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En Navarra, el sufrimiento de las mujeres maltratadas o que sufren agresiones sexuales no finaliza con la denuncia, continua y se ve agravada con el trato que recibe en ciertas instancias o instituciones (la llamada victimización secundaria). Tal vez ésta sea la razón de que 30% de las denuncias interpuestas sean luego retiradas, siendo la tasa más alta de todo el estado. El trato de los profesionales que trabajan con mujeres denunciantes es en general negativo, dejando en evidencia la falta de formación y sensibilización de estos profesionales hacia el tratamiento de la violencia machista, incumpliendo así las normativas impuestas por las leyes actuales tanto del estado como de Navarra.

El trato despectivo utilizado con las mujeres denunciantes, por algunos titulares de Juzgado de Violencia sobre la Mujer y también por fiscales, abogados y policías. La negativa de estos a recoger algunas denuncias, la imputación de mujeres denunciantes que retiran la denuncia para evitar ser juzgadas, los informes psicológicos que valoran a la mujer desde parámetros patriarcales, los archivos rápidos de las causas de agresión sexual y la falta de investigación por parte de los órganos jurisdiccionales, son piezas claves que encajan en el puzzle del porque hay un 30% de denuncias retiradas.

En Navarra, en 10 años se han interpuesto 10.000 denuncias por los tipos penales que introdujo la ley, y se realizaron 956 condenas, es decir 9.046 mujeres no han encontrado la tutela judicial de sus derechos vulnerados. Sin embargo, la denuncia sigue siendo clave para acabar con la violencia hacia las mujeres, pues lo privado se hace público y eso por sí mismo ya es una victoria.

Según el Consejo General del Poder Judicial solo 0’012% de las denuncias son falsas y sin embargo la sospecha de la falsedad se traslada a la mujer desde la primera instancia policial hasta los juzgados.

No parece que desde las instituciones quieran cambiar las cosas, y es que el patriarcado les beneficia económicamente y las mujeres debemos seguir siendo objeto de consumo, y debemos producir y consumir. Y así nos quieren, cumpliendo nuestros roles de cuidadoras, porque así se ahorran un buen dinero público que luego acaba en bolsillos privados.

En nuestras escuelas e institutos no se trabaja la violencia estructural sobre la mujer en el currículo académico, y no se interviene adecuadamente en estos casos. Incluso el departamento de educación del Gobierno de Navarra, habla de educar en la diferencia en vez de en la igualdad, con el fin de justificar sus escuelas católicas concertadas que segregan por sexos. Es evidente que buscan seguir generando una distancia insalvable entre hombres y mujeres. No quieren personas liberadas sino que deciden seguir marcando los roles establecidos para unas y otros. Y dentro de esos roles se encuentra la raíz de la violencia hacia las mujeres.