de Pensiones con el objetivo de reducirlo a un nivel asistencial y favorecer así los Sistemas Privados de Pensiones”, y llama a salir a la calle el próximo lunes, cuando se realizarán movilizaciones en las plazas de pueblos y ciudades y ante las delegaciones del Gobierno del Estado de las capitales vascas de Hego Euskal Herria.